Se supone que ser presidente de una república es haber llegado a la más alta dignidad de una nación. Ocupar el más alto cargo del Estado implica deberes y responsabilidades reservados para la persona a la que un país le entrega su confianza mediante el voto. Si bien un candidato representa a un sector político, una vez elegido presidente pasa a representar a toda la nación y a propender por su bienestar. No lo digo yo, lo dice la Constitución
Política: “Artículo 188. El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y, al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.
En menos de un mes, Colombia despedirá al que fue, sin duda, el presidente que más desconoció este mandato constitucional en la historia democrática reciente. El presidente más indigno que ha tenido el país. Desde el inicio de su gobierno, Gustavo Petro decidió gobernar solo para sus seguidores y desconoció la obligación de ser un mandatario para todos los colombianos, sin importar su identidad política o su origen regional. Petro fue un presidente solo para quienes pensaban como él. Como consecuencia, inició una cruzada contra alcaldes y gobernadores que no lo apoyaron en las urnas y dejó por fuera de inversiones y presupuesto a las regiones cuyos mandatarios no eran afines a su corriente política.
Un ejemplo fue Santander, que quedó por fuera del Conpes 4161 Vías para la Paz, a pesar de ser uno de los departamentos con mayor atraso en infraestructura vial. El Gobierno decidió invertir 15,04 billones de pesos en 20 proyectos viales, entre los que no aparecen obras como la vía Curos-Málaga, la Transversal del Carare o Palenque-Zipaquirá. Ese fue el cobro por la posición abierta del gobernador, general (r) Juvenal Díaz, frente al Gobierno. Pero no fue el único caso. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, abandonó en febrero un acto encabezado por el presidente Petro en Chaparral porque fue excluida del protocolo y no le permitieron intervenir. Matiz había sido una crítica abierta del deterioro de la seguridad derivado de la llamada “paz total”. Su departamento también se quedó sin inversiones.
Lo más grave no fue que el presidente gobernara solo para sus afines, sino el discurso de odio que alimentó contra quienes criticaron su gobierno. Gustavo Petro dividió a Colombia entre petristas y opositores, y convirtió a sus contradictores en enemigos llamándolos nazis, oligarcas, blanquitos, ricos, paramilitares y narcotraficantes. Cruzó la línea del debate político y lo redujo al insulto. Y si el presidente, quien ocupa la más alta dignidad del Estado, estaba autorizado para hacerlo, ¿por qué los demás ciudadanos no? El resultado fue que todos se sintieron con licencia para insultar.
Pero no solo fueron las palabras. Fueron cuatro años de un presidente que se acostumbró a llegar varias horas tarde a los eventos o simplemente a no llegar; a desaparecer por días de la agenda pública y a perderse en viajes de Estado sin que se supiera con certeza por qué. Hoy existen indicios de que esas ausencias obedecían a la compañía de una mujer que hoy se afirma es su amante.
Y aquí viene otra de las indignidades de esta presidencia. Este Gobierno inició con la imagen de Verónica Alcocer como primera dama, junto a los hijos del presidente Petro, y termina con una primera dama desaparecida, un viaje oficial al Vaticano en compañía de la mujer que se dice es su amante y el hijo mayor del presidente señalado de haber participado en actos de corrupción y de haber recibido dineros criminales para financiar la campaña.
Muchos dirán que la aparición del presidente con una nueva pareja sentimental pertenece a su vida privada. Lo sería, siempre y cuando no se siguieran destinando recursos públicos para el despacho y la seguridad de la primera dama, Verónica Alcocer, mientras, al parecer, también se financia con dineros públicos el viaje a Roma de la nueva pareja del presidente. Esto también es un desconocimiento de la institucionalidad y constituye corrupción.
El punto final de la desinstitucionalización y de la afrenta a la dignidad presidencial fue el desconocimiento del resultado de las elecciones presidenciales. La mayoría de los colombianos eligió a Abelardo De La Espriella como presidente, pero el mandatario saliente insiste en alegar un supuesto fraude y en sostener que De La Espriella no es el presidente legítimo de Colombia. ¡Una total desfachatez!
Todo este actuar reitera que Gustavo Petro jamás entendió la dignidad y la responsabilidad de ser presidente de Colombia. Nunca dejó de actuar como un activista político y desperdició la oportunidad de demostrar que la izquierda podía ser una alternativa de gobierno respetuosa de los mandatos constitucionales y de los principios de la democracia. El comunicado del senador Iván Cepeda de este miércoles, en el que afirma que con el gobierno de Abelardo De La Espriella se está conformando un mandato paramilitar ilegítimo, demuestra que no existe intención de avanzar en el respeto por la institucionalidad.
Comienza en pocos días el gobierno de Abelardo De La Espriella. Tiene la tarea de corregir el inmenso déficit fiscal que recibe, denunciar la corrupción que probablemente encontrará en las entidades, reactivar la industria minero-energética, hacer nuevamente atractivo al país para la inversión y, sobre todo, recuperar la dignidad presidencial y la institucionalidad.
Este gobierno debe devolverle la majestad a la Presidencia de la República y el respeto por las instituciones. Hay que volver al cumplimiento de los mandatos constitucionales y al principio de que cuando las normas se violan, hay consecuencias.
Abelardo De La Espriella tiene la responsabilidad de hacer creer nuevamente a un país que no todo vale y que las instituciones están por encima de los hombres y de sus vanidades individuales. Y, por supuesto, gobernar para todos, como lo manda la Constitución.