Las democracias no se ponen a prueba cuando se gana una elección, sino cuando el ganador debe gobernar un país dividido y el perdedor debe aceptar una derrota que no esperaba.
Colombia atraviesa precisamente ese momento.
La izquierda ya mostró sus cartas. Iván Cepeda anunció que no reconocerá al nuevo presidente y convocó a la “desobediencia civil”. Es una grave irresponsabilidad política.
Una democracia soporta la oposición fuerte, la crítica severa y la movilización ciudadana. Lo que no puede normalizar es el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas.
Quienes participan en una elección democrática aceptan de antemano la posibilidad de perderla. Y perdieron. Cuando una fuerza política desconoce las urnas y convoca a la desobediencia, deja de actuar como oposición democrática y comienza a transitar una senda de deslegitimación cuyos efectos pueden salirse de control.
La institucionalidad no se defiende por conveniencia; se defiende siempre, también cuando incomoda.
Y así se reciba un país en ruinas, así existan razones fundadas para cuestionar la gestión del Gobierno saliente y así se tenga la convicción de haber heredado uno de los peores gobiernos de nuestra historia reciente, el empalme y la entrega de la información pública siguen siendo obligaciones legales del Estado colombiano.
La Ley 951 de 2005 no contempla excepciones por diferencias ideológicas ni disputas políticas. Los Gobiernos pasan, el Estado permanece.
Por eso resulta equivocado suspender el empalme. El país necesita conocer con precisión la realidad que recibe el nuevo Gobierno: saber qué se hizo y qué no, cuáles son las obligaciones pendientes, cuál es la situación fiscal, cuáles son los compromisos internacionales y cuál es el verdadero estado de las instituciones.
Cada documento entregado y cada cifra verificada hablarán por sí solos. La transparencia exige información.
Existe, además, una consideración aún más importante: la campaña terminó.
Gobernar es distinto a ganar elecciones, y algunos miembros del equipo vencedor parecen empeñados en mantener una confrontación permanente con Petro. Las investigaciones y cuestionamientos que pesan sobre distintos sectores del Gobierno saliente deberán seguir su curso. Los organismos de control harán su trabajo y los jueces harán el suyo. No corresponde a la política reemplazar a la justicia. Insistir en anuncios de judicialización, alimentar especulaciones sobre eventuales extradiciones o convertir el empalme en un espectáculo de confrontación puede producir exactamente el efecto contrario al que se busca.
Mientras algunos celebran, conviene recordar una realidad elemental: ninguno de los sectores que pasan a la oposición desaparecerá de la vida pública.
El Pacto Histórico seguirá existiendo, con su retórica falsaria y sus organizaciones convertidas en instrumentos de agitación ideológica que buscan movilizar el resentimiento social. Todo esto acompañado por sectores juveniles formados con la idea de que la sociedad les debe respuestas inmediatas a sus frustraciones, como si las generaciones anteriores no hubieran enfrentado también los desafíos de un país marcado por la violencia, la corrupción y la pobreza.
Persisten, además, factores más preocupantes: grupos armados ilegales que acumularon poder territorial durante este Gobierno de la izquierda y que observan cualquier oportunidad –como el cambio de Gobierno– como excusa para generar graves perturbaciones del orden público. Ya hay amenazas de nuevas jornadas de protesta y circulan advertencias sobre acciones de desestabilización, mientras el ambiente político se enrarece día tras día.
Las preguntas son sencillas: ¿qué gana Colombia si se profundiza la confrontación entre el Gobierno entrante y el saliente? ¿Qué gana el nuevo Gobierno si convierte cada semana de transición en una batalla?
La historia política conoce bien a los malos perdedores. Son frecuentes y previsibles. Menos estudiados son los ganadores que confunden el triunfo electoral con licencia para actuar sin prudencia. La victoria puede producir una ilusión de omnipotencia que nubla el juicio. Se confunde la fuerza electoral con la fuerza política, se cree que el mandato recibido autoriza cualquier conducta, se olvida que gobernar exige serenidad e inteligencia.
Si el presidente Petro no encuentra una salida políticamente digna para el final de su mandato y llega a sentirse cercado por sus problemas internos y por el aislamiento internacional, es perfectamente posible que intente escalar la confrontación hasta niveles impensables. Por eso, el nuevo Gobierno debe actuar con cabeza fría.
No se trata de debilidad, se trata de responsabilidad. No se trata de impunidad, se trata de estabilidad. Y tampoco se trata de renunciar a la verdad, se trata de administrar la victoria con inteligencia.
La prudencia no es cobardía. La magnanimidad no es debilidad. Los grandes liderazgos entienden que después de la victoria comienza una batalla más difícil: impedir que el derrotado encuentre en el resentimiento la justificación para incendiar el país.
La tarea inmediata no consiste en humillar al adversario, sino en gobernar una nación fracturada. Por eso, el mensaje que Colombia necesita escuchar hoy es simple: humildad republicana y paciencia.
Hace muchos años, Winston Churchill dejó una reflexión que conserva plena vigencia: “En la guerra, resolución; en la derrota, desafío; en la victoria, magnanimidad”.
La tarea ahora es mucho más difícil: evitar que Colombia siga atrapada en la espiral de odio y confrontación que tanto daño le ha hecho.
Primero el país