opinión

Alfonso Cuéllar
Alfonso Cuéllar - Foto: Juan Carlos Sierra

El preso #1087985

Es evidente que Uribe busca, con esta acusación tan grave, desprestigiar a la Corte Suprema y la pone contra la pared. Si la Corte acepta la premisa de que el proceso de Uribe es comprado, pierde ante la opinión pública y queda en veremos su credibilidad.


Por: Alfonso Cuéllar

Fue un sencillo tuit el miércoles 12 de agosto. Escrito como los tuits de antaño: corto y al grano. El autor: el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. El impacto: inmenso con el peligro de seguir creciendo. “Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc, su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo inferencias. Me interceptaron ilegalmente. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia”, reza el tuit. Con esas pocas palabras, Uribe reventó la estrategia que había ejecutado desde su anuncio de detención el 4 de agosto, enmarcada en la búsqueda de la libertad mientras continúa el proceso.

Había muchos aliados. No tenía presentación una medida de aseguramiento al expresidente. Hasta el presidente Iván Duque se había aliado con Uribe, con la lógica de que era una acción excesiva. Más aún, con comandantes de las Farc en libertad. En otras palabras, había razones de peso para cambiar la situación. Ya no: con su tuit, Uribe rompió el balance. No hay vuelta atrás. Al insinuar que los magistrados de la Corte Suprema son aliados de las Farc quemó los puentes. No es posible un acuerdo. 

Es una jugada riesgosa del expresidente. Ha decidido elevar la discusión al terreno político más que al jurídico. Ha mandado el mensaje de que no es posible un juicio justo. Y de paso hizo trizas el comunicado de su abogado Jaime Granados, el día anterior. 

En ese escrito, Granados ataca la posición de la Corte Suprema. Dice que la medida de aseguramiento preventivo suena más a venganza. Que la detención se basa en inferencias y no en pruebas directas. 

Que la defensa lleva dos años enterándose del proceso por filtraciones selectivas y sistemáticas. Que Álvaro Uribe nunca fue escuchado en versión libre. Que el expresidente fue chuzado por error. Que se agregaron al expediente interceptados obtenidos ilegalmente en un proceso contra Nilton Córdoba. Que no se practicaron pruebas esenciales para la defensa de Uribe, como escuchar a testigos que afirmaron haber recibido ofrecimientos de Iván Cepeda. Que se apartó a la magistrada Cristina Lombana del caso por haber sido oficial del Ejército, pero no al magistrado Héctor Alarcón, que se había declarado víctima de Álvaro Uribe. Y por eso el abogado no apela la orden de retención. 

Como jurídico tendrá sus razones, al fin y al cabo no hay confianza de la Sala de Instrucción, pero es un error mediático. Ya no es posible cambiar la detención domiciliaria, es un tema útil para el debate político. 

Igual ocurre con la tutela de las senadoras Paola Holguín y Ruby Chagüí que pide que se conozca todo el expediente de Uribe. La ley es clara sobre la reserva y no hay indicios de que la tutela tenga éxito. Es una de las muchas acciones de los uribistas que carecen de una estrategia conjunta. Es jugar con la escopeta, que le pegue a lo que sea. No es claro el objetivo final. Es evidente que el Centro Democrático quedó huérfano y nadie ha logrado posicionarse. 

La senadora Paloma Valencia ofreció una asamblea constituyente. Y 48 horas después, el Gobierno se opuso. El presidente habló de una reforma a la justicia y dijo que la asamblea es un proceso largo. Fue interpretado en el escenario como un no. Los senadores y congresistas del Centro Democrático andan convocando protestas, pero sin norte. Que una manifestación en Miami. Que 160 tutelas pidiendo cambios de la decisión. Que una caravana de carros en Bogotá. Que una carta a la Unión Parlamentaria en la cual se quejan del trato a Uribe. Que una gestión que supere las fronteras e impacte el mundo internacional.  

Se habla, incluso, de acciones ante la Organización de Estados Americanos. El objetivo sería una ola internacional de repudio a la detención. Hay que volverlo inaceptable. No es fácil, ya que Uribe tiene problemas afuera. El público internacional no es tan amigable con el expresidente como el colombiano. Además, hay un problema: toma tiempo y no hay paciencia en Uribe. Quedó demostrado la semana pasada con el tuit. El senador y expresidente cambió el tablero con el breve texto por redes sociales. 

Allí no se trata de interferencias o innuendos. Se va al grano: Uribe es víctima de la compra de testimonios de los amigos de las Farc y la nueva generación. En otras palabras, el expresidente se refiere a un supuesto complot entre la Corte y las Farc contra él. Es una acusación seria y hecha por escrito. No desaparecerá y formará parte del expediente. Es el problema de Twitter en un proceso judicial. 

Es evidente que Uribe busca, con esta acusación tan grave, desprestigiar a la Corte Suprema y la pone contra la pared. Si la Corte acepta la premisa de que el proceso de Uribe es comprado, pierde ante la opinión pública y queda en veremos su credibilidad. Francamente, no veo a la Corte en esa posición suicida.

Su única opción es mantenerse y no ceder ante las amenazas. La Corte no puede ir para atrás. Ese es el problema del tuit de Uribe, fue más allá de lo permitido. 

Al expresidente su cuenta en Twitter, en otra hora su aliada, lo hundió profundamente. Pero parece que no aprende.  El viernes volvió a trinar: “Gran virus de magistrados Barceló y Reyes, juventud Farc, combatiéndolo con antibiótico de la verdad”.