Opinión
El río Aburrá tiene ley
La defensa del medio ambiente no puede seguir siendo la bandera política de algunos sectores.
Durante años, la izquierda se ha apropiado del discurso ambientalista, como si fuera la única interesada en la protección de nuestros recursos naturales; nada más alejado de la realidad. Desde nuestro partido, Centro Democrático, hemos demostrado con hechos que el cuidado del medio ambiente también es una causa de los sectores que defendemos la vida, la familia, la libertad y la propiedad privada.
Hoy, gracias a nuestra labor legislativa, el río Aburrá cuenta con una ley que lo protege. Se trata de la 2533 de 2025, una norma que declara al río, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos, para garantizar su conservación, mantenimiento y restauración integral. Esta es una conquista jurídica sin precedentes para el Valle de Aburrá.
Pero no es la única. Junto a la senadora Paola Holguín, sacamos adelante la Ley 2402 de 2024, que impulsa la transformación de los zoológicos en verdaderos centros de conservación. Y hoy está en curso otro proyecto clave, la iniciativa de Pago por Servicios Ambientales, liderada por el senador Cabrales, que busca reconocer y compensar a quienes protegen los ecosistemas.
El río Aburrá nace en la Reserva Forestal Protectora Alto de San Miguel y atraviesa 14 municipios, cubriendo una cuenca de más de 120.000 hectáreas. Aporta una riqueza ecológica invaluable: 14 especies de mamíferos, 152 especies de aves, 16 de reptiles y más de 26.000 hectáreas de vegetación y bosques fragmentados que requieren protección urgente.
Sin embargo, esta fuente vital enfrenta una crisis ambiental profunda. Desde la liquidación del antiguo Instituto Mi Río, no se había avanzado en un marco legal robusto para su defensa. Ahora, con esta nueva ley, se establece el Copra (Comité para la Protección y Representación del río Aburrá), un instrumento que permitirá articular a todas las autoridades ambientales, entidades públicas, privadas y comunidades, para trabajar por su recuperación real y sostenible.
En Medellín, la reciente emergencia que obligó al Metro a suspender operaciones por seis días, debido a la inestabilidad en la vía férrea, dejó en evidencia la gravedad del deterioro ambiental. Aunque el alcalde anunció una inversión de más de 600.000 millones de pesos para intervenir treinta puntos críticos, estas medidas no son suficientes si no hay una visión integral y articulada.
Por eso, es urgente que la Dirección del Área Metropolitana, junto con Corantioquia y Cornare, convoquen las mesas de reglamentación del Copra, como lo ordena el artículo 2 de la Ley 2533 de 2025. La Ley ya está en vigencia, ahora debe ponerse en marcha con voluntad política, técnica y comunitaria.
La defensa del medio ambiente no puede seguir siendo la bandera política de algunos sectores. En realidad, requiere acciones, liderazgo y resultados. Desde el Centro Democrático lo hemos demostrado: el río Aburrá tiene ley y ahora también tiene esperanza.
