Magistrados de la JEP, una elección con lupa

Un botín al que hay que caerle como pirañas, esa es la consigna de muchos aspirantes a la JEP. Y no lo digo porque no se tenga derecho a llegar a esas instancias, sino porque detrás de esos cargos, que administrarán justicia en el posconflicto, deben haber muchos, muchísimos, desertores de las cortes que hoy son investigados, igual que los magistrados de marras.

La comisión que tiene la responsabilidad de escoger a los integrantes de los tribunales que se crearán para la justicia transicional tendrá que ponerle la lupa a cada aspirante, mirar y analizar a fondo el origen de cada uno de los casos para evitar la politización de esos foros, tal como ocurre con la justicia ordinaria y su matrimonio indisoluble con la política.

Los escándalos que hoy agobian a las cortes colombianas son el mejor ejemplo para poner en duda, como se hizo siempre, su neutralidad y capacidad para administrar justicia. Por fortuna se creó la JEP –Justicia Especial para la Paz- para darle un cierre definitivo en términos jurídicos al conflicto, con la seguridad de que las víctimas serán resarcidas y reparadas por cada uno de los actores de la guerra.

Otro aspecto que debe examinar la comisión de notables es la procedencia de cada uno de los miles de aspirantes para neutralizar la denominada puerta giratoria, cuya característica insalvable ha sido la politización del sistema judicial. No debe existir mácula alguna que ponga en duda a un magistrado, un juez o funcionario de la JEP-. Es más, debería aplicar el veto a quienes hicieron parte de instituciones que fueron regentadas por personas que, violando la constitución, lograron su nominación, verbigracia, el exprocurador, Alejandro Ordóñez y sus funcionarios.

Vale recordar que el comité de escogencia proporcionará 51 magistrados que van a conformar la JEP, así como las direcciones de la Unidad de Investigación y Acusación y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ojalá los nombres que lleguen a esos foros de justicia correspondan a gentes independientes y con credenciales suficientes que no necesariamente tengan que haber pasado por la burocracia judicial, sino que provengan de la academia, del sector empresarial y de otras instancias de la vida social colombiana.

No se puede perder de vista que los resultados, a mediano plazo, que deben entregar los tribunales de paz servirán para promover las reformas que necesita la justicia, agobiada por la corrupción, la pésima imagen y la escasa confianza que los colombianos depositan en ella.

No es con constituyentes sino con hechos que la propia justicia puede iniciar el camino a la depuración de las instituciones judiciales, y la JEP puede señalar el sendero hacia una nueva forma operacional expedita y de aplicación de sus fallos y sentencias soportados democráticamente y en equidad. Este es el camino que debe tomar la justicia para garantizar una paz estable y duradera.

@jairotevi