Tiene razón el presidente Petro al advertir sobre el riesgo de fraude en estas elecciones; más aún: a esta altura puede afirmarse que ya estamos ante el mayor fraude electoral de la historia republicana colombiana. No hablo de conjeturas: hablo de una maquinaria cuyo propósito es torcer la voluntad popular, sustituir la elección libre por un mercado de dádivas y de presiones.
Una contienda limpia se mide por la libertad con que el elector escoge. Si decide por convicción, no por miedo ni por prebendas. Hoy ese libre albedrío está corroído por quien suele ser árbitro: el Gobierno nacional, que debería guardar distancia y garantizar reglas, hoy actúa como protagonista activo y parcial.
Desde el inicio de su administración, Petro ha movido piezas en tres frentes claros. Primero: expandir el presupuesto y buscar más recursos para manejar discrecionalmente la caja pública. Hasta abril de 2026, su Gobierno ha presentado cuatro proyectos de reforma tributaria o de financiamiento destinados a aumentar el caudal de recursos disponibles.
Como el Congreso, en un acto de responsabilidad, rechazó gravar aún más a los colombianos, el Ejecutivo optó por otras vías. Saltó la regla fiscal, comprometió la sostenibilidad de las finanzas y disparó el endeudamiento de la Nación: en cuatro años la deuda pasó de 200 a 370 billones de pesos. Gran parte de ese dinero ha servido para sostener nóminas estatales sobredimensionadas que funcionan como moneda de cambio electoral.
Segundo: la utilización de fondos y entidades públicas para moldear la opinión. Desde el saqueo de la UNGRD hasta el de las regalías —un escándalo cuyo alcance todavía está por descubrirse—, pasando por RTVC y otras instituciones, se ha dirigido propaganda y contratación de influenciadores con sesgo a favor de un candidato cercano: Iván Cepeda. No es menor que redes y medios públicos hayan sido usados para sostener una campaña camuflada.
Tercero: la canalización de recursos a organizaciones comunitarias —juntas de acción comunal, grupos campesinos e indígenas— como vasos comunicantes para irrigar el territorio con fondos que compran conciencias. Previo a la ley de garantías de 2026, el Gobierno desembolsó, por contratación directa, más de 35 billones de pesos de los cuales gran parte fue a estas organizaciones. En paralelo se intentó reconfigurar el sistema de salud a imagen de un modelo que convierte equipos médicos en cuadros políticos que rotan votos en terreno.
Cuarto: medidas que golpean al campo y que no parecen pensadas para su bienestar, sino para intereses electorales. Los aumentos catastrales decretados por el Gobierno que pusieron a millones de campesinos a pagar más por su impuesto predial no son resultado de una política equitativa; obedecen al afán fiscalista para dedicar más fondos a la campaña electoral.
Quinto: el asedio a los fondos de pensiones. El proyecto de apropiarse de 25 billones de pesos de ahorros previsionales, con la obligación de repatriación en plazos que permiten su uso inmediato, recuerda tácticas vistas en otras latitudes y tiene una sola lógica plausible: disponer de liquidez útil para la contienda.
Pero el afán no es solo financiero. Hay una estrategia de coerción y de alianzas políticamente peligrosas. Desde pactos locales hasta la llamada paz total, el Gobierno ha buscado acuerdos con actores armados, los ha exhibido en escenarios públicos, ha hecho de algunos de sus líderes protagonistas de procesos de paz y ha cedido amplios territorios donde la presencia estatal es débil y las dinámicas ilícitas florecen. El resultado: concentraciones de votos por Iván Cepeda en municipios alejados, acompañadas de mayor incidencia de grupos al margen de la ley.
Las instituciones de control han intentado reponer el equilibrio, pero parecen insuficientes frente a la magnitud del desvío. Procuraduría y Contraloría destapan episodios que quedan como petits faits ante el torrente de recursos movilizados; la Fiscalía, con procesos que vencen términos, no ha logrado llevar ante la justicia a los responsables de las anomalías. ¿Dónde están los guardianes del derecho fundamental a elegir? Pareciera que también han sucumbido a los ríos de dinero y a las redes de cooptación que hoy atraviesan al país.
Tenemos, pues, una elección empañada por una conjunción peligrosa: recursos públicos instrumentalizados, tácticas de clientelismo territorial y la sombra de la coerción. Si la democracia colombiana quiere defenderse, primero debe reclamar claridad: investigación rigurosa, transparencia en el gasto y una intervención enérgica de las instituciones para garantizar que las urnas expresen la libre voluntad de los colombianos y no la traducción de un aparato de poder convertido en máquina electoral.