Mucho antes de que el mundo midiera su destino en barriles de petróleo y en las reglas que gobiernan la economía mundial, el poder ya se decidía por la forma en que se controlaban los desfiladeros y los pasos estrechos. En el siglo I antes de nuestra era, en las llanuras polvorientas de Mesopotamia —lo que hoy son territorios de Siria, Turquía e Irak—, los jinetes arqueros del Imperio parto, una de las grandes potencias iraníes de la Antigüedad asentada en el actual Irán, humillaron a las legiones romanas de Craso con una maniobra que pasó a la historia como el ‘disparo parto’: fingían la retirada, giraban el cuerpo sobre la silla y, mientras cabalgaban en sentido contrario, lanzaban una lluvia de flechas sobre un enemigo que avanzaba convencido de su superioridad.
No era solo una destreza de caballería; era una lección estratégica: quien domina la geografía y convierte el movimiento en arma puede desgastar, confundir y, finalmente, derrotar incluso a la potencia que se cree invencible.
Dos mil años después, bajo los mismos principios que han regido históricamente el poder, y a mediados del siglo XX, tras el impacto devastador de la Segunda Guerra Mundial, las principales potencias decidieron que el orden económico global no podía depender del azar y diseñaron un sistema común en un hotel de montaña en Bretton Woods, Estados Unidos. Allí, en 1944, acordaron que el dólar sería la moneda de referencia del planeta, respaldado por el oro a un precio fijo, y crearon instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para sostener ese nuevo orden.
Un año más tarde y justo después de la Conferencia de Yalta, el 14 de febrero de 1945, a bordo del crucero USS Quincy, fondeado en el Gran Lago Amargo del canal de Suez, el presidente Franklin D. Roosevelt sostuvo un encuentro decisivo con el rey Abdulaziz Ibn Saud, fundador de Arabia Saudita. Aquel diálogo, celebrado en los últimos días de la guerra, no produjo un tratado formal ni un documento firmado, pero sí estableció un entendimiento estratégico que marcaría el rumbo del orden internacional durante las décadas siguientes. Roosevelt, consciente de que el poder industrial de la posguerra dependería del acceso estable a fuentes de energía, ofreció garantías de seguridad y respaldo político a la monarquía saudí; a cambio, Ibn Saud aseguró el suministro confiable de petróleo hacia Occidente. Ese acuerdo tácito —petróleo a cambio de protección— no solo consolidó la relación entre Washington y Riad, sino que anticipó la transformación del golfo Pérsico en el centro de gravedad energético del sistema global. Lo que comenzó como un entendimiento pragmático entre dos líderes se convertiría, con el tiempo, en el pilar invisible sobre el cual se edificaría la arquitectura del petrodólar y la presencia estratégica de Estados Unidos en el Medio Oriente.
Durante casi tres décadas, ese arreglo funcionó como un mecanismo de estabilidad: las principales monedas del mundo se vinculaban al dólar y el dólar, a su vez, al oro. Sin embargo, en 1971, presionado por los costos de la guerra de Vietnam, la inflación creciente y los déficits acumulados, Estados Unidos rompió ese vínculo, poniendo fin al patrón oro. A partir de ese momento, el sistema internacional entró en una nueva fase: el dólar dejó de estar respaldado exclusivamente por un metal y pasó a sostenerse en la confianza global y en el poder económico y militar de Estados Unidos. Pero esa transición no quedó en el vacío; muy pronto encontró un nuevo soporte en el petróleo del golfo Pérsico, convirtiendo la energía en el pilar invisible del sistema financiero mundial, un sistema que hoy ya no se disputa en tratados, sino misil a misil, en las aguas estrechas de Ormuz.
A comienzos de la década de 1970, Washington comprendió que proteger ese nuevo esquema del petrodólar exigía algo más que acuerdos financieros: requería una presencia militar permanente allí donde se originaba el flujo energético que sostenía al dólar. Tras la retirada británica, la armada estadounidense ocupó progresivamente ese vacío en el golfo Pérsico, estableció una red de bases aéreas y navales en Kuwait, Bahréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Omán, y convirtió a la Quinta Flota en el garante armado de un intercambio tan simple como decisivo preservando el acuerdo de Roosevelt: seguridad a cambio de crudo.
Ese orden, que durante décadas pareció inalterable, comenzó a mostrar fisuras en la segunda década del siglo XXI, cuando la irrupción de China como potencia económica y la reaparición de Rusia como actor militar en Europa oriental introdujeron una competencia real en el corazón del sistema. Para Washington, la respuesta no ha sido improvisada, sino progresiva: reforzar su ventaja estructural en el terreno donde el poder sigue siendo decisivo, el de la energía y el control de las rutas que la transportan. En ese contexto, la combinación de presión económica, reconfiguración de flujos energéticos y la presencia militar ampliada puede interpretarse como parte de una estrategia orientada a limitar la autonomía de sus competidores, particularmente de una China cuya dependencia del petróleo del golfo sigue siendo crítica para sostener su crecimiento.
Rusia ha encontrado en esa tensión una oportunidad para reposicionarse como proveedor energético alternativo que presiona a Europa y un actor indispensable en el equilibrio euroasiático, mientras la Otan enfrenta el desafío de sostener cohesión política y capacidad disuasiva en un escenario cada vez más extendido. En el mundo árabe, las monarquías del golfo navegan una ecuación compleja: dependen de la protección estadounidense, pero observan con cautela el ascenso de Asia como principal destino de sus exportaciones energéticas. En ese tablero múltiple, Irán emerge como el punto de fricción central: un actor que, combinando ambición nuclear, capacidad misilística y guerra híbrida, desafía simultáneamente la arquitectura de seguridad regional y el equilibrio global.
Por eso, la guerra que hoy se desarrolla en torno a Irán no puede entenderse como un conflicto aislado. Es la manifestación más visible de una competencia sistémica en la que Estados Unidos busca preservar un orden construido sobre el dólar, la energía y el poder militar, mientras sus adversarios exploran vías para erosionarlo, disputarlo o, en última instancia, transformarlo. En el corazón de esa disputa aparece la tentación de desdolarizar la arquitectura construida por Washington con las monarquías del golfo, sustituyéndola de forma progresiva por esquemas en los que el yuan y otras monedas ganan peso como divisas energéticas. Dicho en otras palabras, es la pérdida del poder como supremacía global lo que está en juego.
En este contexto, y como antecedente directo de los hechos actuales en Oriente Medio, la denominada Guerra de los Doce Días dejó una imagen que resume la naturaleza del conflicto: en la madrugada del 22 de junio de 2025, misiles estadounidenses e israelíes golpearon de forma casi simultánea las instalaciones nucleares de Natanz, Fordow e Isfahán, el corazón del programa de enriquecimiento de uranio de Irán. No se trató de un bombardeo quirúrgico aislado, sino de una operación diseñada para decapitar la infraestructura nuclear iraní, presentada como una amenaza para la estabilidad y la seguridad regional; en cuestión de horas, destruyó centrifugadoras, centros de investigación y laboratorios de pruebas, enviando un mensaje contundente a Teherán: cualquier intento de cruzar el umbral nuclear sería respondido con fuerza abrumadora.
En Washington y Jerusalén hay un motivo adicional de máxima preocupación: la Agencia Internacional de Energía Atómica estima que Irán ha fortificado sus principales instalaciones nucleares a profundidades que dificultan el impacto de las bombas antibúnker estadounidenses y que dispone de unos 440 kilos de uranio enriquecido al 60 %, cantidad que, de ser llevada al 90 %, podría servir para fabricar hasta diez artefactos nucleares. No sorprende que el presidente Donald Trump insista en que “Irán no puede tener armas nucleares” y haya sugerido que ese material enriquecido sea entregado a las autoridades estadounidenses, una propuesta que Teherán ha rechazado de plano.
Ante ese ataque la respuesta iraní no se hizo esperar: respondió con misiles atacando las bases estadounidenses presentes en el golfo, así como la central nuclear más importante de Israel ubicada en Dimona y acompañó esas acciones con amenazas explícitas contra infraestructuras energéticas del golfo, dejando muy claro que el país no solo estaba dispuesto a escalar, sino que entendía que su única garantía de supervivencia pasaba por asegurar, a toda costa, la continuidad de su programa nuclear y de sus capacidades de respuesta. Fue a partir de esa experiencia, y en el marco del acuerdo estratégico de 25 años firmado con Pekín, que Irán aceleró su giro hacia la tecnología china, buscando en ella el blindaje energético, financiero y militar que el sistema occidental le negaba.
Cuando Estados Unidos decidió escalar su ofensiva multidominio, se encontró con un adversario que no solo había aprendido de cada golpe, sino que llegaba al conflicto con un soporte tecnológico silencioso de origen chino. Tras la Guerra de los Doce Días, Irán inició la sustitución progresiva del sistema de posicionamiento satelital (GPS) estadounidense por el sistema BeiDou de China, integrándolo con sus misiles, drones y centros de operaciones.
Ese cambio redujo su vulnerabilidad frente a las interferencias de guerra electrónica y aumentó la precisión de sus impactos sobre unidades militares y objetivos críticos en Israel y en los países miembros del golfo Pérsico. Los ataques iniciados el pasado 28 de febrero sorprendieron parcialmente a Irán, que se encontraba en medio de los diálogos sobre el tema nuclear: el régimen sabía que la ofensiva llegaría y se había preparado para amortiguar sus efectos. Aun así, el costo ha sido devastador: las autoridades iraníes hablan de unos 3.000 muertos y 15.000 heridos, en medio de una notable resiliencia social, fricciones entre la Guardia Revolucionaria y el gobierno civil, y una limitada capacidad de respuesta escalonada. Israel reporta cerca de una decena de víctimas mortales y alrededor de 89 heridos leves, mientras que Estados Unidos reconoce 13 fallecidos y 365 heridos.
La red satelital china, capaz de transmitir mensajes encriptados, convirtió la navegación y la comunicación iraníes en un sistema más autónomo y difícil de neutralizar. Al mismo tiempo, la provisión de radares con capacidades antistealth, diseñados para detectar aeronaves furtivas, permitió orientar la detección hacia plataformas aéreas de última generación. El resultado fue una guerra electrónica ejecutada por ambos bandos, en la que las capacidades de antijamming y de detección avanzada permitieron a Irán sostener una estrategia de desgaste: mantener operativos sus sensores y armas guiadas bajo una densa niebla electromagnética, saturar sistemas de defensa como el Domo de Hierro y obligar a la Fuerza Aeroespacial occidental a operar en un espacio esta vez con un mayor respaldo tecnológico proveniente de China. En ese mismo plano fue motivo de especial preocupación para Washington el zarpe, en la primera semana de marzo, de dos buques tanqueros desde un puerto chino cargados con perclorato de sodio, un componente importante para el combustible de propulsión de misiles balísticos. China ha sido enfática en expresar que no ha suministrado apoyo militar a Irán.
En ese contexto y en el marco de la Operación Epic Fury, el propio presidente Donald Trump afirmó en rueda de prensa que un avión de combate F15E había sido derribado durante las operaciones, un hecho que obligó al Pentágono a activar complejos protocolos de extracción y recuperación de los pilotos eyectados en territorio hostil. En el mismo escenario, un avión de apoyo cercano A‑10 fue alcanzado y posteriormente destruido por las propias fuerzas estadounidenses, en lo que constituyó una práctica conocida como negación tecnológica: la destrucción deliberada de equipos para evitar su captura. El objetivo no era solo evitar pérdidas materiales, sino impedir que Irán accediera a los sistemas de comunicaciones y los sistemas de guerra electrónica, cuyo valor estratégico puede compararse con la captura de la máquina Enigma durante la Segunda Guerra Mundial.
Con estos episodios, el frente iraní dejó de ser únicamente el epicentro de una crisis energética que mantiene en tensión a los mercados globales y se convirtió en un laboratorio donde se miden, en condiciones reales, las capacidades tecnológicas de Estados Unidos y China. Más que un enfrentamiento regular, lo que emerge es un pulso silencioso entre potencias, en el que Irán actúa como catalizador operativo dentro de una competencia mayor utilizando todas sus capacidades convencionales e híbridas disponibles, mientras los voceros oficiales de todos los actores mantienen, de forma reveladora, un prudente silencio.
Tras el fracaso de la primera ronda de conversaciones en Pakistán, el estrecho de Ormuz quedó atrapado en un doble bloqueo que expresa, mejor que cualquier mapa, la lógica de esta guerra. De un lado, el despliegue naval de Estados Unidos, autorizado para interceptar, registrar, desviar y, de ser necesario, atacar tanto a los buques vinculados con Irán como a las lanchas rápidas y drones empleados por la Guardia Revolucionaria para minar el canal y hostigar el tránsito marítimo. Estas unidades, núcleo de la estrategia asimétrica iraní, han sido utilizadas para presionar a los petroleros que intentan cruzar el estrecho sin acatar las órdenes de detención impuestas por Teherán.
De otra parte, la decisión de Irán de instrumentalizar estratégicamente a Ormuz como moneda de intercambio, condicionando la libre navegación al reconocimiento legítimo de su control sobre ese chokepoint —por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial— e insinuando mecanismos de pago alternativos para el tránsito, por fuera del circuito financiero tradicional.
Entre intentos de captura de petroleros, cambios forzados de rumbos y maniobras de interdicción sobre buques comerciales, Ormuz ha dejado de ser un simple paso marítimo para convertirse en un tablero de confrontación directa, donde cada incidente o acto hostil se interpreta simultáneamente como un ensayo táctico, con mensaje geopolítico y herramienta de presión económica. Ese doble bloqueo militar tuvo, sin embargo, un correlato diplomático que expone las verdaderas reglas del nuevo orden. El pasado 7 de abril, cuando Estados Unidos impulsó en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para legitimar escoltas armadas en Ormuz y condenar exclusivamente a Irán, obtuvo once votos a favor, una mayoría aplastante. Pero China y Rusia vetaron la decisión. Y Colombia, con una de las diez sillas rotativas y en medio de un año electoral, decidió abstenerse junto con Pakistán: ni respaldar ciegamente a Washington ni confrontarlo, sino navegar la tensión entre la alianza tradicional y el pragmatismo de evitar represalias económicas de la Casa Blanca en plena época preelectoral en el país.
De cara al futuro inmediato, la crisis de Ormuz abre al menos tres caminos: uno de contención tensa, en el que el doble bloqueo se mantiene bajo un alto el fuego frágil y cada incidente se traduce en volatilidad de precios y en más presión sobre las economías vulnerables; otro de escalada severa, donde el incremento de las acciones sobre Irán hace inevitable el cierre del estrecho, obligando a racionar combustibles en Europa y Asia, acelerando una recesión global y alimentando las dudas sobre la capacidad del dólar para seguir siendo el único ancla del sistema; y un tercero de transformación controlada, en el que la reapertura de Ormuz se acompaña de inversiones en rutas alternativas, oleoductos de bypass, reservas estratégicas coordinadas y mecanismos de estabilización financiera que permiten absorber los shocks sin que la guerra local se convierta en colapso sistémico.
Detrás de esos escenarios inmediatos late una disputa más profunda: la tensión entre quienes buscan recomponer el viejo orden del petrodólar —reforzando el vínculo entre seguridad estadounidense y exportaciones de crudo del golfo— y quienes, desde Asia, los Brics y el sur global, exploran un mundo más fragmentado, con múltiples polos energéticos y financieros, monedas alternativas como el yuan y arquitecturas de pago diseñadas para reducir la exposición a sanciones y a decisiones unilaterales.
Como en las llanuras de la antigua Mesopotamia hace más de dos milenios, la guerra actual parece reproducir la lógica del disparo parto. Mientras Estados Unidos avanza con toda su capacidad militar, tecnológica y económica para preservar el orden que ha sostenido durante décadas, sus adversarios no lo enfrentan de forma directa: retroceden, se adaptan, dispersan sus capacidades y, en el momento oportuno, contraatacan desde múltiples dominios —el energético, el financiero, el tecnológico y militar—, erosionando progresivamente la ventaja de quien se cree invulnerable.
En ese movimiento, Ormuz no es solo un punto de tensión, ni Irán un actor aislado, ni China ni Rusia espectadores distantes: lo que está en juego es la arquitectura misma del poder global. Como en el antiguo disparo parto, la clave no está en quién avanza primero, sino en quién logra convertir el movimiento en arma y el tiempo en ventaja. Porque en esta guerra que no cabe en un mapa, el desenlace no lo definirá la fuerza bruta, sino la capacidad de transformar la presión en oportunidad y la retirada aparente en victoria estratégica.