El suroccidente colombiano, región estratégica y bastión electoral del llamado ‘gobierno del cambio’, termina este periodo sumido en una crisis más profunda de seguridad, control territorial y estabilidad económica. El fracaso de la paz total, que permitió el fortalecimiento de estructuras criminales, y el innecesario deterioro de la relación con el Ecuador, que hoy se traduce en bloqueo fronterizo y afectación comercial, evidencian una conducción errática que no solo incumplió sus promesas, sino que agravó los problemas estructurales de la región.
El suroccidente colombiano no es una región más dentro del mapa nacional. Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo conforman un espacio de altísimo valor estratégico: allí se encuentra Buenaventura, principal puerto sobre el Pacífico; convergen corredores logísticos vitales para el comercio exterior, y se concentra una importante despensa agrícola que abastece al país. A la par, es una zona históricamente decisiva en términos electorales, donde amplios sectores de la población han respaldado de manera consistente a los proyectos políticos de izquierda, incluido el actual ‘gobierno del cambio’.
Dos factores explican, en gran medida, este deterioro. El primero es el fracaso de la denominada paz total. Lejos de debilitar a las estructuras criminales, su implementación introdujo una peligrosa ambigüedad estratégica y operativa. Los ceses al fuego, mal concebidos y peor verificados, desconcertaron a la Fuerza Pública y redujeron la presión sobre los grupos armados organizados, mientras desde el discurso oficial se les revestía con denominaciones rimbombantes —como Estado Mayor Central o disidencias de las disidencias— que desdibujaron su verdadera naturaleza criminal. Ese compás de espera fue hábilmente aprovechado por estas estructuras para fortalecerse.
El segundo factor es el deterioro de la relación con el Ecuador. Las fricciones del presidente Gustavo Petro con el gobierno de Daniel Noboa han trascendido el plano político para trasladarse al terreno operativo. La falta de coordinación binacional en seguridad, sumada a decisiones económicas como la imposición de aranceles extraordinarios —que han alcanzado niveles cercanos al 100 % en determinados productos—, ha golpeado de manera directa la dinámica comercial fronteriza. Esto no solo afecta a las economías locales de Nariño y Putumayo, sino también a sectores empresariales del Valle del Cauca que dependen de ese intercambio. La frontera, que debería ser un espacio de cooperación estratégica, se ha convertido en un factor de bloqueo económico y ventaja para las economías ilegales.
En el nivel operacional y táctico, la crisis del suroccidente refleja la persistencia de problemas estructurales no resueltos: una débil presencia estatal en zonas rurales que ha permitido a las organizaciones criminales ejercer control social y económico, sumada a la crítica fragilidad de la vía Panamericana, hoy convertida en un corredor de alto riesgo. Bloqueos recurrentes, quema de vehículos, asaltos, secuestros y asesinatos de conductores han dejado de ser hechos aislados para convertirse en una peligrosa normalización de la ilegalidad. Según Colfecar, se registran cientos de bloqueos y pérdidas de miles de millones de pesos por cada cierre, afectando gravemente al sector transportador. El impacto es devastador: movilidad restringida, comercio encarecido, turismo en retroceso, interrupción del abastecimiento y colapso de la logística regional. Cada bloqueo profundiza la crisis, eleva el costo de vida y golpea con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables.
La gravedad del momento quedó evidenciada con la ola de ataques terroristas del 24 de abril. A diferencia de otros atentados dirigidos contra objetivos militares o institucionales, en esta ocasión el blanco fue claramente la población civil, en una decisión deliberada que constituye una grave violación de los derechos humanos. La ejecución simultánea de las acciones y la escogencia de un día de mercado —cuando la presencia de campesinos y comerciantes es mayor— no solo demuestran capacidad de coordinación, sino una intención inequívoca de maximizar el daño sobre personas indefensas. Con más de una veintena de muertos y varias decenas de heridos, estos hechos no solo reflejan la magnitud del ataque, sino un alarmante salto cualitativo en la violencia y en la degradación de las estructuras criminales.
Las motivaciones pueden ser diversas: demostraciones de fuerza en un contexto preelectoral, disputas por corredores estratégicos, retaliaciones frente a operaciones militares como las desarrolladas en el cañón del Micay, o presiones derivadas del endurecimiento de la interdicción marítima internacional. Incluso se plantean hipótesis sobre intencionalidades políticas para incidir en el clima electoral de una región históricamente sensible. Pero, más allá de las causas específicas, el hecho central es uno: los grupos armados ilegales han escalado su accionar y mantienen una capacidad operativa que desafía abiertamente al Estado y en que las fuerzas armadas sufren la arremetida violenta de los criminales.
En la relación con el Ecuador, resultan particularmente significativas las declaraciones del presidente Daniel Noboa, quien ha señalado la falta de voluntad política del Gobierno colombiano para enfrentar de manera coordinada los problemas de seguridad en la frontera, así como preocupaciones por injerencias en asuntos políticos internos y ausencia de reciprocidad económica. Lo verdaderamente grave es que estas tensiones, lejos de manejarse con prudencia diplomática, han derivado en un bloqueo de facto que golpea con fuerza al suroccidente colombiano. La frontera, que debería ser un eje natural de integración y dinamismo comercial, hoy está afectando el intercambio de bienes, encareciendo productos y debilitando economías regionales que dependen de ese flujo. Privilegiar los roces ideológicos sobre el comercio y la cooperación binacional no solo es un error estratégico, sino una decisión que termina castigando directamente a la población y profundizando la crisis en una de las regiones más vulnerables del país.
El resultado es una ecuación profundamente inquietante: una región estratégica, con alto valor geopolítico y económico, y que además ha sido bastión electoral del actual gobierno, cierra el periodo presidencial con más violencia, mayor pérdida de control territorial y un entorno económico deteriorado por el bloqueo fronterizo. Lo que se prometió como un cambio estructural hacia la paz y el desarrollo termina, en la práctica, en un agravamiento de la inseguridad y en una relación fracturada con un socio clave como el Ecuador.
Pero la mayor contradicción es aún más desconcertante: de acuerdo con la reciente encuesta de Invamer, 26 abril de 2026, cerca del 61 % de los colombianos afirma sentirse hoy más inseguro y, aun así, el candidato que representa la continuidad de este modelo no solo no se ve castigado electoralmente, sino que mantiene e incluso incrementa su favorabilidad. Esta disonancia entre la percepción ciudadana de inseguridad y el comportamiento electoral plantea un dilema inquietante: o las mediciones no están captando con precisión el sentir real del país, o Colombia está haciendo una lectura profundamente equivocada de la magnitud de su propia crisis.