Colombia enfrenta hoy un momento crítico. La reciente escalada de violencia en el suroccidente del país no puede interpretarse como una serie de hechos aislados ni como una simple coincidencia. Por el contrario, todo indica que responde a una estrategia deliberada orientada a incidir en el proceso electoral y a desafiar la capacidad del Estado para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.
Los ataques perpetrados en municipios del Cauca y Valle del Cauca —como Cajibío, El Tambo, Cali, Palmira y Jamundí— han dejado un saldo doloroso de víctimas fatales y decenas de heridos, en su mayoría civiles. A sus familias, la solidaridad del país.
Sin embargo, más allá del impacto humanitario, la gravedad de estos hechos radica en su intencionalidad: sembrar miedo, generar incertidumbre colectiva y proyectar fortaleza en un momento políticamente decisivo.
De acuerdo con las autoridades, estas acciones han sido ejecutadas por las disidencias de las Farc, estructuras bajo el mando de alias Iván Mordisco. Su accionar mezcla tácticas de guerra irregular con métodos terroristas, incluyendo el uso de artefactos explosivos improvisados, drones armados y vehículos cargados con explosivos. Este patrón no es nuevo, pero resulta preocupante en el contexto actual.
A pocas semanas de la primera vuelta presidencial, los riesgos para el desarrollo normal del proceso electoral son evidentes. La violencia puede traducirse en restricciones a la movilidad, intimidación a votantes, presión sobre autoridades locales y alteración del clima político. El objetivo parece claro: afectar la participación ciudadana y condicionar la agenda nacional a través del miedo, ya sea buscando concesiones políticas o generando presiones institucionales que impacten el calendario electoral.
En este escenario, la política de paz total enfrenta cuestionamientos legítimos. La falta de claridad estratégica y de objetivos definidos ha generado zonas grises que están siendo aprovechadas por actores armados ilegales. Esta ambigüedad no solo debilita la acción de la Fuerza Pública, también erosiona la percepción de autoridad del Estado en los territorios.
Frente a este desafío, la respuesta estatal debe ser firme, coherente y sin ambigüedades. La experiencia en conflictos de naturaleza similar demuestra que la convergencia entre crimen organizado y estructuras con pasado insurgente exige una estrategia integral, donde la seguridad, la inteligencia y la acción institucional actúen de manera coordinada.
Resulta prioritario fortalecer el plan de seguridad electoral, con énfasis en las zonas de mayor riesgo. Esto implica robustecer las capacidades de inteligencia, aumentar la presencia efectiva de la Fuerza Pública y garantizar una coordinación real entre autoridades locales, organismos electorales y el nivel central.
Asimismo, es indispensable establecer directrices operacionales claras para las fuerzas en el terreno: la ambigüedad solo favorece a quienes actúan al margen de la ley, y suspender los procesos de negociación en curso. Negociar en medio de acciones terroristas envía un mensaje equivocado.
La defensa del proceso electoral no es una tarea exclusiva del Estado. Es una responsabilidad compartida que involucra a instituciones, partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanía. En este esfuerzo, el papel de la Fuerza Pública es determinante. Afortunadamente, Colombia cuenta con unas Fuerzas Militares y una Policía Nacional profesionales, comprometidas con la Constitución y la defensa de la institucionalidad democrática.
Hoy más que nunca, el país debe rechazar de manera unánime la violencia, respaldar a sus instituciones legítimas y reafirmar su compromiso con la democracia. En momentos de incertidumbre, la claridad estratégica, el liderazgo firme y la confianza en el Estado son esenciales.
La democracia colombiana ha enfrentado y superado desafíos complejos en el pasado. Esta vez no será diferente.