Un delincuente puede exagerar, mentir o intentar sembrar miedo. Pero cuando alguien señalado de pertenecer a una estructura criminal se atreve a decir que “Bogotá me pertenece”, la respuesta del Estado no puede ser un comunicado más. Tiene que ser autoridad.
La conversación revelada por el periodista Felipe Quintero en Noticias RCN es estremecedora. En ella, uno de los señalados integrantes del Tren de Aragua no solo presume de controlar armas y expendios de droga en la ciudad; también habla de homicidios y asegura tener cercanía con policías. Nada de eso puede asumirse como cierto sin una investigación seria. Pero tampoco puede despacharse como la fanfarronería de un criminal.
Porque el problema no es una frase. El problema es todo lo que está ocurriendo alrededor de ella. En Bogotá hemos visto capturas de presuntos integrantes del Tren de Aragua por hechos relacionados con homicidios, extorsión, microtráfico y ataques con explosivos.
Entre los casos más dolorosos está el asesinato del profesor y líder comunitario Kevin Santiago Ángel. Según la investigación, su trabajo con jóvenes en Kennedy para prevenir el consumo de drogas habría tocado intereses criminales. Si eso se confirma, la señal es brutal: las mafias no solo quieren controlar rentas ilegales; quieren decidir también quién puede hacer comunidad y quién se atreve a enfrentarlas.
Eso es lo que Bogotá no puede normalizar. Durante años se permitió que el crimen organizado ganara terreno mientras desde el Gobierno nacional anterior abundaban los discursos y faltaban resultados. El gobierno de Gustavo Petro dejó crecer una sensación peligrosa: que para algunas estructuras delinquir podía resultar más fácil que para un ciudadano trabajar, denunciar o abrir su negocio sin miedo.
Las advertencias, además, venían de tiempo atrás. La Defensoría del Pueblo había alertado desde 2024 sobre disputas entre organizaciones criminales por el control territorial en sectores de Bogotá. Desde el Concejo también advertimos una realidad alarmante: cerca de 600.000 viviendas estarían ubicadas en entornos próximos a una olla de expendio de drogas. No estamos hablando, entonces, de episodios aislados. Estamos hablando de territorios, economías criminales y familias atrapadas alrededor de ellas.
Por eso ya no basta con contar capturados. Una política de seguridad no puede medirse únicamente por el número de capturas que aparecen en una fotografía. Si hoy cae quien cobra una extorsión y mañana otro ocupa su puesto, la organización sigue intacta. Si un cabecilla conserva la capacidad de ordenar delitos desde una cárcel, el Estado apenas cambió su dirección. Y si capturamos personas, pero dejamos funcionando sus finanzas, sus armas, sus comunicaciones y sus redes de corrupción, no desmantelamos nada.
A las organizaciones criminales hay que golpearlas donde realmente les duele: el dinero, el mando y el territorio. Eso exige inteligencia financiera, extinción de dominio, control efectivo de las comunicaciones desde las cárceles, coordinación entre Policía, Fiscalía, autoridades distritales y Gobierno nacional, y una investigación sin contemplaciones frente a cualquier funcionario que eventualmente esté colaborando con estas estructuras. Si existe corrupción dentro del Estado, hay que encontrarla y judicializarla. Sin excusas.
También necesitamos recuperar algo que no aparece en las estadísticas: la confianza del ciudadano. El comerciante que denuncia una extorsión tiene que saber que no quedará expuesto. La familia que vive cerca de una olla debe sentir presencia institucional real. El joven al que una organización criminal intenta reclutar necesita encontrar primero al Estado, a su colegio, a su comunidad y oportunidades.
La batalla por Bogotá no se gana solamente capturando delincuentes. Se gana impidiendo que las mafias sustituyan al Estado en los barrios. La frase “Bogotá me pertenece” debería incomodarnos a todos. Pero sobre todo debería convertirse en una línea roja para las autoridades. En esta ciudad no pueden mandar quienes amenazan, extorsionan, asesinan o reclutan jóvenes.
Bogotá les pertenece a quienes madrugan, trabajan, estudian, emprenden y construyen comunidad. Y frente al crimen organizado el mensaje tiene que volver a ser inequívoco: aquí manda la ley.