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Opinión

  • | 2019/07/11 13:13

    En defensa de la Corte

    La frustración por la fuga de 'Santrich', después de que la Corte Suprema decidiera no capturarlo, es entendible; los magistrados no son infalibles, se pueden equivocar y tiene que responder por sus decisiones; sin embargo, los colombianos tenemos el deber de proteger esa institución y por esa vía, el Estado de Derecho.

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La fuga de ‘Jesús Santrich‘, después de no comparecer a la diligencia de indagatoria en la que debía responder a los señalamientos en su contra por narcotráfico, generó una sensación de indignación en un sector de la sociedad y de rechazo a la Corte Suprema de Justicia, que optó por no ordenar la captura antes, pese al prontuario del excomandante guerrillero y a que es señalado por la justicia de los Estados Unidos de conspirar para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país. La frustración es entendible; los magistrados no son infalibles, se pueden equivocar y tiene que responder por sus decisiones, que a veces son difíciles de explicar; sin embargo, los colombianos tenemos el deber de proteger la institución de la Corte Suprema y por esa vía, el Estado de Derecho.

El control social de las decisiones judiciales es fundamental para la democracia y ha evitado en el pasado que las cortes se aparten del ordenamiento jurídico o actúen con base en criterios políticos; no obstante, la capacidad de los ciudadanos de cuestionar los fallos no es patente de corso para desconocerlos o deslegitimarlos, con base en el argumento del Estado de Opinión, que no sólo no es superior al Estado de Derecho, sino que no compatible con su desarrollo pleno.

Coyunturas como la que se vive hoy por cuenta del caso ‘Santrich‘, o la que se vivió a raíz  del fallo de la Corte Constitucional sobre el consumo de drogas en lugares públicos son aprovechadas por algunos sectores políticos para agitar la marea e intentar enfrentar a los ciudadanos con sus operadores judiciales. Propuestas como la del referendo impulsado por Herbin Hoyos que busca acabar de un plumazo con siglos de evolución institucional, no sólo son inviables, sino que llevan a un ambiente de erosión institucional, que deja heridas difíciles de sanar.

Acabar con las Cortes, sacar a los magistrados y  poner “patas arriba”, o al menos sugerirlo, implica dar una señal equivocada a la sociedad. ¿Cómo se le puede pedir a los ciudadanos que acaten los fallos de los jueces si los dirigentes políticos no dan ejemplo?

La Corte  ha sobrevivido episodios tan oscuros como la toma del Palacio de Justicia y las ‘chuzadas‘; esperanzó al país al descubrir y juzgar a decenas de parapolíticos y lo decepcionó cuando algunos de sus miembros se aliaron con la delincuencia, en el oscuro pasaje del Cartel de la Toga; en su recinto se han sentado magistrados de la talla de Alfonso Reyes Echandía y corruptos como Gustavo Malo y, aún así, la institución ha trascendido las personas. Por más incómodas e inconvenientes que a veces parezcan las instituciones, son necesarias para mantener un balance en la vida en sociedad y para protegernos de la tiranía que incluso a veces se manifiesta en la voluntad de las mayorías. Las altas cortes, a las que llegamos después de siglos de evolución republicana, son de la esencia de la Constitución y tenemos que blindarlas de los ataques políticos, de la efervescencia del ambiente e incluso de quienes pasar por ellas, de eso dependen nuestros derechos y libertades.

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