Que este Gobierno decidió entregarles los altos cargos del Estado a personas sin competencia no es novedad. Después de que el presidente Gustavo Petro sacó de su gabinete a personas capaces, porque no cedieron a sus caprichos de emperador, quedó claro que la consigna sería nombrar en cargos decisivos a personas dispuestas a hacer lo que Petro ordene, sin importar si esta decisión se lleva por delante la estabilidad del país. El único requisito indispensable para estar en el círculo de poder del Gobierno es ser un defensor del proyecto “progresista” a como dé lugar.
Pero el caso más aberrante, dentro de todos estos casos aberrantes de nombramientos de personas sin capacidad, es el de Wilmar Mejía como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
La Uiaf es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que recibe la información de todos los movimientos financieros de los colombianos. Es la que sigue el rastro del dinero del país. Todos los bancos están obligados a reportar a la Uiaf sus operaciones, al igual que las aseguradoras, las fiduciarias, los comisionistas de bolsa, entre otros. El objetivo de esta entidad es detectar operaciones sospechosas que puedan estar encubriendo lavado de activos. Por eso también están obligadas a reportar a esta entidad las notarías, las inmobiliarias y las empresas de sectores vulnerables al lavado, como las comercializadoras de oro, las compraventas de vehículos, los casinos, las casas de cambio, etcétera.
Lo que hace la Uiaf es cruzar los datos, revisar los patrones y utilizar la inteligencia financiera para detectar dónde puede haber dinero del narcotráfico, del terrorismo o de la corrupción.
Este jueves, el presidente Petro determinó que la persona más idónea para manejar la Uiaf es Wilmar de Jesús Mejía. Él es licenciado en Educación Física, egresado de la Universidad de Antioquia, sin ninguna formación fuera del ámbito deportivo ni experiencia alguna para ocupar un cargo tan delicado y técnico como este. Pero lo que le falta en formación y experiencia lo tiene de sobra en cuestionamientos.
Wilmar Mejía era hace un par de décadas un activista estudiantil de la Universidad de Antioquia. Su primer registro dentro de la esfera pública está en 2015, cuando se desempeñó como gerente de campaña a la asamblea de Antioquia de Hernán Darío Torres, diputado liberal al servicio del cuestionado excongresista Julián Bedoya. Su rastro sigue en la Alcaldía de Itagüí, donde fue contratista en 2020 del alcalde conservador Diego Torres, afín también a Bedoya y a su compadre, el senador Carlos Trujillo. Junto con ellos empezó a trabajar en la campaña de Gustavo Petro.
Por su fidelidad al presidente y su experiencia en el movimiento estudiantil, Petro lo designó su representante en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.
Pero su nombre salió del anonimato cuando se conoció que Jorge Lemus, entonces director nacional de Inteligencia y exmilitante del M-19, lo nombró director de Operaciones dentro de esta entidad y le entregó la tarea de coordinar y ejecutar las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Estado. La justificación de este nombramiento, según dijo Mejía a los medios, estaba en que él era un informante del Ejército, y les gustó tanto su trabajo de informante que el Gobierno decidió entregarle la inteligencia del Estado. ¡Qué de buenas!
Este nombramiento pasó de ser turbio a definitivamente oscuro cuando un informe de Noticias Caracol reveló que el nombre de Wilmar Mejía aparecía mencionado en mensajes incautados a Alexánder Díaz, alias Calarcá, jefe de las disidencias de las Farc.
En estos mensajes, según la prensa, Wilmar Mejía aparece como la persona que estaría planeando la creación de una empresa de seguridad fachada para que las disidencias de Calarcá (que adelantan diálogos con el Gobierno) pudieran obtener armas legalmente. Mejía es señalado, además, de entregar información sobre los movimientos de la fuerza pública para que las disidencias evadieran los operativos del Ejército.
Wilmar Mejía ha dicho que todo es mentira.
Por este escándalo de las supuestas filtraciones a Calarcá, Jorge Lemus renunció a la DNI, pero el presidente lo premió entregándole la dirección de la Uiaf. Allí estuvo desde octubre de 2025 hasta el pasado primero de abril.
¿Y a quién nombró Petro en reemplazo? ¡A Wilmar Mejía!
A propósito de Lemus, en los últimos días se conoció que se habría reunido con el abogado de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, y le habría ofrecido beneficios en el marco de la paz total. Lemus también fue la persona que ordenó ocultar en un apartamento de Bogotá a Willington Henao, alias el Mocho Olmedo, jefe del frente 33 de las disidencias de Calarcá, tras ser capturado por la Fiscalía. Allí estuvo escondido hasta que lo nombraron negociador de paz. Nadie se explica por qué Lemus terminó protegiendo al Mocho Olmedo si esta tarea nada tiene que ver con la DNI.
Pero lo cierto es, amable lector, que todos sus bienes, sus cuentas, sus empresas, sus transacciones financieras, sus compras de inmuebles y toda operación en la que se haya movilizado dinero ha estado en manos de Lemus y ahora en manos de Wilmar Mejía, el licenciado en Educación Física, acusado de ser enlace de Calarcá.
¿Por qué le entregaría el presidente Petro todo este acceso a información tan sensible de los colombianos a personajes tan cuestionados? Dato para cerrar: tras la salida de Lemus de la DNI, este cargo está ahora en manos de René Guarín, exmiembro también del M-19. Guarín fue capturado en 1988 tras participar del frustrado secuestro del publicista Jorge Valencia Ángel en Bogotá. Quedó en libertad tras la desmovilización del M-19 en 1990. Es hermano de Irma Guarín, una de las desaparecidas en la toma del Palacio de Justicia.
Ellos son quienes manejan la inteligencia del país.