Enemigos de los jueces

La semana pasada podría pasar a la historia, como la de 1985, como una que cambió a Colombia. Una decisión —de obligatorio cumplimiento, se aclara—, rodeada de cuestionamientos no solo jurídicos, sino políticos y éticos, es la que tiene a un expresidente de la República con una pena superior a la de algunos de los peores delincuentes de los tiempos modernos de nuestra patria.

Sin embargo, en esta columna no corresponde lanzar dardos contra la exorbitante condena y la infundada captura inmediata del señor Álvaro Uribe Vélez, aunque ciertamente resulta llamativo que Uribe haya sido condenado a doce años de cárcel y un bandido como Sneyder Pinilla lo haya sido a cinco años y ocho meses. Esta columna pretende llamar la atención, en cambio, sobre un fenómeno político que únicamente exhibe —y prístinamente— la mediocre cultura política de nuestra nación colombiana.

Ante un expresidente condenado con incontables irregularidades, vimos a un oficialismo progresista rugir victorioso, como si no faltase más de la mitad de la disputa judicial a través de apelaciones, casación y tutelas. Senadores, representantes y los remanentes de la alguna vez ingente base de simpatizantes petristas inundaron las redes sociales para consagrar a Iván Cepeda, conocido como ‘Don Iván’, como su carta presidencial, por encima del cuestionado Quintero y el mediocre Bolívar.

Todos, al unísono, empezaron a defender el trabajo de la Juez Heredia, exaltándola como una mujer valerosa que daba credibilidad a la autonomía y rectitud de la Rama Judicial colombiana.

Si no fuese una contradicción casi existencial de esa izquierda oficialista, esto haría parte del relato político que están intentando imponer, pero resulta hilarante escuchar a la orilla política que más esmero ha puesto en la polarización nacional defender a la Rama Judicial. Escuchamos al protagonista de esta historia, Don Iván, sosteniendo —sin sonrojarse— en W Radio que “Uribe persigue a los jueces en Colombia”, y que todos sus simpatizantes han iniciado una campaña para injuriar y ultrajar a la jueza Heredia.

Es comprensible que ahora pretendan arroparse con el manto de defensores de la institucionalidad, y más aún cuando parece un desespero ideológico y mediático.

Pretenden enemistar a todos los miembros de la oposición en Colombia con los honorables jueces de la República, algo que nunca ocurrirá por el arraigado espíritu institucionalista y santanderista de las mayorías detractoras de este Gobierno, grupo en el cual me incluyo como estudiante rosarista. La realidad es que la Juez maltrató al procesado Uribe, insultó a sus hijos y juzgó la personalidad del sujeto en vez de las pruebas.

En cualquier caso, la verdadera aspiración patriótica nos obliga remitirnos a libros de historia y a los testimonios de nuestros mayores. Un ejercicio como el propuesto muestra la plena hipocresía de Don Iván y la incoherencia de todos sus escuderos.

Los verdaderos enemigos de la justicia en Colombia, de los jueces y su valentía humana, son quienes hoy se encuentran atrincherados en el Gobierno y el oficialismo.

En ya repetidas ocasiones hemos escuchado al presidente de la República acusar a los magistrados de las altas cortes de estar fraguando un golpe de Estado en su contra, por la sencilla razón de estar ejerciendo estos el control jurisdiccional y la tutela judicial efectiva contra leyes inconstitucionales y actos abusivos de la función administrativa. ¿No fue en junio de este año que Petro acusó a Jorge Enrique Ibáñez de actuar con “odio ideológico” contra su Gobierno? ¿No acusó a la Corte Constitucional de querer propinarle un golpe de Estado por haber devuelto su cuestionable reforma pensional? ¿O el 9 de julio, cuando afirmó que los invadía una “falta de espíritu democrático” y una servilidad a “los sectores más ricos del país”?

Un infundado odio de clases que el grueso de la nación encuentra ridículo. Son incontables las diatribas lanzadas por el jefe de Estado contra los jueces de nuestra República, repercutiendo en el mundo real, como pasó en el asedio del 8 de febrero de 2024 al Palacio de Justicia, para que los magistrados de la Corte Suprema escogieran a la fiscal de Gustavo Petro.

Ahora, no basta con mencionar los ataques del presidente, vale la pena recordarle a Don Iván que él aparece mencionado en los computadores de Raúl Reyes como un coordinador de la movilización social y política de las FARC y su macabra estrategia de emplear todas las formas de lucha.

Quizás resulte valioso desempolvar todos esos archivos que la Corte Suprema enterró, pese a que el secretario general de la Interpol, Ronald Kenneth Noble, reconoció que la información en ellos descubierta “no fue modificada, alterada, adicionada o borrada”. ¿El rompimiento de la cadena de custodia sí constituye una violación al debido proceso de Don Iván, pero no al de Álvaro Uribe? Curiosamente selectivo ese trato por parte de algunos jueces politizados.

Quienes amamos la historia sabemos que los verdaderos enemigos de los jueces colombianos son quienes se han escudado en la retórica revolucionaria para atacarlos, por ser ellos los símbolos irrefutables de que en Colombia, pese a los embates de la narcoinsurgencia, sí ha existido una democracia imperfecta que aspira a mejorar.

Hace una generación, los revolucionarios asaltaron el Palacio de Justicia y ejecutaron magistrados, atentado que no sorprende cuando, en su misma autobiografía, Petro afirma que a ellos los juzgaban penalmente “sus enemigos”, los jueces sin rostro que, irónicamente, plantaron cara al narcotráfico y a la insurgencia. Hoy, los herederos de esa fracasada revolución intentan maquillar sus vínculos con las FARC y escudarse detrás de la legitimidad que la Rama Judicial ha construido no gracias a ellos, sino a pesar de ellos. ¡Hipocresía absoluta!

Ñapa: Son perfectamente creíbles las revelaciones de Vicky Dávila en torno a la adicción parrandera del presidente de la República, pues va en consonancia con el generalizado rumor de que tuvo que someterse —entre febrero y abril de 2022— a un tratamiento para controlar su afición por el café. En cualquier caso, así tanto bodeguero sostenga lo contrario, es gravísimo que Petro tenga, simultáneamente, semejantes hábitos destructivos y la dirección del Gobierno.