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La financiación de las campañas y la captura del Estado

Aristóteles distinguía, por así decirlo, tres tipos de sistemas políticos: la Monarquía, la Aristocracia y el “Público gobierno”. La primera, como su nombre lo indica, sería el gobierno de uno solo; la segunda el de unos pocos; y el tercero el gobierno de todos.

Jesús Pérez González-Rubio , Jesús Pérez González-Rubio
16 de mayo de 2018

Estos sistemas políticos pueden degenerar en “viciosos gobiernos”. Así el “Reino” o monarquía en tiranía; la aristocracia en oligarquía y “el público gobierno”, en democracia. Descalifica a todas estas formas de gobierno llamándolas “degeneradas” porque “ninguna de ellas se dirige a lo que conviene a todos comúnmente”, “porque la tiranía es señorío de uno encaminado a la utilidad del que es señor, y la oligarquía es señorío enderezado al provecho de los ricos y poderosos, y la Democracia es señorío enderezado al provecho de los más necesitados y gente popular”. (Negrillas, mías)

“Es, pues, la tiranía, como ya hemos dicho, un señorío en la comunidad civil semejante al que un señor tiene sobre sus esclavos. La oligarquía es cuando se hacen señores los que tienen las haciendas, y democracia, por el contrario, cuando son señores los que no tienen muy grandes haciendas, sino que son gente necesitada”. (Política, volumen(I), ediciones Orbis, S.A., 1985, p. 136)

La oligarquía de Aristóteles también se conoce en nuestros días con el nombre de plutocracia. Es verdad que como lo señalan muchos autores existe la llamada ley de hierro de la oligarquía, es decir, que en toda organización hay una elite dominante.

¿Cuáles son los principales instrumentos que permiten que ciertos electores dominen a los elegidos: Que les rebajen los impuestos efectivos a pagar mediante fórmulas como las de las zonas francas especiales, los descuentos tributarios para quienes adquieran activos fijos productivos, los llamados contratos de estabilidad jurídica, los subsidios a la industria y a la agricultura ineficientes con costos de producción superiores a los precios de venta del mercado y en consecuencia incapaces de competir con la producción extranjera aún en nuestro propio territorio?

José Antonio Ocampo hizo el siguiente reto en la revista SEMANA que ninguno de los candidatos a la Presidencia que aspiran a disminuir aún más los impuestos corporativos de lo que lo hizo la última reforma tributaria (Ley 1819/2016) ha recogido con suficiente seriedad: “quien pida bajar impuestos diga cómo remplazarlos o qué exenciones eliminar”.

Mauricio Botero Caicedo ha recogido el guante y ha escrito:

“En lo que a exenciones a eliminar se refiere, la respuesta, doctor Ocampo, es sencilla: elimine todas… absolutamente todas las exenciones, siempre y cuando reduzca los impuestos en la misma proporción. El sistema tributario colombiano, inequitativo e ineficiente, es un verdadero desastre y es responsable en gran parte de la escandalosa informalidad que caracteriza nuestra economía. Durante el 2016, las exenciones sumaron la astronómica cifra de $72,3 billones, un incremento del 8,1 % respecto al año anterior. La cifra es equivalente al 9 % del Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado, por lo que es más de cuatro veces los dos puntos del PIB que el país intenta subir el recaudo tributario con la pasada reforma”. (El Espectador, 9 sept.17) Esta pasada reforma baja la tasa nominal de tributación para las empresas a partir del año gravable 2.018 al 33% de la renta líquida gravable y ya no tienen la carga de los parafiscales. Esta tarifa quizás se puede reducir en 2 ó 3 puntos más a condición de eliminar todas las exenciones tributarias, lo que permitiría un mayor gasto social, especialmente donde más se necesita, la educación y la salud.  

Hay sí cuatro medidas tributarias que tomar sobre las cuales los candidatos no se pronuncian, y deberían hacerlo: 1) La eliminación de todas las exenciones tributarias como propone Mauricio Botero; 2) Darle sustancialmente a los ingresos de las personas naturales por concepto de dividendos el mismo tratamiento que se le da a las otras rentas de capital, los arrendamientos, por ejemplo, una tarifa progresiva como las de las rentas de trabajo; 3) Eliminar los subsidios a las empresas como lo hizo la señora Thatcher en Inglaterra, las cuales debieron modernizarse incorporando tecnología de punta para ser competitivas; 4) Gravar las bebidas azucaradas y otros productos de este tipo dentro de la obligación del Estado de preservar la salud y la vida de los colombianos tal como lo prescribe el a.2° de la Constitución.

¿Será posible, dados los factores reales de poder actual, tomar estas medidas?  La respuesta es sí si se toma una crucial: Eliminar la financiación privada de las campañas electorales que es lo que le permite a contratistas, a pequeños grupos organizados de poder económicamente fuertes a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, apoderarse de las decisiones estatales, principalmente en materia de contratación.

El Presidente Santos tuvo la buena idea de que por dos o tres periodos presidenciales y obviamente de Congreso, desapareciera la financiación privada de las campañas. Fue un momento en que la corrupción en materia de contratación en infraestructura parecía ahogarnos. Luego, desafortunadamente, olvidó el tema a la hora de presentar el frustrado último proyecto de reforma política al Congreso.

Pero no hay razón para desesperar. Los dos candidatos punteros en las encuestas se han comprometido con la idea: Iván Duque Márquez y Gustavo Petro Urrego. El primero se ha expresado en los siguientes términos: “Las campañas para cuerpos colegiados legislativos deben ser financiadas por el Estado, y en estas ninguna persona puede estar por más de tres periodos, consecutivos o no. Así mismo, buscará que las campañas presidenciales sean financiadas por el Estado en igualdad de condiciones para todos los candidatos”. (SEMANA, Elecciones Presidenciales 2018, edición No.1880, p.10)     

Y Gustavo Petro ha dicho: “Promoveremos que las campañas electorales sean financiadas en su totalidad por el Estado y enfrentaremos toda práctica partidista tendiente a ejercer control burocrático de entidades, a desviar recursos públicos o a constreñir o manipular a la población a favor o en contra de un grupo político”. (Ver aquí)

Por cuenta de esta medida habrá menos corrupción, tendrán menos influencia los grupos privados de intereses al igual que los lobistas y el Estado en su conjunto será en la práctica más propenso a  la defensa del interés público o general.

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Añadido: “Las encuestas de opinión señalan en la punta de la carrera presidencial a dos exponentes de los extremos del espectro político actual: uno cercano al populismo de derecha y otro al populismo de izquierda. A este último lo llama la revista SEMANA “populismo moderno”, sin saberse el significado del término. Pero, populismo es populismo. (revista SEMANA, 6 de mayo de 2018, p. 20). ¿Habrá, entonces, que escoger entre dos modalidades de populismo? ¿Qué se hicieron los principios liberales que, mal que bien, orientaron la política colombiana en el siglo XX?” (Hay que cuidar la democracia colombiana, Carlos Caballero Argáez, El Tiempo, 12 mayo de 2018)

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