Hacia un referendo humanitario

En unión de numerosos sectores de la sociedad civil hemos decidido liderar un referendo humanitario en respuesta al clamor ciudadano por un acuerdo que permita la liberación de los compatriotas secuestrados por los grupos insurgentes, frente a la indiferencia de piedra del gobierno de Uribe Vélez.

No cabe duda de que estamos frente a un gobierno que olvida y desconoce los esfuerzos de la sociedad civil organizada, las sugerencias de los ex presidentes, el dolor de las familias de los secuestrados, el ruego piadoso de las iglesias católica y cristianas, las normas internacionales a las que está sujeto por leyes y tratados y una historia nacional donde el intercambio humanitario ha sido una constante de este país en conflicto.

Este es un gobierno secuestrado por su proyecto de seguridad que él mismo no maneja, heredado de modelos ajenos a la tradición democrática, que acrecienta con su tozudez bélica la tragedia humana -de la que no es ajena las FARC- de miles de civiles, oficiales y suboficiales de la fuerza pública, funcionarios de corporaciones y entidades territoriales: hombres y mujeres que defendieron o trazaron caminos posibles para esta nación y que hoy se pudren en las selvas de este país sin la menor consideración de las fuerzas en conflicto.

Argumenta falazmente el gobierno que no tiene herramientas jurídicas para propiciar el intercambio humanitario y, de inmediato, aparecen propuestas dóciles y acríticas de parlamentarios neouribistas cuya implementación prolongaría innecesariamente en el tiempo el inhumano cautiverio de nuestros compatriotas; son "iniciativas" -dignas de mejor causa- que sólo buscan incrementar el poder de un mandatario que no tiene real voluntad política para poner en marcha este mecanismo humanitario.

Si el gobierno estuviera dispuesto a realizar el intercambio podría ampararse -como lúcidamente lo ha propuesto el ex presidente Alfonso López Michelsen- en la normatividad internacional como la convención de Ginebra y sus diversos protocolos, la Convención de La Haya, la Convención de Ottawa, para sólo citar algunos de los tratados que amparan los derechos humanos en casos de conflicto. Como si fuera poca la normativa jurídica internacional tenemos una moderna Constitución que establece la protección de los derechos a la vida e integridad personal como responsabilidad esencial del Estado y normas como la ley 418 de 1997 en las que se establece que el gobierno podrá realizar todos los actos tendientes a adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con las organizaciones insurgentes para la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

Nuestro mandatario, empecinado en la eliminación a sangre y fuego de los efectos de la injusticia social, en un país donde la miseria alcanza el 30% de la población, parece no enterarse del ejemplo que hace pocos días brindaron enemigos ancestrales y acérrimos, cuando propiciaron, en un convenio entre Israel (con Ariel Sharon, del cual es émulo ideológico el presidente Uribe) y el Hezbolá, un intercambio humanitario, que contempla la puesta en libertad del empresario Elhanan Tannenbaum, retenido por el grupo integrista, y la devolución de tres cadáveres de soldados, a cambio de la liberación de más de 400 presos encarcelados en Israel.

La propuesta de convocar un referendo humanitario cumple dos propósitos. En primer lugar, movilizar a los diferentes sectores de la sociedad colombiana a sensibilizarse con un drama olvidado e ignorado que afecta a muchos compatriotas y contraviene los mandatos de nuestra Carta Constitucional. Y en segundo lugar, rescatar y rehabilitar la institución de la participación ciudadana y el referendo como un instrumento legítimo para consagrar, por iniciativa popular, actos legislativos de obligatorio cumplimiento para el gobierno.

El referendo humanitario constituiría una presión legítima e invaluable que volcaría la mirada del mundo hacia las FARC y al Gobierno colombiano, para que concertaran sin dilación un acuerdo de intercambio.

Para lograr este propósito, continuaremos invocando las voluntades y la capacidad de trabajo de diferentes conglomerados humanos, sensibilizados con esta amarga realidad, quienes ya se han solidarizado con nuestra propuesta. Con ellos, lograremos en primera instancia la recolección de firmas necesarias establecidas en la ley 134 de 1994. Luego, convocaremos al pueblo colombiano para que se pronuncie en las urnas, sobre su decisión de promover el intercambio humanitario. La voluntad expresa de los colombianos en las urnas se convertiría de esta forma en acto mandatorio al gobierno y en una obligación moral para las FARC. El resultado del referendo se debe convertir en una solución inmediata que pase de la votación a la instalación de una comisión negociadora y al inicio del proceso de intercambio humanitario.

Ni indolencia, ni dilación, ni olvido para los compatriotas enterrados en la selva y para sus angustiados familiares. El referendo humanitario es la única solución.

*Senadora de la República