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Ilusiones institucionales

Antonio Caballero
19 de abril de 1993

EL EX PRESIDENTE BELISARIO BETANcur, miembro de la "Comisión de la Verdad" designada por la ONU para investigar las atrocidades de la guerra sucia en El Salvador, cumplió hace poco 70 años. Pero conserva todavía intactas todas sus ilusiones, como una colegiala. Así se lo confió a una periodista que le preguntó si creía que uno de los episodios de esa guerra, el asesinato de seis jesuitas por los militares salvadoreños, había "pasado inadvertido" para sus asesores norteamericanos. Dijo Betancur, caviloso:
-Me hace una pregunta difícil. Me hago la ilusión de que pasó inadvertido, de que fue conocido por individualidades, pero no institucionalmente.
¿Qué individualidades? ¿El embajador norteamericano en San Salvador? ¿El director de la CIA? ¿El entonces presidente Bush? Betancur no lo aclara. Pero parece mentira que, a su edad y con su experiencia política, todavía se haga ilusiones sobre la diferencia entre las instituciones y los individuos que las manejan. Por lo que ha visto con sus propios ojos en la larga guerra sucia de la propia Colombia, por lo que ha debido leer en los libros de historia, y en los informes confidenciales, y hasta en los periódicos, Betancur debería saber de sobra que la guerra sucia, la de El Salvador o la de cualquier otro sitio, no sólo es "conocida institucionalmente" por los gobiernos de los Estados Unidos sino también algo más: institucionalmente decidida, y en muchos casos institucionalmente financiada por ellos.
En el caso específico de El salvador eso no es ningún secreto, ni siquiera para alguien visiblemente tan poco interesado en informarse como el iluso ex presidente Betancur. Doce años duró allá la guerra sucia: ocho de Reagan y cuatro de Bush. Y en ese período las Fuerzas Armadas salvadoreñas, que desencadenaron una campaña generalizada de terror, de matanzas indiscriminadas, de torturas, de desapariciones y de asesinatos -campaña de la cual el caso de los jesuitas es apenas un botón de muestra-, recibieron la totalidad de su presupuesto de los Estados Unidos: cuatro mil millones de dólares, a veces clandestina y a veces abierta, pero siempre institucionalmente: procedentes del Congreso o del gobierno norteamericanos. Institucional era igualmente la asesoría militar: cientos de consejeros oficiales, enviados y pagados por el ejército norteamericano y por la CIA. E institucionales también los métodos recomendados y enseñados por esos asesores: las ya citadas matanzas, torturas, desapariciones. ¿O qué cree un ex presidente de Colombia que los militares norteamericanos les enseñan a sus alumnos militares del resto del continente? ¿Costura? ¿Tecíaología nuclear?
No. Les enseñan guerra sucia. Los adiestran en los mismos métodos que el propio ejército norteamericano practicó institucionalmente durante años en el Vietnam, y que, unidos a otros más tradicionales -el bombardeo de alfombra o con napalm incendiario, la defoliación de bosques, la deportación de poblaciones- dejaron dos millones de muertos en ese país. Tales métodos se usaban allá, como luego en El Salvador, de manera encubierta. Pero siempre institucional. Así lo prueba -también un simple botón de muestra-el caso más famoso de los que fueron revelados por la prensa norteamericana en su momento: la matanza de My Lai, de la cual acaban de cumplirse 25 años.
En My Lai, los 105 hombres de la "Compañía Charlie", perteneciente a la 11a. Brigada de la División Americana, al mando del teniente William Calley, asesinaron a más de 500 campesinos vietnamitas, mujeres, niños y ancianos: ningún combatiente vietcong. Se dijo entonces que se había tratado de una atrocidad individual, y no institucional, y en el primer momento del revuelo Calley -sólo él fue juzgado- resultó condenado a cadena perpetua.
Pero luego, discretamente, entraron en juego las instituciones. Y de tan ejemplarizante sentencia Calley sólo pagó cuatro meses de cárcel -en una prisión militar- y 31 meses más bajo arresto domicilario. Y ni siquiera fue expulsado del ejército.
Ahora se pide la amnistía para los militares asesinos de El Salvador. La tendrán, como la tuvo Calley. Y, como las atrocidades, será una amnistía institucional.

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