No se puede tapar el sol con indignación selectiva. No se puede gritar persecución cada vez que aparecen hechos incómodos. Y no se puede pretender que porque la justicia no ha tomado decisiones de fondo entonces no existen preguntas graves. El silencio institucional no convierte los expedientes en fantasía. Mucho menos cuando alguien aspira a la Presidencia y pretende que solo se hable de lo que le conviene.
En 2008, Interpol realizó el peritaje técnico a los computadores incautados al abatido narcoterrorista Raúl Reyes y concluyó que no fueron modificados ni alterados por las autoridades colombianas después de su incautación. Eso quedó consignado en el informe oficial. Lo que después discutieron las cortes fue la validez procesal por la forma en que esos equipos fueron obtenidos en territorio ecuatoriano y los alcances de la cadena de custodia frente a la competencia territorial. No se discutió la autenticidad técnica del contenido.
Una cosa es un debate jurídico sobre procedimiento. Otra muy distinta es afirmar que todo fue manipulado. El informe fue claro sobre la integridad de los archivos. Mezclar invalidez procesal con inexistencia o falsedad del contenido es torcer lo que realmente dijeron los peritos.
¿Y qué contenían esos computadores? Miles de correos electrónicos, comunicaciones internas de las Farc, referencias a contactos políticos, gestiones internacionales, estrategias de propaganda y seguimiento a la movilización del 6 de marzo de 2008. En algunos intercambios se hablaba de articulación con sectores políticos y sociales, de escenarios internacionales y de cómo capitalizar coyunturas mediáticas. No eran simples apuntes sueltos. Eran comunicaciones estratégicas de una organización narcoterrorista que, a pesar de disfrazar su desmovilización a través de un “proceso de paz”, aún sigue activa.
En ese universo documental aparece mencionado el hoy candidato presidencial Iván Cepeda en relación con la movilización del 6 de marzo, una marcha que públicamente se presentó como un acto contra el paramilitarismo y los crímenes de Estado. La discusión no es si marchar era ilegal. La discusión es por qué el nombre de un dirigente político aparece en comunicaciones internas de una estructura guerrillera que analizaba y seguía de cerca ese evento.
La invalidez procesal no borra esa referencia ni elimina las preguntas políticas que surgen de allí. Señor Gustavo Petro, usted que intenta reescribir la historia para ayudar a su candidato, el debate jurídico no convierte en fantasía lo que quedó registrado en un informe técnico internacional.
La investigación de La Silla Vacía tampoco fue menor. Revisó la tesis de que el nombre de Cepeda había sido sembrado por el DAS y concluyó que no encontró evidencia de ese montaje. Es decir, la narrativa de que todo fue fabricado no quedó respaldada en esa revisión periodística.
Entonces el panorama no se puede reducir a consignas. Hay un peritaje internacional que respalda la integridad técnica de los archivos. Hay una discusión judicial estrictamente procesal. Y hay una investigación que descarta el montaje del nombre.
Ahora súmele el otro frente.
Alias Víctor, exparamilitar que declaró en el caso contra Álvaro Uribe, fue condenado a 72 meses de prisión por falso testimonio. Y en 2016 dijo ante la Corte Suprema que Iván Cepeda le habría pedido mentir sobre supuestos vínculos entre Uribe y grupos paramilitares a cambio de beneficios.
No estoy diciendo que Cepeda esté condenado. No lo está. Pero sí existe una sentencia contra el testigo que participó en ese proceso. Y sí existe una declaración en la que lo involucra. Entonces, ¿por qué no hay una investigación abierta en su contra? ¿No es evidente que esto amerita, al menos, una revisión judicial?
Cuando uno junta todo esto, lo que queda es un cuadro político que no puede seguir desestimándose como simple persecución. Su nombre aparece en los computadores de un jefe guerrillero, cuyo contenido técnico fue avalado en su integridad. Una investigación periodística descarta que esa mención haya sido sembrada. Y un testigo condenado por mentir aseguró que recibió presiones.
¿Eso prueba judicialmente un delito? No. ¿Eso obliga a dar explicaciones políticas claras? Sí. Y sí evidencia, como mínimo, una cercanía, una relación política y contextual que no puede seguir minimizándose ni escudándose en la simple persecución para desvirtuar lo evidente.
Si todo esto está documentado, si hay peritajes, investigaciones periodísticas y una condena por falso testimonio dentro de ese mismo entramado, ¿por qué la justicia no ha tomado acciones frente a Cepeda ante tanta evidencia acumulada? ¿Por qué pareciera que nadie se atreve siquiera a tocarlo?