Gasolina para el incendio

Las cifras reveladas por Noticias RCN y que seguramente se harán oficiales la próxima semana, son alarmantes: Colombia pasó de tener 96 mil hectáreas de coca en 2015 a 146.000 en 2016, lo que implica un crecimiento del 52 por ciento en el último año. Sólo el municipio de Tumaco tiene tantos cultívos ilíticos como toda Bolivia y la situación de Nariño en términos generales es verdaderamente calamitosa.

El Catatumbo es otro de los lugares del país en los que el Estado parece haber perdido la guerra contra la coca. El presidente Juan Manuel Santos recibió esta problemática zona de Norte de Santander con unas 2 mil hectáreas de sembradíos criminales y en siete años ya van por 25 mil.

El panorama puede ser mucho peor pues, según algunos expertos, la cifra oficial que entregará la ONU el próximo viernes no recoge valoraciones de la productividad por hectárea y en ese sentido puede haber cientos de toneladas de coca que estén subregistradas. Además, en estos primeros siete meses de 2017 las cosas seguramente se agravaron y el balance con el que el gobierno se despedirá en 2018 será verdaderamente nefasto.

Entretanto, el Ejecutivo se dedica a usar gasolina para apagar un incendio de semejantes proporciones. Su jugada para desactivar el paro del Catatumbo en el año 2013 salió mal a todas luces y además de una pérdida de dinero considerable en subsidios pésimamente direccionados, los indicadores demuestran que la coca se apoderó definitivamente de esa zona.

En materia de sustitución voluntaria, derivada del acuerdo de paz, las cosas no se hicieron mucho mejor. De una expectativa que tenían las familias cocaleras de 3 a 5 millones de pesos pasamos ligeramente a ofrecerles 36 millones en 18 meses sin que exista una realidad fiscal en el país que pueda sostener semejante promesa. Analistas que saben de este tema con quienes conversé antes de escribir la columna, me dicen que se necesitarán entre 7 y 10 billones de pesos para adelantar exitosamente los programas de sustitución. El gobierno cree tener 2,5 billlones listos pero en realidad, los mismos analistas, señalan que la disponibilidad presupuestaria no pasa de 300 mil millones que tiene la Agencia de Renovación del Territorio.

Ni siquiera hay claridad sobre si esos dineros irán todos a las familias que participan en los programas de sustitución o si la ONU, que pasará a convertirse en ‘verificadora’, cobrará un peaje tan alto por su misión que la plata termine en las manos de burócratas internacionales y no en las de los colombianos a los que se les quiere ofrecer otra alternativa de vida en el campo.

¿Podrá el Estado cumplir la apuesta tan alta que hizo o estaremos, de nuevo, apagando el incendio con gasolina y ad portas de una conflictividad social como nunca antes habíamos visto en el campo por cuenta de las promesas rotas?

Las que en cambio deben estar dichosas son las Farc que, con esta situación ganan por punta y punta: obtienen algunos recursos entregados a su gente de manera desordenada y confusa y cuando vean que no será posible mantener el chorro de dinero, capitalizarán ese descontento social a su favor.

No es que estemos inundados en coca, ¡es que nos ahogamos ya! y aunque Rafael Pardo, Eduardo Díaz y el General Naranjo tengan las mejores intenciones para sacarnos de la olla, a este gobierno le quedó irremediablemente grande el problema de las drogas.

Twitter @JoseMAcevedo