Uno de los pilares para que funcione una sociedad es que la justicia cumpla con su rol. Que sea ciega, es decir que trate por igual a todo el mundo, que sea eficiente, es decir que funcione a un costo bajo y que sea eficaz, es decir que de sus veredictos y sus penas dentro de las expectativas de los ciudadanos en tiempos y en calidad.
Históricamente, la justicia no ha funcionado bien en Colombia, por lo menos en dos de las tres dimensiones mencionadas. No solo muy pocos comportamientos criminales son castigados sino que en muchos casos la justicia es utilizada por abogados sin principios ni escrúpulos para incomodar a terceros sin razón. Pero como bien dice el dicho, en el país a nadie se le niega una demanda.
Lo preocupante de una justicia que no es ciega es que los ciudadanos terminan siendo más tímidos en crear colectivamente para beneficio de la sociedad, por miedo a que en la interacción con terceros terminen perdiendo su esfuerzo. Hoy lo pueden decir las empresas petroleras y mineras, los empresarios del campo y en muchos casos quienes atienden al sector público.
Pónganse ustedes en el sitio de Emerald Energy, que hizo una inversión significativa para producir petróleo en San Vicente del Caguán. Grupos campesinos e indígenas sin personería jurídica, le hacen exigencias a la compañía petrolera como construir carreteras que no son de su resorte sino del gobierno. El gobierno entra en negociación con los grupos y, resultado de la ineficacia de estas negociaciones, les queman el campo y pierden no solo la inversión en infraestructura, sino la posibilidad de producir hidrocarburos (y no carbohidratos) a futuro. Fueron, en otras palabras, víctimas de que el Estado, que a pesar de estar avisado, no les garantizó la seguridad.
Se podrán decir muchas cosas, que el petróleo es una plaga peor que la cocaína, que los chinos dueños de Emerald son unos tal por cuáles o cualquier otra barrabasada. Pero la verdad es que al hacer la inversión la compañía confiaba en que el gobierno colombiano respondería por su derecho a la libre empresa y su seguridad y, por eso, le permitió montar la operación.
Ahora asumamos que usted es una compañía minera en Antioquia donde el Gobierno Petro prohibió recientemente esa actividad. De nuevo, podemos argumentar que las compañías mineras contaminan el agua, que dañan el paisaje y que no generan mucho empleo. Pero a muchas de esas compañías que estaban autorizadas para operar ahí se le cambiaron las reglas del juego. Podrán demandar, pero es poco probable que ganen. Si alguna compañía extranjera o un grupo de emprendedores colombianos tenía pensado hacer inversiones en ese sector hoy se lo piensan dos veces, porque la justicia no garantiza su marco jurídico.
Lo mismo ocurre en este instante con la mayoría de las EPS, empresas que se montaron legalmente y que funcionan de acuerdo con las leyes de nuestro país. El gobierno no les garantiza las reglas del juego. ¿Ustedes sinceramente creen que un tercero que le esté vendiendo medicinas a Colombia lo va a hacer con tranquilidad cuando no saben si les van a pagar? ¿Será que un laboratorio alemán o japonés está dispuesto a traer dinero a Colombia para producir localmente sus productos si de un plumazo pueden imponerles precios regulados? La lógica indica que no.
El problema de la inestabilidad jurídica tiene la misma raíz al de la justicia no ciega sino tuerta: a ciertos los castiga cambiándoles la normativa y la regulación y a otros no. Y les da las atribuciones a los funcionarios públicos de decidir a quiénes beneficia, lo cual se transforma en caldo de cultivo para la corrupción.
Así como quienes han desfalcado al Estado y son condenados pocas veces entregan el dinero fruto de su crimen y después de unas condenas reducidas en casa por cárcel gozan de su capital, por lo general nuestros funcionarios públicos que perjudican al país con malas decisiones no pagan el precio por sus errores. A futuro, cuando surgen las consecuencias malignas de sus acciones de gobierno, les queda fácil confundir a un electorado poco ilustrado sobre la causa de los males que crearon.
Poco a poco, van acabando así con el empleo, generan inflación, alejan la inversión y destrozan el nivel de vida de una nación, hundiéndola en la pobreza. Por eso hoy, al leer la alegoría de Piedad Córdoba a Hugo Chávez calificándolo de héroe y después cruzarme con decenas de venezolanos que lejos de su país de origen piden limosna en la calle, llego a la conclusión de que nadie describió mejor a Colombia que García Márquez en Cien años de Soledad con Macondo.