La defensa de la constitución por las fuerzas militares

Con este mensaje, el general Giraldo, comandante de las fuerzas militares, se dirigió a sus mandos cuando manifestó:

“Es cumplir y defender la Constitución en todo momento y en todas las circunstancias”. Adicionó que con “ejemplo de disciplina, respeto a la ley y compromiso con los principios democráticos”.

Sin embargo, pareciera que ese mensaje no es el mismo que está transmitiendo el comandante en jefe de las Fuerzas Militares, el presidente Gustavo Petro. Con sus órdenes a las Fuerzas, da la impresión de que su objetivo es satisfacer a sus aliados de la paz total, muchos de ellos guerrilleros que siempre buscaron llegar al poder por medio de las armas y que lo lograron vía democracia.

A pesar de tener el poder presidencial, parece que ni él ni sus aliados guerrilleros están de acuerdo con la Constitución que juró defender como presidente. Como he manifestado reiteradamente en esta misma columna, el objetivo fundamental durante su mandato es una asamblea constituyente por cualquier medio. Una de las estrategias que hasta ahora le ha dado buenos resultados es minando las Fuerzas Militares y debilitando su moral.

Esto se evidencia en la entrega de grandes partes del territorio colombiano, donde las Fuerzas Militares tenían presencia y mantenían una guerra permanente defendiendo esos territorios de organizaciones guerrilleras. Hoy, los militares y la policía parecen estar marginados, observando cómo se entrega el país territorialmente.

Seguramente, en las negociaciones de la paz total querrán incluir como punto de honor el cambio de nuestra Constitución. De hecho, ya han incluido hábilmente esta intención como parte del acuerdo con las Farc. La semana pasada, en su intervención, el excanciller Álvaro Leyva Durán, el mayor ideólogo, aliado y amigo de las guerrillas en Colombia, dejó claro su apoyo a esta causa.

Pero retomemos la situación de nuestras Fuerzas Militares, que hoy son el objetivo principal del Gobierno para someterlas a sus ideales, como ya ocurrió en Venezuela. El presidente Petro parece seguir el mismo libreto al pie de la letra, y si las Fuerzas Militares no se someten, serán diezmadas, como ya está ocurriendo con la inteligencia y contrainteligencia de nuestro Ejército.

Todo esto busca que el “ejército del pueblo”, como manifiestan los aliados de la paz total —que no son otros que las bases de la guerrilla y las organizaciones delincuenciales—, impongan a su antojo la seguridad en las zonas que el gobierno del cambio les ha entregado como parte de las negociaciones de la paz total. Con la aspiración de una nueva constitución, estas Fuerzas Militares podrían ajustarse a su ideología, como ya sucedió en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Desde que el presidente de la República y el ministro de Defensa asumieron el Gobierno el 7 de agosto de 2022, nuestras Fuerzas Militares y de Policía se han debilitado considerablemente. Ahora, solo actúan efectivamente contra las organizaciones delictivas que no están involucradas en el proceso de paz total. Esta situación ha llevado a centenares de oficiales y soldados a solicitar la baja, ya que consideran que no se está cumpliendo con el compromiso de defender la Constitución que juraron al izar la bandera, debido a una decisión política del gobierno actual.

Las Fuerzas Militares, como las nuestras, se ven obligadas a seguir las políticas de un presidente cuyas intenciones parecen ser apoderarse del poder mediante una reforma constitucional y la politización de las Fuerzas Militares y de Policía.

Los factores y acciones que han contribuido a la politización de las Fuerzas Militares y de policía en el actual gobierno son evidentes:

• Nombramientos políticos: un ejemplo de esto es la designación del general retirado William Salamanca, quien fue parte activa de la campaña del presidente Gustavo Petro e incluso invitó públicamente a votar por él. Esto puede llevar a que cualquier decisión que tome como director se perciba como influenciada por temas políticos.
• Beneficios personales y profesionales: la firma del decreto presidencial 0658 del 21 de mayo otorga nuevos privilegios al ministro de Defensa, Iván Velásquez. Estos incluyen funciones adicionales con respecto al personal de las Fuerzas Militares, como el ingreso al escalafón de oficiales, el otorgamiento de medallas y condecoraciones, el llamamiento al servicio, la ejecución de sanciones disciplinarias, el retiro del servicio activo y las reincorporaciones, entre otros. Estos beneficios pueden fomentar la politización si se perciben como recompensas a miembros de las fuerzas armadas que apoyan una línea política específica.
• Uso de las Fuerzas Militares para fines políticos: cuando las fuerzas armadas son utilizadas para fines que no corresponden a sus funciones constitucionales de defensa nacional, como ocurre en las zonas donde se encuentran los aliados del Gobierno involucrados en las negociaciones de paz total, se convierten en herramientas de los fines políticos del Gobierno, lo cual nunca debe estar por encima de la Constitución.

Por ello, en Colombia es fundamental fortalecer y mantener una clara separación entre las Fuerzas Militares y la Policía para preservar la estabilidad institucional y la democracia. Si no se logra esta separación, las fuerzas podrían politizarse, socavando su papel como instituciones neutrales, tal como está establecido en nuestra Constitución, que garantiza la seguridad y defensa del país.

Quiero finalizar esta columna recordando las órdenes del comandante del Ejército, el general Helder Giraldo, quien enfatizó en la importancia de proteger la Constitución y la ley. A esto, añadiría que es fundamental que tanto él como sus hombres, así como el general Salamanca y todo el cuerpo de policía de Colombia, eviten la politización de las Fuerzas Militares y de Policía.

La mayoría de los colombianos percibimos que la politización ya está ocurriendo, especialmente cuando gran parte del territorio colombiano está en manos de delincuentes debido a un proyecto de paz total. En lugar de buscar la pacificación de Colombia, este proyecto está generando lo contrario, amenazando nuestra democracia y destruyendo nuestra institucionalidad.