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Opinión

  • | 2020/01/14 10:05

    La democracia en manos del “Hombre Invisible” con adenda de la hecatombe humanitaria

    El poder de la inteligencia y la contrainteligencia del Ejército en manos inescrupulosas reviste un gravísimo daño a la democracia. Utilizarlo para hacer seguimiento a altos oficiales de la fuerza pública, a magistrados, periodistas y políticos pervierte su finalidad.

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 En carta al presidente de la República, varios obispos del Pacífico expresaron su preocupación por la connivencia de la fuerza pública con las organizaciones criminales que operan en El Chocó. La viceministra de Defensa y los subcomandantes de las fuerzas escucharon una denuncia semejante, en reunión a la que acompañé el pasado viernes a la senadora Aída Avella y a otras mujeres defensoras de derechos humanos.

Ante la utilización de la palabra “connivencia”, la viceministra Abaunza preguntó si teníamos algún nombre, dato o hecho concreto que pudiera servir para iniciar una investigación. La reacción evidencia la inoperancia de los controles de contrainteligencia encargados de mantener la legalidad en las filas. Con la sola denuncia de hechos notorios en lugares donde opera la fuerza pública, la verificación e individualización correspondiente debería provenir de investigaciones internas, aún en ausencia de nombres específicos por parte de comunidades y defensores.

Ahora que Semana destapa otro escándalo de chuzadas que involucra a unidades de contrainteligencia del Ejército, empieza a clarificarse por qué, como afirma el líder social de Bojayá, Leyner Palacios, “Los únicos que no se dan cuenta son las FF.MM.” Según la revista, algunas unidades del Ejército estuvieron utilizando la sofisticada plataforma tecnológica Hombre Invisible para hacer seguimiento a periodistas, magistrados y políticos y también a coroneles, generales y comandantes de otras fuerzas. Dicha plataforma, afirma uno de sus operadores, permite “hacer de todo: meternos a cualquier computador, acceder a llamadas y conversaciones de WhatsApp y Telegram Web, descargar conversaciones de chat archivadas o borradas, fotos y en general lo que tenga almacenado en la memoria de la máquina infectada.”

Lo más grave es que Semana afirma tener en su poder documentos secretos “en donde la propia contrainteligencia del Ejército había detectado el flujo de la información adquirida ilegalmente y sus protagonistas civiles y militares.” Es incomprensible entonces que conductas indebidas del calibre de las chuzadas se conozcan por las investigaciones de la prensa y no por un anuncio de transparencia gubernamental.

Si el control institucional diseñado para mantener el uso de la fuerza y de los recursos militares dentro de los cauces de la ley no funciona, el edificio se derrumba y la corrupción termina por desmoralizar a esta institución tan clave para la democracia. En este contexto, no puede subestimarse la gravedad de la revelación de Semana según la cual, cuando Roy Barreras denunció hace unos meses que estaba siendo chuzado, el ejército montó una operación de contrainteligencia para desviar la atención hacia otras agencias de inteligencia.

El Presidente Duque tardíamente tomó la decisión de reemplazar al comandante del Ejército, que a esas alturas debió tornarse demasiado incómodo, pero adujo que se iba por razones personales. Le correspondió a la revista Semana mostrar que las razones de la salida del general Nicacio Martínez eran otras. Todo indica que tienen que ver con el nuevo escándalo de chuzadas que venía investigando la revista.

El poder de la inteligencia y la contrainteligencia del Ejército en manos inescrupulosas reviste un gravísimo daño a la democracia. Utilizarlo para hacer seguimiento a altos oficiales de la fuerza pública, a magistrados, periodistas y políticos pervierte su finalidad. Sin contrainteligencia fiable, el Hombre Invisible puede dar al traste con la institucionalidad y facilitar la connivencia de uniformados con las organizaciones criminales, tantas veces denunciada. Del gobierno depende que no se pierda el prestigio del ejército por falta de controles y decisiones. Esta vez las investigaciones exhaustivas tienen que dar resultados.

Hecatombe humanitaria: En 11 días de enero han asesinado a 17 líderes y defensoras y a un excombatiente firmante del acuerdos de Paz: Excombatiente, Benjamín Banguera González, Guapi, Cauca, 1 de enero; 1)Carlos Cardona, Ituango, Antioquia, 2 de enero; 2)Cristian David Caicedo, Guapi, Cauca, 3 de enero; 3)Gloria Ocampo, Puerto Guzmán, Putumayo, 7 de enero; 4)Virginia Silva, Páez, Cauca, 7 de enero; 5)Carlos Alonso Quintero, Puerto Guzmán, Putumayo, 8 de enero; 6)Emilio Campaña, Puerto Guzmán, Putumayo, 8 de enero; 7)Mireya Hernández Guevara, Algeciras, Huila, 8 de enero; 8)Óscar Quintero, Puerto Guzmán, Putumayo, 8 de enero; 9)Gentil Hernández, Puerto Guzmán, Putumayo, 8 de enero; 10)Anuar Rojas Isaramá, Niqui, Chocó, 9 de enero; 11)Henry Cuello. Chiriguaná, Cesar, 10 de enero; 12)Amparo Guegia, Caloto, Cauca, 10 de enero; 13)Juan Pablo Dicué Guejia, Caloto, Cauca, 10 de enero; 14)Nelson Enrique Meneses, Inza, Cauca, 10 de enero; 15)Tulio Cesar Sandoval, Tribu, Norte de Santander, 10 de enero; 16)Sergio Narváez, Turbo, Antioquia, 10 de enero; 17)John Freddy Álvarez, Algeciras, Huila, 11 de enero.  

 

 

 

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