En los últimos días, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha llevado la atención mediática por distintas razones. La primera, su decisión de citar al antiguo Secretariado de las Farc para que digan qué sabían y qué responsabilidad tienen en la comisión de delitos de violencia sexual, reproductiva y de género en sus filas. Fueron llamados Rodrigo Londoño (Timochenko), Jaime Alberto Parra (el Médico), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo (Pastor Alape) y Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), ya vinculados en otros casos.
Pero, de forma novedosa, la JEP citó a Sandra Ramírez, pareja durante más de tres décadas del máximo comandante de las Farc, Manuel Marulanda Pérez (Tirofijo), para que dé su versión en el Macrocaso 07, que investiga el reclutamiento forzado de menores. A pesar de que varios testimonios la habían señalado como cómplice de delitos de reclutamiento y violencia sexual contra niños, hasta hoy la JEP se había abstenido de vincularla. La excongresista se dedicó a denunciar a quienes la señalaban como responsable de estos delitos. Incluso llegó al cinismo de denunciar a víctimas directas de reclutamiento como Lorena Murcia, a quien le exigió “respeto a su buen nombre”. Es la primera vez que la JEP da credibilidad a testimonios de mujeres que han señalado directamente a Ramírez, aunque hasta ahora solo es un llamado a versión libre.
Pero la polémica más grande se dio por la decisión del Gobierno de reducir en 170.000 millones de pesos el presupuesto de la JEP. Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción, respondió que un recorte de esa magnitud afectaría gravemente su funcionamiento y no permitiría avanzar en investigaciones ni proteger a víctimas, testigos y comparecientes.
Como si quisieran probar que la JEP sí está cumpliendo su mandato, una vez conocido el recorte, los máximos exjefes de las Farc empezaron a cumplir su primera condena efectiva en el Caso 01. Por los más de 21.000 secuestros reconocidos, fueron condenados a realizar labores de búsqueda de desaparecidos. La primera inició en el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, Huila, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Además, no podrán salir del país “sin previa autorización de la JEP”.
Las críticas no se hicieron esperar. Se cuestiona que la JEP se haya tomado nueve años para imponer sanciones que no contemplan privación de libertad y que la búsqueda de desaparecidos sea considerada una pena y no un compromiso de verdad al que debían estar obligados. Además, conocedores del conflicto han dicho que en este cementerio no hay víctimas de las Farc, pues sus secuestrados fueron llevados a las montañas del Huila y es allí donde debieran estar buscándolos.
Es cierto que desde un principio el Acuerdo de Paz estableció para los máximos responsables que reconocieran sus crímenes y aportaran verdad sanciones de 5 a 8 años, con trabajos restaurativos y “restricciones efectivas de libertades y derechos”, aclarando que “en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión”. Pero, aceptando que no se trata de penas de cárcel, ¿qué libertades y derechos se les han restringido a los excomandantes? Han sido congresistas, tienen esquemas de protección, viajan por el mundo, son sostenidos por el Estado, han sido candidatos a cargos de elección popular y usan sus redes sociales sin restricción. ¿Cuál es entonces la sanción restrictiva de derechos por sus horrendos crímenes?
Entre 2018 y 2025 la JEP ha recibido 3,4 billones de pesos para funcionamiento. Tiene una planta de 1.465 cargos, incluidos 38 magistrados titulares y 97 auxiliares. En nueve años ha proferido tres sentencias condenatorias: en el Caso 01, por secuestros, condenó a siete integrantes del último Secretariado a sanciones restaurativas; en el Caso 03, por falsos positivos, condenó a 12 exintegrantes de la fuerza pública; y en su primer juicio adversarial condenó al coronel (r) Publio Hernán Mejía, quien no reconoció responsabilidad por falsos positivos, a 20 años de prisión. Un contraste evidente frente a los reconocimientos a medias de responsabilidad de los excomandantes de las Farc en delitos como el reclutamiento de niños o violencia sexual y reproductiva.
Las víctimas no sienten que sean ellas el centro del acuerdo. Ingrid Betancourt y el general Mendieta, secuestrado durante 12 años, aseguran que las Farc no cumplieron su compromiso de verdad y que los magistrados tuvieron mayor cercanía con el antiguo Secretariado que con ellas. Sigifredo López, sobreviviente del secuestro y asesinato de los diputados del Valle, cuestiona el tiempo y los recursos invertidos frente al número de condenas. El sargento César Augusto Lasso, secuestrado y torturado durante 13 años, asegura que no ha recibido explicaciones de sus victimarios. Sofía Gaviria, hermana del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, secuestrado y asesinado, ha insistido en que las víctimas no fueron tenidas en cuenta y que las sanciones ofenden su dignidad. Pide que la JEP se acabe.
Sergio Alzate, abogado de Fevcol, solicita que se suspendan los recursos destinados a implementar las sentencias de las Farc hasta que se entregue la totalidad de los bienes para reparar a sus víctimas.
Es cierto que la JEP ha hecho una labor invaluable en conocer el alcance de la barbarie del conflicto; develó los excesos de la fuerza pública en los mal llamados falsos positivos y la búsqueda de desaparecidos ha permitido que familias recuperen los restos de sus seres queridos. Pero se convirtió en un tribunal que hizo todo por garantizar los derechos de los victimarios y se quedó corto en garantizar los de sus víctimas. Permitió incluso que personas señaladas como Sandra Ramírez acosaran legalmente a sus denunciantes y ha sido pasiva frente a las amenazas de muerte que han recibido mujeres que han declarado contra excomandantes de las Farc. Tampoco exigió la entrega de bienes de esta guerrilla.
La JEP no puede seguir existiendo tal cual es. Debe reformar sus sanciones e imponer verdaderas restricciones a los responsables de crímenes atroces, tan simples como no permitirles salir del país. Está en deuda con sus víctimas. A ellas les falló.