En el gobierno de Iván Duque, la periodista Paola Herrera reveló el escándalo de Centros Poblados, un contrato del MinTIC para instalar redes digitales en escuelas rurales apartadas. La garantía bancaria supuestamente expedida por el Banco Itaú era falsa. La ministra Karen Abudinen renunció antes de que se votara en el Congreso una moción de censura.
Mauricio Lizcano era en 2024 el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Lizcano va a tener que responder muchas preguntas sobre el contrato 1518 por 38.000 millones de pesos firmado con Rosalba Gualdrón, la directora de una entidad con sede en Bucaramanga que se llama Asoandes, Asociación Nacional para el Desarrollo Social. ¿Por qué el contrato para generación de habilidades digitales en los Santanderes y Arauca se le adjudicó a Gualdrón y no a una de las dos principales universidades de Bucaramanga, la UIS (Universidad Industrial de Santander) y la Unab (Universidad Autónoma de Bucaramanga)? ¿Por qué se le adjudicó a Gualdrón pese a que el rector de la Unab, Juan Camilo Montoya Bozzi, denunció que Asoandes estaba en mora en el pago de parafiscales? ¿Por qué ningún funcionario examinó con lupa el contrato que Gualdrón utilizó para supuestamente demostrar la experiencia requerida? Ella firmó ese contrato con una empresa de mantenimiento de computadores de Barranquilla, Virtual Tec, pero no consta en el expediente que se hubiera ejecutado y pagado. Ese contrato es una artimaña, un pedazo de papel sin valor jurídico. Gualdrón afirmó ante el MinTIC que fue un contrato firmado en el marco de un megacontrato de Prosperidad Social de 2019. En el contrato con Virtual Tec, Gualdrón indica que es un subcontrato del megacontrato, pero cuando pedí a Prosperidad Social los subcontratos del megacontrato, me respondieron que no hubo subcontratos. Así como ningún funcionario de Karen Abudinen verificó en el Banco Itaú la validez de la garantía bancaria, ningún funcionario de Mauricio Lizcano verificó en Prosperidad Social si hubo subcontratos. Y ningún funcionario de Mauricio Lizcano averiguó quién manejó ese megacontrato, también por 38.000 millones de pesos. Pues la persona que recibió el dinero fue la hija de Gualdrón, Andrea Santos Gualdrón. Sí, a la hija le dieron en 2019 un contrato de 38.000 millones de pesos para llevar alimentos al Chocó y a la mamá otro por la misma cuantía en 2024. El primero en Prosperidad Social, el segundo en el MinTIC. Mal contados 25 millones de dólares al cambio de hoy para este binomio madre-hija en el lapso de un lustro.
¿El Gobierno anterior era de izquierda? ¿Por qué entonces no limitó la licitación, que para todos los departamentos ascendió a 328.000 millones de pesos –hoy 100 millones de dólares–, únicamente a las universidades públicas? Que no vengan a decir que el Centro Democrático los forzó a que pudieran participar entidades familiares manejadas por una mamá y una hija, donde no existen los controles institucionales de las universidades oficiales.
La pregunta más relevante que debe responder Mauricio Lizcano tiene que ver con el vehículo que maneja la hija de Rosalba Gualdrón. Se trata de la camioneta Mercedes-Benz GLE 450 4Matic color blanco polar, modelo 2022, con 2.999 c. c. de cilindrada y placas KWX629. Ese carro, que está a nombre de Andrea Santos Gualdrón, nuevo vale 400 millones de pesos. Lizcano era el ministro cuando se repartieron los contratos. ¿Nos puede garantizar que el tren de vida de la hija y de la mamá, que incluye apartamentos en Bogotá en la carrera 1 n.° 78-10 (Edificio Altos de Belmonte II) y en la carrera 9 con 92 y una sociedad familiar en Panamá llamada Fundación Pignola, no se deriva de la contratación oficial? Por mi parte, puedo afirmar que no proviene de herencias. En 1997, el juzgado civil de Aguachica (Cesar) emplazó a “Rosalba Gualdrón Vargas y a los menores hijos Andrea Paola y Édgar Eduardo Santos Gualdrón, cuyo domicilio se desconoce, para que dentro del término de 25 días comparezcan a este juzgado a recibir notificación personal de los títulos ejecutivos dentro de la demanda ejecutiva promovida por el doctor Germán Peinado Portillo como apoderado del Banco Ganadero”.
Sostenía Alberto Lleras Camargo: “Ningún colombiano puede aspirar a enriquecerse ni prosperar solo por la acción del Estado, a menos que tenga el pensamiento de robar a sus conciudadanos”.