Si lo que vivimos en Santa Marta la semana pasada nos devolvió los peores recuerdos de la guerra contra el narcotráfico, lo que está por venir nos dejará aterrados. Me explico.
Las imágenes de los aviones Kfir sobrevolando la ciudad y de los blindados del Ejército recorriendo sus calles son postales de un conflicto cuya realidad, aunque solemos ignorarla en las zonas urbanas, ya no tiene nada que envidiarle a escenarios como Sinaloa, en México. Nos negamos a aceptar que esos referentes extremos son, hoy, nuestra propia realidad.
El reciente “paro armado” de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y su violenta respuesta a la autoridad son la prueba fehaciente de que el negocio del narco atraviesa su momento más boyante. Este dominio territorial es el resultado de un fortalecimiento sistemático durante los años de la Administración Petro. Si bien es cierto que los antiguos “Pachenca” llevan cerca de tres décadas operando en la región, no menos cierto es que el Gobierno anterior les permitió expandirse y consolidarse hasta el punto de desafiar al Estado sin temor alguno.
La investigadora Norma Vera, experta en la región, describe un fenómeno que agrava la situación en el Magdalena: el mecanismo mediante el cual este grupo ha penetrado la médula social. Reclutan jóvenes en los estratos más vulnerables, ofreciéndoles un modo de vida criminal y lucrativo, mientras tejen escalofriantes alianzas con los caciques políticos locales. Bajo las métricas de mimetización social y protección política que buscaban los carteles de los años 80 y 90, Santa Marta es hoy la versión perfeccionada del modelo narcotraficante con el que soñó Pablo Escobar.
Pero ese apogeo narcoterrorista, aupado por la politiquería local, está a punto de enfrentar un enemigo que nadie vio venir: Estados Unidos y el mayor poderío militar que ha conocido la humanidad. Esta semana, en Nueva York, quedó sellado el llamado “Escudo de las Américas”. En una reunión con la mayoría de los mandatarios de la región, Colombia fue incluida formalmente en esta organización, cuyo objetivo es desmantelar el narcotráfico y alejar la influencia de Rusia y China del continente.
Para ello, la Administración Trump ha dado pasos legales que le permiten desplegar toda su capacidad bélica contra el narcotráfico y el terrorismo. Esto marca un cambio de paradigma. Hasta ahora, el narcotráfico era un mal enfrentado localmente con asistencia de Washington; ahora, con el “Escudo de las Américas” y el “Consorcio contra el Cartel”, estamos a punto de ver, por primera vez, a Estados Unidos utilizando la misma fuerza con la que atacó en Irak o Afganistán contra los carteles de la droga latinoamericanos en sus propios territorios. Si algunos se asustaron con los viejos Kfir haciendo ruido en el cielo de la costa, que se preparen cuando sean los Reapers, F-18 y F-35 los que sobrevuelen atacando objetivos específicos.
Pero esto no ocurrirá solo en Colombia, también tendrá capítulos en Ecuador, Perú, Venezuela y, eventualmente, México. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido claro: este Gobierno considera a los carteles de la droga una amenaza a la seguridad nacional. La semana pasada publicó un listado que incluye al Clan del Golfo, el ELN y las Farc. Tienen la mira en la espalda.
La ofensiva no será solo militar; también será judicial. La caída de Maduro fue precedida por un indictment del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Para nuestro país, esto es una señal inequívoca: se avecinan múltiples procesos contra los facilitadores políticos y empresariales que les dieron rienda suelta a los narcos, incluidos, por supuesto, aquellos que habilitaron lo que hoy ocurre en Santa Marta.
El presidente De La Espriella sabe perfectamente lo que se avecina; por eso se le ve con seguridad y portando su arma. Aunque entienda que esto incomode a algunos, será apenas una anécdota cuando toda la fuerza del Ejército de los Estados Unidos se haga sentir en los rincones del país que, hasta hoy, parecían vedados.