La guerra “estadística” contra las drogas

Si bien aritméticamente es una reducción del 0,5 % (mil hectáreas) este reporte es en un sentido más objetivo, la notificación de la estabilización del ‘boom‘ cocalero más grande de la historia. 

Han sido varias las voces que celebran la “reducción” de los cultivos ilícitos, pero este júbilo gubernamental durará menos de un mes. Hasta ahora han pasado desapercibidas las declaraciones del director de Unodc en Colombia, quien le confirmó al programa La Noche de RCN que “desafortunadamente los cultivos ilícitos no se redujeron en el 2018”. El diplomático no soltó ni porcentajes, ni rangos, ni valores, pero sí dejó claro que cuando se difunda el informe de Simci en julio próximo, se verá una tendencia en la coca muy distinta a la que festejaron en el Gobierno. El Simci es la fuente oficial del Gobierno y por eso tiene la última palabra en cifras de coca, así que al Gobierno le va a pasar lo mismo que a muchos hinchas con el VAR y es tener que lidiar con esa amargura que deja la celebración de un gol antes de tiempo. 

En una entrevista con El Tiempo, el primer mandatario va más allá del parte de victoria y ahonda en las causas que han permitido este primer “logro de la disminución” de las hectáreas con coca. En las declaraciones del presidente hay cifras que vale la pena revisar con lupa y pinzas. 

Frente al garrote contra la coca, el presidente da cifras récord al quintuplicar el número de grupos móviles de erradicación y superar las 66.000 hectáreas arrancadas a mano. Como lo muestra un confidencial de SEMANA, un mes atrás el presidente reportaba 80.000 hectáreas, su oficina de prensa hablaba de 90.000 a finales de mayo y en la misma semana de las declaraciones del presidente, el ministro de Defensa las tasaba en solo 36.000. ¿Al fin cuántas son? 

Las cifras presidenciales también hablan de la destrucción de 4.500 laboratorios en sus primeros 10 meses de mandato, unos 15 diarios, incluyendo festivos y feriados. Sería importante saber qué tipo de laboratorios están contando, si en esa estadística están sumando las “chagras” y los “bailaderos” donde los campesinos muelen la hoja para procesarla en pasta de coca y que más allá de la inversión en tejas, gasolina en timbos y una guadañadora, no suman un costo de montaje de más de un millón de pesos (mucho menos de lo que vale llegar hasta allá a destruirlos), o si por el contrario se refiere el señor presidente a la destrucción de 4.500 grandes cristalizaderos de cocaína, de los que se montan con plantas eléctricas, decenas de hornos microondas, “gusanos”, “marcianos” y con grandes caletas para el depósito de la mercancía y sus precursores, de esos que valen varios millones de dólares su infraestructura y son operados por profesionales contratados en varios turnos. 

Lo más seguro es que sumen peras con manzanas, y metan en el mismo renglón de Excel, todo tipo de laboratorios, los caros y los baratos, los especializados (hay por ejemplo laboratorios que se dedican solo a producir insumos químicos para que sean usados por otros laboratorios que cristalizan) y que también estén contando los imaginarios, esos que se reportan para cumplir la cuota operativa y evitar regaños del comandante. ¿Cuántos químicos expertos fueron capturados en los miles de laboratorios destruidos? Ese dato nunca se reporta, pero lo más posible es que solo haya un par de estos en la cárcel, y no cientos ni miles, por lo que las capacidades de la industria de producción de cocaína a gran escala, han sido estables en las últimas dos décadas.

Las cifras de interdicción de coca, resiembra de coca, ocupación de bienes del narcotráfico, desmantelamiento de redes criminales y estimaciones del valor de la cocaína que se incauta, sufren de los mismos síntomas de sesgos, exageraciones y falta de rigor en su cuantificación. Las cifras de la lucha contra las drogas no son fiables, están llenas de falsos positivos e injustificables omisiones. 

El Gobierno Duque tiene la posibilidad de cortar de una vez por todas con el lastre de mediciones equivocas que recibió de las administraciones anteriores, y reformar por fin el sistema de estadísticas y reportes antinarcóticos. Los equipos técnicos del DNP, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y Simci han trabajado con intermitencia en nuevos modelos de indicadores de impacto y seguimiento, la experiencia técnica y fuentes de información han estado disponibles desde hace varios años, pero hasta ahora no han encontrado la voluntad política de un Gobierno que se atreva a decir: NOS EQUIVOCAMOS Y VAMOS A CORREGIR.