La otra cara de la JEP: memoria incompleta y justicia parcial

En el marco de la justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha otorgado beneficios jurídicos a excombatientes de grupos armados ilegales, mientras concentra de manera desproporcionada la responsabilidad del conflicto en miembros de la Fuerza Pública, desconociendo la complejidad del escenario y el sacrificio de quienes defendieron las instituciones legítimas.

El informe ‘La JEP discrimina a los militares’, elaborado por Néstor Raúl Correa Henao, exsecretario ejecutivo de la JEP, expone preocupaciones fundadas sobre un posible sesgo en el tratamiento que esta jurisdicción da a los militares frente a los excombatientes de las Farc. Mientras que a la guerrilla se le juzga de manera colectiva y con penas simbólicas, los militares enfrentan un proceso riguroso, basado en patrones de macrocriminalidad y una presunción de culpabilidad, lo que genera una carga social y profesional devastadora. En cuanto a las reparaciones, el doctor Correa señala que las víctimas de las Farc no reciben indemnizaciones, mientras que sí se exige reparación de parte del Estado. Según el informe, la JEP ha profundizado la polarización y ha favorecido a las Farc tanto en términos judiciales como mediáticos.

En una línea similar, la ONG Hijos de los Héroes, en su informe ‘Inequidad en las comunicaciones proferidas por la JEP viola derechos fundamentales de víctimas y comparecientes’, reveló que el 38,6 % de las noticias emitidas por la JEP se refieren a la Fuerza Pública, mientras solo el 16,35 % alude a las Farc. Asimismo, denunció una marcada diferencia en los recursos destinados a estas comunicaciones: 851.900 millones de pesos para hechos relacionados con militares, frente a 170.100 millones para los referidos a las Farc.

Por su parte, el doctor José Félix Lafaurie, en su columna de opinión publicada el 25 de abril de 2025, resalta que —además de las 9.700 amnistías otorgadas durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2017-2018)— la JEP ha tramitado otras 4.238 amnistías hasta febrero de 2025, sin que hasta el momento haya proferido una sola sentencia sancionatoria contra excombatientes. El presupuesto ejecutado por la JEP desde 2018, incluyendo lo ejecutado en 2025, asciende a aproximadamente 3,2 billones de pesos, lo que pone en entredicho la proporcionalidad entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos.

La frase “quien escribe la guerra, la gana” refleja el poder de los relatos en la construcción de la memoria histórica. En Colombia, buena parte de la narrativa sobre el conflicto armado ha sido configurada desde miradas ajenas al combate directo, lo que ha contribuido a invisibilizar las vivencias y perspectivas de quienes enfrentaron sobre el terreno a las Farc y a las Autodefensas. En este contexto, se ha promovido una visión del conflicto que tiende a asociar a la Fuerza Pública con estructuras de autodefensa, sustentada en testimonios recolectados por organizaciones con inclinaciones ideológicas evidentes, sin que medie, en muchos casos, un contraste riguroso de fuentes ni una aplicación plena del principio de imparcialidad.

Por razones de método, centraré el análisis en el Macro Caso 08 de la JEP, titulado ‘Crímenes cometidos por la Fuerza Pública en los Montes de María’, una región compuesta por 47 municipios, con aproximadamente 500.000 habitantes y una geografía especialmente compleja, caracterizada por extensas zonas rurales, vías de difícil acceso y limitada presencia estatal. Esta área, declarada en 2007 como la primera zona consolidada bajo la Política de Seguridad Democrática, fue duramente golpeada por el accionar violento de las Farc y de grupos de autodefensa. Pese a este contexto de alta exigencia operativa y recursos institucionales escasos, el título mismo del caso sugiere un enfoque que podría interpretarse como un prejuzgamiento, al centrarse exclusivamente en la responsabilidad de la Fuerza Pública.

Las bases probatorias del caso parecen sustentarse principalmente en informes como ‘El silencio de las gaitas’ (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas), ‘Montes de María bajo fuego’ (CODHES, 2020) y ‘Un poco de verdad para poder respirar’ (Centro Nacional de Memoria Histórica), los cuales fueron elaborados a partir de testimonios provenientes de un solo lado, lo que limita la pluralidad de fuentes y compromete la objetividad requerida en un tema tan sensible.

En un antecedente relevante, la periodista Salud Hernández-Mora publicó en El Tiempo, el 22 de mayo de 2005, el artículo ‘Silencio sospechoso’, en el que señaló que funcionarios de la Armada Nacional entregaron a la Fiscalía General de la Nación un informe detallado sobre la estructura de la cuadrilla paramilitar liderada por alias Cadena. Dicho informe habría incluido órdenes de batalla, libros contables de presuntos aportantes —entre ellos varias alcaldías de la región— y copias de documentos oficiales. En su escrito, Hernández-Mora cuestionaba la respuesta de la Fiscalía y la Procuraduría frente a estas evidencias, subrayando que este material permitió revelar los primeros indicios de lo que más adelante se conocería como la parapolítica. Fue precisamente el trabajo riguroso y persistente de la Armada Nacional en distintos frentes el que ayudó a visibilizar este fenómeno criminal en una zona del país que hasta entonces había permanecido en gran medida fuera del radar institucional y mediático.

Este contexto lleva a plantear una pregunta legítima: ¿por qué la JEP no convoca también a las autoridades civiles y a los organismos de control, quienes tenían —y tienen— la responsabilidad de proteger a las víctimas y de garantizar la presencia efectiva del Estado en las regiones? Resulta preocupante que, en vez de analizar integralmente la responsabilidad estatal, se construyan narrativas que terminan afectando la dignidad de la Fuerza Pública, omitiendo la corresponsabilidad de quienes desde funciones civiles podrían haber fallado en su deber institucional.

Un ejemplo reciente es la citación de más de 70 integrantes de la Armada Nacional en el marco del Macro Caso 08, quienes deben enfrentar un extenso y, en varios aspectos, intimidante cuestionario, como parte de procesos complejos relacionados con hechos ocurridos hace más de 25 años. Esta situación se agrava por la incorporación de nuevas víctimas, ante quienes se espera realizar actos de perdón de manera generalizada, frecuentemente con la participación de organizaciones no gubernamentales cuya actuación no siempre está sujeta a una supervisión estatal rigurosa.

Para muchos de estos militares, hoy en condición de retiro, el proceso ha dejado de ser un asunto institucional para convertirse en un drama profundamente personal. Se enfrentan en solitario a las implicaciones legales y psicológicas, sin sentir el respaldo eficaz de la institución que defendieron con honor y valentía, muchas veces a un alto costo personal y económico. Además, preocupa que estas investigaciones, con el paso del tiempo, parezcan adquirir dimensiones que trascienden el ámbito estrictamente judicial, lo que aumenta la incertidumbre y el sentimiento de indefensión.

La JEP dispone de información y testimonios suficientes para actuar con equidad y justicia, reconociendo la complejidad del conflicto armado y sancionando a los verdaderos responsables, sin importar de qué lado provengan. No obstante, en la práctica, muchas de sus decisiones han concentrado la responsabilidad casi exclusivamente en los militares, ignorando que muchos de ellos entregaron su vida, sufrieron mutilaciones o vieron truncados sus sueños en cumplimiento de su deber. Esta situación representa una profunda injusticia y una deuda histórica que Colombia aún mantiene con quienes defendieron legítimamente a la nación.