La prioridad de la política exterior de Santos ¿el Norte o el Sur?

El gobierno de Uribe tuvo que afrontar fuertes controversias y no pocos aprietos en el ámbito internacional debido a sus recurrentes episodios de violación de los derechos humanos y de conflicto con dirigentes sociales y sindicales. Su política incondicional frente a Estados Unidos lo mantuvo aislado de Latinoamérica, empeñada desde hace una década en forjarse un camino propio en materia de desarrollo e integración.

Por ello, no podía menos que producir una sensación de alivio, en el país y en el exterior, la rápida decisión del gobierno de Santos de recomponer las relaciones diplomáticas y comerciales con los vecinos y, de paso, mejorar sustancialmente sus vínculos con los demás países del continente.

Pero el alivio no estuvo exento de una buena dosis de sorpresa por dos razones: la primera, como ministro de Defensa del gobierno anterior, el nuevo mandatario mostró ser un ferviente defensor de la Seguridad Democrática y de su impacto en la región, al tiempo que él mismo propició la confrontación con Venezuela y Ecuador. Hoy se confirma plenamente lo que ya se conocía en torno a la completa subordinación del gobierno de Uribe y de sus funcionarios a los dictámenes de la Embajada estadounidense en Bogotá.

La segunda razón es que, en esencia, las medidas económicas del nuevo gobierno le apuntan precisamente a profundizar la estrategia neoliberal, en especial en lo que respecta a la llamada confianza inversionista. Y esta decisión supone continuar firmemente alineado con Estados Unidos. Sobre ello no puede quedar duda, a pesar del avance que representa el proyecto de la Ley de Víctimas y del manifiesto interés del gobierno en afianzar vínculos con el Sur.

El carácter contradictorio de la política exterior de Santos se pone a prueba precisamente a partir del presente mes, cuando coinciden dos eventos de la mayor importancia para el país: la segura ratificación de María Emma Mejía como Secretaria General de Unasur por un año, en período compartido con Venezuela, y la presidencia pro tempore de Colombia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante el mes de abril.

En el primer caso, Colombia deberá desempeñar una tarea fundamental en la consolidación del proceso de integración suramericana puesto en marcha en el 2007.
 
Bajo el liderazgo de Néstor Kishner, su primer secretario, el nuevo organismo desempeñó un papel crucial en la defensa del gobierno de Bolivia en 2008, frente a los intentos de secesión de Santa Cruz y en el restablecimiento del orden constitucional en Ecuador, ante el levantamiento de la policía el año pasado, al tiempo que propició el acercamiento entre los mandatarios de Colombia y Venezuela. Desde un principio, este proyecto, muy influido por el ex presidente Lula, ha insistido en que el irrestricto respeto a la soberanía, la no injerencia en asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos son esenciales para consolidar la integración regional.

Sin embargo, el proceso de institucionalización de Unasur es todavía muy débil. En la última reunión de cancilleres celebrada en Quito hace dos semanas, en donde se acordó la secretaría compartida entre Colombia y Venezuela, apenas entró en vigencia el Tratado Constitutivo del organismo. Y solo unos días antes se logró que la mayor parte de los parlamentos de la región ratificaran este organismo.
 
Pero la tarea que tiene Colombia al frente de Unasur va en contravía del desempeño reciente del país en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Siguiendo la tradición histórica, el gobierno ha venido votando con Estados Unidos y no con la región, pese al anuncio que hiciera el Presidente Santos de que la delegación colombiana sería la voz de América Latina y el Caribe en dicho organismo. El compromiso anunciado con la reconstrucción de Haití es importante, pero no basta para identificarse con el continente.

En momentos de fuertes conflictos internacionales, en especial en el norte de África y el Oriente Medio, Colombia deberá pronunciarse frente a procesos como las revoluciones en los países árabes, la intervención militar en Libia, la conflictiva situación política de Costa de Marfil, la división de Sudán, el problema de la piratería en Somalia, para no mencionar el desastre nuclear de Japón y el conflicto entre Israel y Palestina.

Frente a este panorama tan complejo, la votación más controvertida del país ha sido el apoyo a la Resolución 1973 sobre Libia, que el pasado mes de marzo autorizó el uso de la fuerza y la creación de una zona de exclusión aérea sobre el territorio de Libia. Presentando esta intervención como humanitaria, se pretende esconder la necesidad que tiene Europa de asegurar el suministro de petróleo proveniente del país con las mayores reservas de crudo liviano del continente africano.
 
La resolución fue adoptada por diez votos a favor, incluido el de Colombia, y cinco abstenciones, entre ellas la de Brasil, el otro representante de la región.

* Profesora titular, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad Javeriana.