La exclusión de Colombia de la primera cumbre hemisférica contra el narcotráfico Cumbre de las Américas, en Miami, refleja el deterioro de la confianza estratégica de Estados Unidos en el gobierno de Gustavo Petro, y evidencia el aislamiento internacional de un país que históricamente había sido el principal aliado de Washington en esta lucha. En esto no nos podemos llamar a engaños.
La política estadounidense frente al narcotráfico pasó de un enfoque predominantemente policial hacia una estrategia más robusta de seguridad nacional. En el ámbito marítimo —por donde se estima que transita cerca del 90 % de la cocaína destinada a los mercados internacionales—, las operaciones de interdicción muestran un claro endurecimiento en las reglas de empleo de la fuerza, con la neutralización de 44 embarcaciones y cerca de 150 personas muertas en estas acciones. A ello se suman otras operaciones de carácter extraterritorial contra redes criminales vinculadas al régimen de Nicolás Maduro y una reciente operación binacional con Ecuador en la frontera con Colombia, así como el anuncio de incluir a más carteles del narcotráfico de la región en la lista de organizaciones terroristas.
En cuanto a la composición de la cumbre, entre los países invitados figuran Argentina, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Chile, países donde el fenómeno del narcotráfico no tiene la misma intensidad estructural ni el peso operativo que presenta en otras naciones del continente y que, además, no han acumulado una trayectoria comparable en su combate. En contraste, sorprende la ausencia de Colombia, México y Brasil, naciones que concentran buena parte de la producción, el tránsito, los mercados y las mejores capacidades operativas en la lucha contra este fenómeno. Todo sugiere que la selección de invitados respondió más a afinidades políticas con la administración de Donald Trump que a criterios estrictamente técnicos, pues varios de los asistentes, aunque pueden contribuir en ciertos eslabones de la cadena, no disponen de los medios navales, aéreos o de inteligencia que determinan los resultados estratégicos en la lucha contra el narcotráfico.
Como se ha enfatizado en varias oportunidades, la herramienta más efectiva para enfrentar el narcotráfico es la cooperación internacional. La complejidad de este negocio criminal exige atacar simultáneamente todos los eslabones de la cadena: producción, transporte, financiamiento, lavado de activos y comercialización. Solo mediante la integración de capacidades —inteligencia, interdicción, investigación criminal y cooperación judicial— es posible generar los paquetes de inteligencia que permitan no solo interceptar cargamentos, sino también judicializar y desmantelar las estructuras de los carteles.
Resulta difícil justificar la exclusión de Colombia de una cumbre hemisférica contra el narcotráfico, cuando se trata del principal productor de cocaína del mundo y del punto de origen de buena parte de las rutas marítimas que abastecen los mercados internacionales. Durante décadas, además, en su territorio se ha generado una parte sustancial de la inteligencia que permite el seguimiento, la interdicción y la judicialización de las grandes redes criminales en cooperación con Estados Unidos. Sin embargo, el trasfondo de esta exclusión parece estar menos en razones técnicas, que en el creciente distanciamiento político e ideológico entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump. Mientras Washington ha endurecido su enfoque al tratar el narcotráfico como una amenaza directa a su seguridad nacional, el mandatario colombiano ha utilizado reiteradamente escenarios internacionales para cuestionar la estrategia tradicional de la “guerra contra las drogas”, generando fricciones diplomáticas que han terminado por erosionar la confianza estratégica entre ambos gobiernos.
Algo similar ocurre con México, donde delinquen algunas de las organizaciones criminales más poderosas del hemisferio y que constituye el principal corredor de tránsito hacia el mercado estadounidense. De igual forma, Brasil se ha consolidado como el mayor mercado de drogas ilícitas de Suramérica y como un corredor logístico fundamental para el tráfico hacia África y Europa, donde además delinquen carteles que también están bajo la mira del Gobierno estadounidense. Situación que preocupa a los mandatarios de los tres países señalados.
A partir de estos elementos, resulta razonable interpretar que la exclusión de estos países no obedece a un simple error de protocolo, sino a una decisión deliberada orientada a enviar un mensaje político claro: la nueva política antidrogas de Estados Unidos se ha convertido en una prioridad estratégica y exige de sus aliados un compromiso inequívoco y sin ambigüedades. En esa lógica, Washington parece estar señalando que aquellos países que no se alineen plenamente con este enfoque podrían quedar al margen de la coordinación regional o incluso enfrentar acciones unilaterales por parte de Estados Unidos
Para Colombia, esta situación resulta particularmente desafortunada. Durante décadas ha sido el principal aliado de Estados Unidos y el país que ha pagado uno de los mayores costos humanos, institucionales y sociales en esta confrontación, con miles de miembros de la Fuerza Pública, operadores judiciales y ciudadanos que han perdido la vida en una guerra prolongada contra una economía criminal que sigue financiando a organizaciones armadas ilegales. Gracias a esa experiencia y al apoyo sostenido de cooperación económica, militar y de inteligencia de Estados Unidos, Colombia se consolidó como un referente internacional en materia de interdicción, inteligencia y judicialización del narcotráfico, capacitando incluso a fuerzas de seguridad de otros países. Por ello, su exclusión de un escenario hemisférico de coordinación como esta cumbre no solo resulta políticamente significativa, sino que implica la pérdida de un espacio estratégico donde históricamente el país había ejercido liderazgo y experiencia.
En síntesis, la exclusión de Colombia de la primera cumbre hemisférica contra el narcotráfico no puede interpretarse como un simple incidente diplomático. Es, ante todo, una señal política del creciente distanciamiento estratégico entre Washington y el gobierno de Gustavo Petro. Lo más preocupante es que este desencuentro ocurre precisamente en el escenario en que Colombia había construido, durante décadas, su mayor liderazgo internacional: la lucha contra el narcotráfico. Cuando el país que más experiencia, sacrificio y capacidades ha acumulado en esta guerra queda por fuera de la mesa, el mensaje es inequívoco: Colombia ha pasado de ser un socio estratégico a convertirse en un actor prescindible en el nuevo enfoque hemisférico impulsado por Donald Trump. De ahí la importancia de que el próximo gobierno, entendiendo la nueva coyuntura estratégica del hemisferio, con un nuevo enfoque y una eficiente estrategia integral contra el narcotráfico, sea capaz de reconstruir la confianza y restablecer la relación con el que históricamente ha sido su principal aliado.