Los gobiernos revelan su verdadera naturaleza cuando sienten que el poder se les escapa de las manos. Mientras unos se despiden fortaleciendo las instituciones y respetando las reglas del Estado de derecho, otros optan por buscar culpables, señalar enemigos y ajustar cuentas. El Gobierno de Gustavo Petro ha decidido despedirse de esa manera.
A pocos días de abandonar la Casa de Nariño, el presidente convirtió en objetivo de sus ataques a una mujer que hasta hace muy poco hacía parte de su círculo más cercano. Angie Rodríguez fue directora del Dapre, secretaria general de la Presidencia y posteriormente gerente del Fondo Adaptación. Ocupó algunos de los cargos de mayor confianza del Gobierno. Bastó, sin embargo, con que decidiera cumplir la ley antes que la voluntad del poder para convertirse en el blanco de una campaña de desprestigio encabezada por el propio jefe de Estado.
El punto de quiebre fue el Decreto 0802 del 23 de julio, mediante el cual el Gobierno buscó trasladar más de un billón de pesos destinados a las obras de recuperación de La Mojana hacia otra entidad. Angie Rodríguez se negó a respaldar esa decisión porque consideró que esos recursos tenían una destinación específica y compromisos vigentes hasta 2029, razón por la cual no existía justificación técnica ni jurídica para modificar su ejecución a escasos días del cambio de gobierno.
Lo que siguió demuestra cómo entiende este Gobierno el ejercicio del poder. Durante cuatro años, el Gobierno Petro construyó un discurso según el cual cualquier cuestionamiento provenía de la oposición, de los medios de comunicación o de sectores que supuestamente querían impedir el cambio. Sin embargo, conforme avanzó el mandato, las voces críticas comenzaron a surgir desde el propio corazón del Gobierno.
Ya no eran contradictores políticos. Eran ministros, directores, altos funcionarios y personas que habían acompañado al presidente desde el inicio de su proyecto. Cuando las advertencias provienen de quienes conocieron el funcionamiento interno del Gobierno, dejan de ser simples ataques políticos para convertirse en síntomas de un problema institucional mucho más profundo.
Las cartas del excanciller Álvaro Leyva, las revelaciones alrededor de Armando Benedetti, el escándalo de la UNGRD, las tensiones con Laura Sarabia y ahora las denuncias formuladas por Angie Rodríguez no pertenecen necesariamente al mismo expediente judicial, pero sí parecen describir una misma forma de ejercer el poder, una administración donde la lealtad política terminó pesando más que el criterio técnico y donde el desacuerdo dejó de verse como un ejercicio legítimo para convertirse en una forma de traición.
El presidente pidió que fuera declarada insubsistente. La calificó públicamente de incompetente y manipuladora. Incluso afirmó que lamentaba haberla conocido. No estaba hablando de una dirigente de la oposición. Hablaba de una mujer que él mismo llevó a ocupar algunos de los cargos más importantes de su administración.
Cuando un servidor público es castigado por negarse a firmar lo que considera contrario a la ley, el mensaje para el resto de la administración es devastador: aquí no importa quién tenga la razón, sino quién obedezca.
Pero el episodio alcanzó un nivel todavía más preocupante. El presidente publicó un documento relacionado con la incapacidad médica de Angie Rodríguez para sostener que esta obedecía a razones psiquiátricas. Independientemente de las responsabilidades que las autoridades competentes determinen, resulta profundamente inquietante que el jefe de Estado utilice información relacionada con la salud de una persona para desacreditarla ante la opinión pública.
Hay límites que ningún gobernante debería cruzar. La salud mental no puede convertirse en un arma de confrontación política ni en un mecanismo para destruir la reputación de un ciudadano. La historia clínica está amparada por la reserva legal y el secreto profesional, precisamente porque protege uno de los ámbitos más íntimos de la dignidad humana. Exponer o utilizar información médica para desacreditar a una persona no solo compromete ese principio, sino que envía un mensaje devastador a miles de colombianos que enfrentan en silencio trastornos de ansiedad, depresión u otras enfermedades y que, por miedo al estigma, muchas veces prefieren no buscar ayuda.
La enfermedad jamás puede ser motivo de vergüenza ni de persecución. Mucho menos cuando se trata de una mujer y madre cabeza de hogar que, además de afrontar una situación personal, debe velar por la tranquilidad, la estabilidad y la seguridad de su familia. La política tiene límites y uno de ellos es la dignidad humana. Ninguna diferencia administrativa o política puede justificar que el dolor, la intimidad o la salud de una persona sean utilizados como instrumentos de linchamiento público.
Y aquí aparece la mayor contradicción de este Gobierno. Mientras Angie Rodríguez es presentada prácticamente como una “paciente psiquiátrica”, mientras se intenta instalar la idea de que su criterio carece de valor por una condición de salud y mientras su incapacidad médica es utilizada como arma política, otras protagonistas del petrismo reciben un tratamiento completamente diferente.
Las hermanas Guerrero se han convertido para distintos sectores del oficialismo en el símbolo de una supuesta persecución política. Frente a los cuestionamientos públicos y a las investigaciones que hoy existen alrededor de ellas, el discurso oficial ha procurado presentarlas como víctimas del establecimiento, de la oposición o de una conspiración permanente.
Con Angie Rodríguez ocurrió exactamente lo contrario. No hubo solidaridad. No hubo prudencia. No hubo respeto por su intimidad ni por su condición médica. Hubo descalificaciones, exposición pública y un intento evidente de destruir su credibilidad.
Para unas, comprensión. Para otra, linchamiento. Ese doble rasero dice mucho más del petrismo que cualquier discurso pronunciado desde un balcón. Porque en este Gobierno la condición de víctima parece depender menos de los hechos que de la utilidad política. Si alguien resulta funcional al proyecto político, merece respaldo. Si decide apartarse, denunciar o simplemente decir “no”, deja de ser compañero para convertirse en enemigo.
Será la justicia la encargada de establecer el alcance de cada una de estas denuncias. Pero ninguna diferencia administrativa, ninguna denuncia y ningún desacuerdo justifican convertir la salud de una persona en un instrumento de destrucción política.
Este caso dejó de ser únicamente el caso de Angie Rodríguez. Es el caso de cualquier funcionario que se niegue a firmar algo que considera ilegal. Es el caso de cualquier servidor público que prefiera proteger los recursos del Estado antes que satisfacer intereses políticos. Es el caso de cualquier colombiano que descubra que disentir del poder puede tener un costo personal.
El próximo 7 de agosto Colombia iniciará una nueva etapa bajo el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Recibirá instituciones que deberán recuperar algo mucho más importante que la estabilidad administrativa: la confianza de los ciudadanos en que el Estado nunca volverá a utilizarse para intimidar, perseguir o destruir a quienes cumplen con su deber.
Angie Rodríguez ya anunció acciones legales. Está en todo su derecho. Serán los jueces quienes determinen las responsabilidades que correspondan. Pero existe otro juicio que ya comenzó y ese lo está haciendo la historia.
Porque los gobiernos no son recordados únicamente por las reformas que impulsaron o por los discursos que pronunciaron. También son recordados por la forma como trataron a quienes alguna vez caminaron a su lado.
Esa no es la imagen de un gobierno fuerte. Es la fotografía de un poder que, al sentirse derrotado, dejó de gobernar para empezar a perseguir.
Y quizá esa sea la verdadera herencia política que Gustavo Petro les deja a los colombianos: la demostración de que, cuando el poder pierde los argumentos, siempre intenta destruir al mensajero.