El anuncio del Gobierno entrante sobre nuevas unidades urbanas es una respuesta correcta a un problema en clara degradación (véanse indicadores de Ponal, Medicina Legal, MDN, Dane). A continuación, cinco consideraciones para su análisis.
Primero. Muchos métodos y estrategias tuvieron sentido táctico y técnico, pero ya no son suficientes. El crimen organizado urbano ya no es el mismo de hace una década. Aunque muchos delitos conservan su nombre, sus capacidades, herramientas y efectos son radicalmente distintos. Las organizaciones criminales son hoy más flexibles, diversificadas y sofisticadas (Global Organized Crime Index). Por ello, muchas soluciones exitosas del pasado pueden resultar insuficientes frente a las amenazas actuales. Desconfiar de expertos con soluciones mágicas que funcionaron hace dos décadas, pero que hoy podrían ser francamente ineficaces.
Segundo. Del bolillo y los CAI a la seguridad inteligente. Hay varias estrategias que han tenido resultados combinados, tales como las de vigilancia por cuadrantes, control de puntos críticos de seguridad, intensificación de la inteligencia policial, la videovigilancia y la inteligencia de datos, entre otras; y que urge complementarlas con otras que actúen con base en microdata, macrodata y sistemas predictivos del crimen. Ya la perspicacia del investigador y las huellas de sabueso no son suficientes para los complejos métodos del crimen organizado. La actualidad demanda análisis de crimen barrio a barrio, estrategias no por ciudades, sino por localidades (Suba es más poblada que Cartagena), unidades diferenciales por delito, móviles, descentralizadas y con exclusividad urbana. La tecnología y los sistemas de información permiten anticipar zonas y momentos de mayor riesgo criminal, aumentando la capacidad preventiva de las autoridades (véase la teoría del near repeat crime).
Tercero. El crimen organizado urbano más allá de los raponeros. Las grandes urbes son diversas y complejas, por lo que su vigilancia también lo es. Por supuesto que la gente se ve agobiada por el ‘raponazo’, el ‘cosquilleo’; sin embargo, una cosa es un adolescente robando con un cuchillo y otra son las redes transnacionales organizadas. El primero demanda estrategias puntuales (vigilancia, disuasión, política social y rehabilitación); las segundas demandan inteligencia, especialidades combinadas, coordinación interinstitucional e internacional y robustos cuerpos de acción urbana-rural, como expresión de una política estructural y no coyuntural. La amenaza ya no proviene únicamente del delincuente oportunista, sino de organizaciones capaces de controlar mercados, imponer normas y ejercer formas de gobernanza criminal. Confundir delincuencia oportunista con crimen organizado es como utilizar la misma medicina para enfermedades distintas.
Cuarto. Disuasión, disuasión y disuasión. Este clásico postulado en seguridad parte del principio de que la masa debe creer que, si no sigue las reglas, habrá consecuencias, lo que previene la comisión de delitos (véase la teoría del utilitarismo de Bentham). Este principio debe ser intensificado con sentido psicológico, social y general, lo que demanda estrategias de comunicación efectivas, modernas y masivas; es necesario mantener activa la conciencia de que los crímenes serán investigados y penalizados.
Esto demanda una estrategia escolar y mayor presencia preventiva en zonas de alto riesgo. Al final, la seguridad es un área que se desarrolla con la fuerza, pero es, en esencia, un acto social y humano, principal falencia del enfoque actual, que con frecuencia ignora que la inseguridad es el fracaso de múltiples factores (morales, económicos, educativos, culturales) y la expresión de una crisis social. Un grupo de acción urbana que se concentra solo en el bolillo y no en la intervención interinstitucional es igual que un oso atrapando un enjambre de abejas.
Quinto. No civiles, no privados, no tercerización. Estas nuevas unidades especializadas urbanas deben estar estrictamente subordinadas al MDN; no pueden ser de grupos privados, ya que, además de ser legalmente inconvenientes, así como históricamente/políticamente cuestionables, operativamente traen más retos que soluciones. La singularidad, la complejidad de la violencia y las conflictividades en Colombia requieren un entrenamiento especializado, experiencia y mucha formación técnica y jurídica. El afán de resultados y la carencia de pie de fuerza no pueden llevar al falso espejismo de la tercerización. Interesantes las propuestas de llamar a miembros de la Reserva Activa, en completa e indudable sujeción de los protocolos y doctrinas de la Fuerza Pública. La experiencia internacional muestra que la delegación de funciones coercitivas a actores privados tiende a generar problemas de coordinación, rendición de cuentas y control del uso legítimo de la fuerza (Geneva Centre for Security Sector Governance).