Las empresas también deben marchar

Petro siempre se había respaldado en la movilización popular como mecanismo para ejercer presión en la política colombiana, antes de llegar a la cúspide del poder nacional. Sin embargo, ahora como gobernante, está perdiendo paulatinamente esa capacidad, viendo reducida su legitimidad política entre diversos grupos de protesta social que antes lo apoyaban.

El presidente, en su soledad de X, seguramente está pensando cómo recuperar ese activo tan importante sin el cual no podrá sacar adelante sus reformas y, principalmente, su eventual reelección. El sector privado podría ser una ficha muy relevante en ese ajedrez porque Petro necesita engordar un enemigo para vigorizar la protesta ciudadana.

El asunto no es del todo nuevo porque Petro en campaña mostró su apetito por las empresas como carnada para atraer a la ciudadanía inconforme. Recordemos que invitó a no tomar bebidas gaseosas importadas y a no comprar cosas en las cadenas de tiendas de superficie, hoy perseguidas -por cierto- por la Dian. Ya como presidente, invitó, por ejemplo, a marchar contra el Grupo Aval.

Por eso es dable imaginar que, en esta nueva etapa del Gobierno nacional, en la que el activismo puro y duro se está tomando los ministerios, las superintendencias y las agencias estatales, con activistas de clara orientación antiempresarial, Petro podría con mayor facilidad movilizar su aparato gubernamental hacia la consolidación de un estereotipo que catapulte al sector privado como el culpable de los males de la nación. Y desde allí, asegurar una reactivación masiva de la voluntad ciudadana por apoyar las causas petristas.

No les queda otro camino a las empresas que reflexionar sobre el papel que deben desempeñar ahora que el país está entrando en modo protesta social, porque tanto el Gobierno como la oposición se medirán sus fuerzas para ganarse el apoyo ciudadano de aquí en adelante. Las empresas deberían dejar de mirar las manifestaciones desde la ventana para sumarse a aquellas que se realicen en el marco de la legalidad.

Los empresarios tienen mucho por defender mediante la protesta social. En primer lugar, el sector privado es fundamental para proteger la democracia. Las empresas no pueden permanecer indiferentes ante el deterioro del sistema democrático, por cuenta de la invasión del Ejecutivo sobre otros poderes públicos, y por cuenta del sometimiento de las instituciones democráticas a los caprichos del Gobierno nacional. Que las empresas participen en las marchas de la oposición es una forma de reafirmar el compromiso con la democracia, y de decirles a las instituciones que no están solas.

La defensa de los derechos empresariales se vuelve un segundo factor fundamental en el marco de la protesta social. El derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa son pilares indispensables para el desarrollo económico. Ante las posibles amenazas a estos derechos, planteadas por las políticas del Gobierno nacional, las empresas tienen la responsabilidad de alzar su voz en defensa de los principios que sustentan su funcionamiento y contribución al desarrollo económico y social del país.

De igual forma, la seguridad jurídica y física son fundamentales para el desarrollo empresarial en Colombia. La primera asegura un marco legal estable que protege los derechos de propiedad y los contratos, mientras que la segunda garantiza un entorno seguro para operar sin temor a la violencia o el vandalismo. Estas condiciones son cruciales para atraer inversiones y fomentar un clima de negocios favorable, lo que promueve la competitividad. Por tanto, las empresas deben educar a la ciudadanía para exigir al Estado políticas efectivas que garanticen la seguridad en ambos aspectos, colaborando en la promoción de un entorno propicio para la actividad económica y protegiendo los intereses de la sociedad en general.

Otro espacio que tienen las empresas en las marchas ciudadanas es el relacionado con las reformas que impulsa de forma obstinada el Gobierno nacional. La gente no es consciente de que el verdadero problema de las reformas radica en las afectaciones a la productividad y equidad de las personas naturales, más que de las empresas. Por ejemplo, la reforma laboral perjudicaría los procesos de formalización en el mercado laboral, lo que repercute en la equidad. La reforma pensional, por su parte, plantea desafíos de sostenibilidad a largo plazo, y afecta principalmente a las futuras generaciones, por lo que los estudiantes -por mencionar un grupo ciudadano- tienen un potencial importante como aliados del sector privado que se opone a la reforma.

Por otro lado, en un contexto en que se vislumbra la posibilidad de reelección del gobierno, las empresas pueden tener un papel crucial en la educación democrática de la ciudadanía para la defensa de nuestro sistema democrática electoral.

Pero no se trata de que las empresas llamen a sus empleados a protestar, como lo hace el Gobierno con los funcionarios públicos, sino de trabajar con los medios de comunicación para que informen a la ciudadanía sobre los riesgos del deterioro del tejido empresarial para el desarrollo de la nación; se trata de desarrollar procesos de formación democrática, sin preferencia partidista, para que empleados y proveedores de las empresas valoren y defiendan nuestra democracia; acompañar a las instituciones del poder judicial y legislativo para que sean más conscientes del impacto de sus decisiones en el desarrollo económico, y trabajar con la academia para que no sea presa fácil del Gobierno en su vocación activista antiempresarial.

Pero la mayoría de las empresas están llenas de miedo. Es tiempo de vencerlo si queremos que la ciudadanía defienda la inversión privada.