Indagatoria a Álvaro Uribe Vélez abre caja de Pandora

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, de citar a indagatoria al senador Álvaro Uribe Vélez, expresidente y jefe natural del Centro Democrática, actual partido de gobierno, por los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal, antecedida por la decisión de archivar la investigación al senador Iván Cepeda por hechos similares, denunciados por el primero, tiene profundas incidencia en los ámbitos jurídico, político y económico.

En el ámbito jurídico, la decisión contrasta con la del senador Cepeda, quien sí fue innumerables veces a la cárcel a entrevistarse con testigos a ofrecer protección y garantías, bajo el supuesto de defensor de derechos humanos. ¿Ofrece la Corte Suprema de Justicia garantías de imparcialidad al senador Uribe quien durante su gobierno tuvo diferencias con la corporación, enfrentamientos con algunos de sus magistrados, y censuras por juzgamientos a allegados, mientras que la corte compulsó copias a la Comisión de Acusaciones para que investigara a Uribe por interceptaciones ilegales a la misma? Es cierto, no existen los impedimentos institucionales, pero no se pueden desconocer los choques entre el gobierno Uribe y la corte, que se han mantenido en el tiempo y han generado solidaridad de cuerpo en ambos extremos.

¿La renuncia de Uribe a su curul de senador implicaría la pérdida del fuero y la pérdida de competencia por parte de la corte? El mismo senador y otros consideramos que no; sin embargo, algunos piensan lo contrario, pues los hechos no tendrían relación con las funciones y la Fiscalía tendría que adelantar la investigación. La corte deberá decidir sobre el asunto. Ahora bien, una reciente reforma constitucional estableció la doble instancia para los aforados, de manera que una sala adelanta la instrucción, otra conoce en primera instancia y la Sala Penal resuelve en segunda. Pues bien, por alguna peculiar interpretación, sin que se haya conformado la sala de instrucción, algunos de los magistrados de la Sala Penal se constituyeron en esta, desconociendo las garantías del Debido Proceso. Probablemente, la solicitud que anunció el senador de pedir medidas provisionales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se fundamente, entre otras, en esta situación.

En el ámbito político, la decisión tiene mayores repercusiones. Por un lado, afecta al entrante gobierno, sus relaciones con el Congreso y con la Corte. Llama la atención que la decisión se anuncie instalado el Congreso y antes de la posesión del Presidente. De otro lado, da argumentos a quienes consideran que se está judicializando la política y politizando la justicia, por lo que se justificaría una profunda reforma, de contera también refuerza la posición de los opositores que ven en la reforma una retaliación por sus investigaciones. El ambiente no podría ser peor. Ahora bien, hay quienes pretenden que el asunto se lleve a la Jurisdicción Especial de Paz, con lo cual se legitimaría plenamente esa justicia, pues juzgaría en similares condiciones a los miembros del secretariado de las Farc y al expresidente que los enfrentó debilitándolos seriamente. Los hechos son posteriores a 16 de febrero de 2018, por lo que no serían de conocimiento de la JEP.

En cuanto al conflicto, es cierto que el grupo guerrillero depuso las armas, pero también es cierto que considera que las condiciones que dieron origen a la insurgencia siguen vigentes, en esto coinciden otros sectores políticos, y mantienen un estado de pugnacidad en distintos campos, de manera que pretenden trasladar el conflicto al ámbito jurídico y social mediante demandas, manifestaciones, protestas, paros y huelgas. La nueva lucha se librará en los estrados judiciales, entre los formadores de opinión, en redes sociales, plazas y vías públicas. La investigación penal al expresidente Uribe sería una de esas batallas.

Por último, las anteriores consideraciones generan nuevas incertidumbres que afectan la confianza de los inversionistas e inciden en el buen desempeño de la economía.

En síntesis, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llamar a indagatoria al senador Álvaro Uribe, equivale a abrir la caja de Pandora, porque supera los efectos puramente jurídicos, repercute fuertemente en el ámbito político contribuyendo a la polarización, pone en juego la credibilidad de la justicia, incrementa la conflictividad e impacta la débil recuperación económica.

*Abogado Constitucionalista