Laura Sarabia pasó de ser, al inicio de este Gobierno, la fiel escudera del presidente Gustavo Petro a ser señalada en los últimos días por el mismo presidente de engañar al exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, y entregar hojas de vida de interventores de las EPS, que luego hicieron negocio con la salud.
Sarabia era la mujer más poderosa del Palacio de Nariño. Como jefa de gabinete, decidía quién podía llegar a Gustavo Petro. Organizaba su agenda, justificaba sus ausencias injustificables, decidía con quién hablaba Petro y con quién no. Incluso en algunos momentos se afirmó que era ella quien realmente manejaba al país. Luego fue directora del Dapre y, en este ascenso de poder, fue sacando del círculo cercano al presidente a Armando Benedetti, lo que llevó a la ira del entonces embajador de la FAO. Todos fuimos testigos a través de unos audios filtrados. “Prepárense, porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza… Si ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes”, escuchamos al enardecido Benedetti.
Efectivamente, sin que el país sepa cómo, Benedetti reclamó su lugar y regresó a hablarle al oído al presidente como ministro del Interior, mientras Laura Sarabia pasó a la Cancillería y luego fue exiliada en la Embajada de Londres. Ahora el presidente la acusa de estar detrás del desfalco de la salud.
Desde que inició este Gobierno, la Superintendencia de Salud ordenó intervenir las EPS, argumentando que no eran viables financieramente. Fue así como pasaron a manos de la administración del Gobierno la Nueva EPS, Famisanar, Coosalud, Savia Salud, Emssanar, Asmet Salud, Servicio Occidental de Salud (SOS), Capresoca y Cajacopi. Sanitas también fue intervenida, pero una decisión de la Corte Constitucional obligó al Gobierno a devolver la administración a sus legítimos dueños.
Con estas intervenciones, de los 52,4 millones de afiliados, 34 millones quedaron en manos del Gobierno. Pero lejos de que esta intervención haya mejorado la salud financiera de las EPS, todo empeoró. Las EPS siguen con déficit, iliquidez y altos pasivos con clínicas y hospitales; las quejas se han incrementado cerca del 30 por ciento, y cada vez hay más problemas en atención médica y entrega de medicamentos.
Mientras la salud se deteriora y se hace realidad ese chuchuchú que anunció Petro, ahora el mismo presidente denuncia que la intervención ordenada por su Gobierno se convirtió en un negocio fraudulento y acusa a Sarabia de tener parte en ello.
Estas denuncias de corrupción las había hecho La W Radio hace exactamente un año. En enero de 2025, ese medio aseguró que un conglomerado de IPS vinculadas entre sí estaba recibiendo pagos extraordinarios de EPS intervenidas, mientras los hospitales públicos seguían sin recibir los recursos que les adeudaban.
La investigación señaló que el dinero que recibían esas IPS tenía como destino final una empresa llamada Venum Investments 2020 SL, domiciliada en España. Una auditoría confirmó las irregularidades. El entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, denunció ante la Fiscalía los hallazgos y los puso en conocimiento del presidente Petro. Pero lejos de que el presidente lo apoyara, Leal fue separado de su cargo.
La auditoría a las EPS intervenidas determinó que parte de los recursos de la salud habían sido desviados a paraísos fiscales y que detrás de estas irregularidades estaría Mario Andrés Urán. Según los hallazgos, habría irregularidades en el manejo de las EPS Emssanar, SOS, Asmet Salud y Coopsalud, donde era asesor Urán. Se encontraron concentraciones de pagos en IPS sin justificación, pago a terceros injustificados, favorecimientos de laboratorios específicos y un largo etcétera.
En este esquema de corrupción también fueron mencionados John Mauricio Marín, exdirector de la Fiduprevisora; Daniela Andrade, vicepresidenta de la Fiduprevisora, y Jaime Ramírez Cobo, exasesor de Laura Sarabia.
Todos ellos formaron parte del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y todos ellos tenían una relación aún más íntima con Laura Sarabia. Jaime Ramírez Cobo es el padrino de matrimonio de Laura Sarabia con Andrés Parra, de quien luego se divorció. Andrés Sarabia, hermano de Laura, también es amigo personal de Jaime Ramírez Cobo y de su pareja Daniela Andrade, a quien luego el Gobierno premió con la Notaría 36 de Bogotá. La cercanía de todos ellos se hizo pública cuando se conoció que Andrés Sarabia viajó en un avión privado al concierto de Karol G en Medellín, en diciembre de 2023, junto a Jaime Ramírez Cobo y Andrés Calle, hoy preso por haber recibido 1.000 millones de pesos a cambio de apoyos a la agenda legislativa del Gobierno, en el marco del escándalo de la UNGRD. Este avión fue pagado por David Cure, heredero de un emporio de clínicas e IPS en la Costa Caribe. En ese entonces, circuló una denuncia anónima en la que se detallaba que tanto Ramírez Cobo como Andrés Sarabia estarían manejando una red ilegal de contratación pública, tráfico de influencias y sobornos a congresistas. ¿Se referían entonces a los contratos de la salud, además de lo que ya se conoce de la UNGRD?
Laura Sarabia asegura que no es cierto lo que dicen el presidente Petro ni el exsuperintendente Leal. Además, pidió a las autoridades grabaciones de cámaras de seguridad y una certificación jurada de la declaración del presidente, para esclarecer cualquier señalamiento. Mientras estalla este nuevo escándalo de corrupción en el Gobierno del “cambio”, cada día se cierran más centros de atención por la ausencia de giros a las EPS y miles de personas mueren por la falta de atención y medicamentos, mientras el ministro de Salud solo repite que son las EPS las que se roban los recursos. ¿No será más bien que se los han estado robando desde el mismo Gobierno?
A propósito, ¿dónde está la Fiscalía, que desde hace más de un año tiene conocimiento de todo y no actúa?