La pelea contra la Ley Estatutaria y el futuro de la salud

A finales de mayo, y en plena contienda electoral, la Corte Constitucional declaró exequible la Ley Estatutaria en Salud. Contrario a lo que se esperaba, la noticia no alegró a todo el mundo, sino que generó oposición entre dos grupos ubicados en polos ideológicos opuestos.

En un extremo encontramos un sector preocupado principalmente por la sostenibilidad fiscal del sistema de salud. Según este grupo la clave para resolver los problemas del sistema es aclarar los contenidos del Plan Obligatorio de Salud (POS) y limitar la tutela, la cual puso la chequera del sistema en manos de médicos y jueces. La Ley Estatutaria no hace ninguna de esas dos cosas y es criticable porque ejerce una presión desmedida sobre el gasto público. Tal es el argumento, por ejemplo, del Centro de Estudios Económicos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) y de su director, Sergio Clavijo. Este economista ortodoxo ha expresado en repetidas ocasiones que la Ley no cumplió su cometido y que se necesitará una “señora reforma tributaria” para pagarla.

En el extremo opuesto al grupo representado por Clavijo están quienes consideran que para resolver la actual crisis debemos volcarnos hacia un sistema público de salud que no excluya ningún tipo de tratamiento médico. Dichos sectores, críticos de la primacía del ánimo de lucro en el sector salud y de la intermediación financiera de las EPS, se han declarado opuestos a la Ley estatutaria ya que ésta, en su concepto, restringe el derecho a la salud, limita veladamente la tutela e irrespeta la autonomía médica. 

En este grupo encontramos a la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud y a analistas como Mario Hernández. Según Hernández y los voceros de la Mesa la Ley Estatutaria “no es como la pintan” ya que, al poner límites a los tratamientos médicos garantizados por el sistema de salud, hace primar criterios de sostenibilidad financiera  sobre consideraciones de derechos. 

Pese a defender posiciones en principio irreconciliables, estos dos grupos comparten una miopía autoinducida que los hace ver claramente su propio árbol, pero que les desdibuja el bosque en el que se encuentran. 

Para Hernández la Ley es insatisfactoria ya que consagra un sistema de salud que fija límites para los tratamientos, tecnologías médicas y drogas que el Estado pagaría con recursos públicos. A este analista vale la pena recordarle que  ningún sistema público y universal de salud—ni el inglés, ni el noruego, ni el francés, para poner tres ejemplos obvios—garantiza todos los procedimientos y tecnologías a su población. Así mismo, no está de más señalar que al defender un sistema público sin exclusiones de ningún tipo, críticos de izquierda como Hernández podrían estár compartiendo cobijas con quien debería ser su peor enemigo: el capitalismo corporativo global.

En efecto,  estos analistas prefieren ignorar que las grandes empresas farmacéuticas y de productos médicos buscan insistentemente que los sistemas de salud—aún los de países de ingreso bajo y medio—introduzcan en sus planes de beneficios nuevas tecnologías con beneficios terapeuticos marginales y costos exorbitantes. En pocas palabras, los mayores beneficiarios de un sistema de salud que no fije límites a las tecnologías médicas cubiertas no serían los pacientes más vulnerables, sino las grandes transnacionales del norte. 

Por su parte, a críticos de derecha como Clavijo vale la pena invitarlos a que divisen el extenso bosque del derecho a la salud. Aunque la viabilidad financiera es un principio importante, tanto la Corte Constitucional como la Ley estatutaria coinciden en que el derecho a la salud, y no la estabilidad macroeconómica, constituye la piedra angular del sistema. Mientras que para economistas como Clavijo la tutela y el derecho a la salud son ornamentos costosos de los que vale la pena desprendernos, para millones de colombianos la posibilidad de interponer una tutela ante un juez para exigir tratamientos médicos es un derecho fundamental al que no están dispuestos a renunciar para satisfacer un modelo económico. 

Desde el gobierno, la academia y la sociedad civil nos corresponde imaginar formas creativas para balancear el garantismo con la sostenibilidad financiera. Pero ante todo necesitamos sobreponernos a un debate ideologizado y darle paso a concesiones pragmáticas –como la Ley Estatutaria— que nos permitan tener un sistema de salud basado en derechos y que, además, cuente con recursos para garantizar de forma equitativa lo justo y necesario para todos.