Lo que se esconde en el acuerdo con las Farc

El gobierno Santos y las Farc anunciaron un acuerdo “histórico” sobre el primer tema de la agenda de negociación, con el título “Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral”. Las siguientes 10 observaciones señalan lo que no se ha querido contar respecto al verdadero alcance de lo supuestamente acordado:

El “Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones”  deja varias cuestiones sobre la mesa:

1. El gobierno Santos acepta que la causa del llamado conflicto es la realidad rural y agraria de Colombia, desconociendo que el empleo de la violencia por parte de las Farc es resultado, desde su fundación hasta ahora, de una decisión voluntaria y consciente de emplear la combinación de todas las formas de lucha para tomarse el poder, según aparece en diversos documentos y declaraciones de los integrantes de esa organización. Santos avala el mito justificador del terrorismo que inventó las Farc para ganar legitimidad.

2. El documento reconoce a las Farc como voceros de sus víctimas. Otorga al grupo un tratamiento de representante de los millones de colombianos que mayoritariamente los rechazan en las zonas rurales, entre otras cosas, por ser victimarios.

3. Varios aspectos consensuados entre el gobierno y las Farc relacionados con un “Fondo de Tierras de distribución gratuita” afectan severamente la seguridad jurídica. Una cosa es la restitución de tierras a las víctimas, derecho que debe ser reconocido y defendido por el Estado y otra, muy diferente, acosar la propiedad adquirida conforme a las normas de derecho. El gobierno Santos confunde la propiedad conseguida por despojo con la de aquellos propietarios respetuosos de la ley. Asimila la propiedad adquirida por el narcotráfico con la lograda con décadas de esfuerzo y trabajo. La desconcentración y distribución equitativa de la tierra no puede hacerse persiguiendo a los propietarios legítimos.

4. Extensos baldíos del Estado se adjudicarán a los cabecillas y las bases de las Farc. Tales territorios han sido objeto de colonización armada durante décadas por la guerrilla, a lo cual se sumaron olas de colonos que llegaron para dedicarse a actividades relacionadas con el cultivo y procesamiento de coca. Uno de los precios de la paz que ofrece Santos será premiar con tierra, no a campesinos despojados y víctimas, sino a muchos individuos que se han dedicado activamente al crimen.

5. Se van a reducir las zonas de reserva forestal para dar tierra a las familias farianas y cocaleras. El mismo objetivo se esconde tras la aparente inocencia del programa de “formalización de la propiedad rural”. Mientras a las Farc les dan tierra, el acuerdo deja a los legítimos propietarios bajo la amenaza de que les extingan su derecho.

6. Las Farc buscan que los territorios que se extraigan de zonas de reserva forestal y las tierras baldías que se entreguen en su órbita de influencia territorial se constituyan en Zonas de Reserva Campesina, cuya administración esté en cabeza de las organizaciones por ellos promovidas y controladas. Se trata de “legalizar” lo que ellos consideran es su territorio.

7. La extinción administrativa de dominio para tierras sin explotar y la expropiación acabarán con la inversión privada. ¿Quién va a invertir y a hacer empresa en el campo cuando el gobierno y las Farc acuerdan medidas de ese tipo? ¿Qué pasará con la actividad vinculada a la minería y el petróleo que se desarrolla en esas zonas?

8. Disimuladamente el informe admite que se concedió a las Farc administrar justicia: “Se acordó ampliar y fortalecer los mecanismos alternativos de conciliación y resolución de conflictos, incluyendo los tradicionales, propios de las comunidades rurales”. Esto no es otra cosa que la posibilidad de impartir justicia en territorios en los que las Farc han organizado las comunidades y hoy de facto cumplen esa función. Es importante comprender que en dichas zonas, ante la ausencia del Estado y consecuencia de que se trata de asentamientos humanos instaurados por la colonización armada y cocalera, la guerrilla controla las comunidades mediante diferentes mecanismos, entre ellos las juntas de acción comunal. Quien recorra Puerto Cachicamo o Piñuña Negro y hable con sus habitantes sabe de qué hablo. Esas organizaciones están articuladas a las Farc y son instrumentos claves en la “lucha de masas”.

9. El documento habla de economía “campesina, familiar y comunitaria”. Hasta dónde este concepto propugna por crear territorios en los que se de paso a propiedad comunitaria o colectiva, como lo pidió las Farc en una de sus propuestas. No hay que olvidar que estas figuras todas operarían en el marco de las Zonas de Reserva Campesina que las Farc quieren que sean regidas por las organizaciones que fundaron y dominan.

10. El tema central, las “salvedades” que mencionó las Farc, de acuerdo al informe, aún no está resuelto completamente. Al parecer tiene que ver con las Zonas de Reserva Campesina, su número, extensión, ubicación, competencias, régimen que las regulará y relación con las entidades territoriales y las ramas del poder público. Para el Secretariado es la nuez del “Acuerdo”, pues de esto depende la forma en que proyectan articular poder, territorio, riquezas naturales y población. Es indispensable dentro del marco de su Plan Estratégico, al cual no han renunciado. Mucho más, si se tiene en cuenta que las Farc no firmarán ningún “Acuerdo” a menos que les sea útil para la toma del poder, así sea mediante las urnas o combinando urnas con fusiles.

 

Lea también "Farc y la guerra de la tierra".

 

Twitter: @RafaGuarin