Los 6.342 presos que Petro dejará libres en Bogotá

Si a cualquier habitante de Bogotá se le preguntara su opinión sobre la posibilidad de liberar a 6.342 presos de las cárceles de la ciudad, es natural que manifieste su más contundente rechazo de inmediato.

Tan solo el año pasado se batió récord en robo de celulares en la capital, con más de 65.000 equipos hurtados. Los pocos responsables de este delito que han caído bajo el brazo de la justicia son precisamente esos delincuentes que quedarían libres de aprobarse el Proyecto de Ley de Modernización y Humanización al Sistema Penitenciario.

Parece una formulación increíble esa de desocupar las cárceles en un país cada vez más azotado por la inseguridad, pero cuando uno oye al ministro de Justicia asegurando cosas como: “No tiene sentido tener cárceles simplemente para causar dolor”, o la celebérrima “Hemos exagerado la privación de libertad”, uno entiende muchas cosas.

El gobierno de Petro, en lo que respecta a su gabinete, parece un espacio donde cada ministro lleva lo más lejos posible su radicalismo. Lo vemos en casos como el de la ministra Corcho, absolutamente impávida a cualquier crítica constructiva que no derive en aniquilar las EPS; o también con el ministro Iván Velásquez, obcecado en su propio discurso de llamarle “retención” al secuestro de los soldados y policías bajo su infortunado mando. Pero en cuanto al ministro Osuna, un respetado catedrático del Derecho, más que a un radicalismo, asistimos a la subestimación de toda la población: los colombianos somos bárbaros cavernícolas por apelar a la lógica del delincuente en la cárcel; y él, su ministerio, su círculo académico y similares, desde luego que son la civilización ilustrada que ve con claridad la desidia de las cárceles nacionales, donde ningún ser humano, por grave que sea su delito, debe caer.

Para personas como el ministro Osuna, la cárcel no garantiza Justicia, sino que reproduce el drama de una sociedad que se ataca a sí misma. En ese sentido, lo idóneo sería liberar a los presos e insertarlos en la sociedad de tal manera que puedan trabajar de forma honesta, sin que purguen penas privativas de la libertad por sus crímenes: la resocialización por encima de lo punitivo. Conmovedor, pero esa concepción de la Justicia no resiste la prueba de pasarla por Luis Alfredo Garavito ni cualquier otro abusador de niños.

Precisamente el Proyecto de Ley de Modernización y Humanización al Sistema Penitenciario no contempla cobijar a responsables de delitos sexuales. Es casi una obviedad que no lo haga, pues la reinserción de personas como Garavito es imposible.

Quienes sí podrán salir en libertad son los presos responsables de más de 30 delitos, entre los que se encuentran violencia contra servidor público, hurto calificado, extorsión simple, lesiones culposas, rebelión o violencia contra servidor público: el ladrón de celulares, el manifestante que agrede a un policía, el integrante de las milicias urbanas del ELN, el extorsionista de comerciantes, esos son los grandes beneficiados de esta reforma.

Según datos del Inpec, en las cárceles de Bogotá reposan 3.944 presos por el delito de hurto y 400 por el de extorsión. Son en total 4.344 delincuentes, los más preocupantes dentro de ese universo de 6.342 beneficiados, quienes volverán a nuestras calles para sembrar, cuando menos, una gran zozobra en la población.

Para el ministro Osuna, las cárceles son espacios inhumanos. Estamos de acuerdo en eso. La solución debe ser la construcción de más y mejores cárceles, que consigan una resocialización real; liberar a los presos sin resocialización y sin purga de pena, en cambio, es convertir a toda la sociedad, todos nuestros barrios, todos nuestros parques y todas nuestras calles en ese mismo espacio inhumano.