Los decretos que no se leen

Frecuentemente, decretos que pasan por la rutinaria revisión de algún burócrata son firmados por un ministro y por el presidente de la República sin ser leídos por los firmantes.

Hace un siglo se inició el complejo proceso de la obligada renuncia de Marco Fidel Suárez como presidente de Colombia. Fueron varias las razones que la motivaron, pero una de ellas se remonta a un decreto que firmó y no leyó.

Se debatía en los congresos de los Estados Unidos y de Colombia la aprobación del tratado Urrutia-Thomson de 1914, en el que se normalizaban las relaciones después de la separación de Panamá y se reconocían a nuestro país 25 millones de dólares, una cifra fabulosa en ese entonces, como indemnización.

El 3 de febrero de 1919 el diario El Espectador publicó un mapa en el que se mostraba la localización de los potenciales yacimientos de petróleo en Colombia, que era un misterio como el de la Santísima Trinidad. La conclusión fue que geólogos de las compañías petroleras norteamericanas habían recorrido el país y recomendado a sus patrones la compra de las tierras que ofrecían posibilidades petrolíferas, hasta el punto de que el 90 % de ellas eran de propiedad de empresas norteamericanas. La noticia escandalizó al país.

El gobierno se movió rápidamente y por iniciativa del ministro de Obras Públicas Carmelo Arango, a quien estaba asignado el tema petrolero, se expidió el decreto 1255 bis del 20 de junio de 1919, firmado por el presidente y el ministro. Dispuso que para practicar exploraciones petroleras en terrenos que fueran o no de propiedad de la nación se requería obtener previamente un permiso del gobierno.

No obstante, se armó un escándalo mayúsculo. En el congreso de Estados Unidos los opositores al tratado, que eran muchos, señalaron que el gobierno colombiano había nacionalizado depósitos de petróleo que se encontraban en predios que pertenecían a empresas norteamericanas y que, por lo tanto, se debía cancelar de inmediato la consideración del tratado.

Suárez quedó conmocionado e inició gestiones para hundir el decreto que había firmado. Impartió instrucciones al cónsul en New York de expresar que el decreto no afectaba derechos adquiridos, que estaba suspendido, que sería revocado y que se expediría una legislación más favorable a los intereses extranjeros. Además, le expresó que había sufrido mucho por la forma como lo habían descalificado en Washington por la expedición del decreto.

Pero la acción fue más allá. En noviembre de 1919 un amigo del gobierno demandó el decreto 1255 bis ante la Corte Suprema de Justicia. El tribunal en su fallo afirmó que era inconstitucional porque no se podía negar a los particulares derechos sobre el petróleo que se encuentre en sus propiedades y que los asuntos relativos a petróleos debían ser decididos por el Congreso y no por el ejecutivo.

La consideración del tratado siguió su marcha en Washington, pero en Colombia Suárez luego debió renunciar para que la coalición opositora lo aprobara.

Naturalmente que don Carmelo Arango, autor del decreto, salió muy rápidamente. Fue el padre del líder liberal Carlos Arango Vélez, candidato presidencial y suegro del expresidente Andrés Pastrana.

Hay otras modalidades. Por ejemplo, al presidente Guillermo León Valencia en los últimos días de su mandato se le arremolinaban amigos y especialmente señoras, en los actos sociales a los que con frecuencia asistía, para pedirle que los nombrara en un cargo en el exterior. Firmó muchos decretos. Una de las primeras acciones de su sucesor, Carlos Lleras Restrepo, fue derogarlos.

La práctica de los nombramientos de amigos en el exterior al final de los mandatos sigue vigente. A veces pasan desapercibidos porque muchos esperan las prebendas del nuevo gobierno.

(*) Decano de la facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.