MENTIRAS VERDADERAS

PINOCHO, EN SUS MEJORES EPOCAS, cuando era muñeco de madera y le crecía la nariz, dijo tantas mentiras juntas como los candidatos al Congreso sobre las fuentes de financiación de sus campañas. Los que más gastaron se aproximaron sospechosamente al límite de los 100 millones impuesto por la ley. Este límite fue sobrepasado por un solo candidato, Luis Guillermo Nieto Roa, por una razón muy sencilla: fue uno de los pocos que dijo la verdad.
A casi todos los demás, adicionalmente a la muy colombiana predisposición a decir mentiras. les impidió decir la verdad el hecho de que sí gastaron más de 100 millones, por una razón muy sencilla: porque las campañas en Colombia cuestan más de 100 millones, así la ley esté empeñada en desconocer esta realidad.
Pero no debería ser así. Hemos olvidado el debate sobre la financiación de las campañas políticas, y eso hace que nuestra democracia sea tan malita, tan de papel, tan maleable. Del examen de las cuentas presentadas por los congresistas surge la existencia de graves fallas del sistema, como el cada vez más evidente proceso de concentración de la financiación política en manos de unas pocas personas (léase grupos económicos), que preocupa a muchos ante la evidencia de que ningún congresista, por santo o estoico que sea. puede voltearle la cara a sus financiadores a la hora en la que estos necesiten una manita en el Congreso.
Comúnmente, para defender este tipo de financiación, se argumenta que para la democracia es mejor recibir plata de Santo Domingo que recursos de la mafia. La verdad es que ni lo uno ni lo otro, porque de ambas maneras se coarta la independencia del futuro legislador. Pero tampoco podemos caer en la paradoja de que el que escapa de las manos de la mafia y acude a la decente salida de caer en las de Santo Domingo es necesariamente un congresista malo, porque estaríamos equiparando ambas fuentes de financiamiento sin otorgarles a los políticos una salida que les permita sufragar de manera satisfactoria los costos de la democracia.
Actualmente el Estado reconoce 400 pesos por voto. lo cual es totalmente insuficiente. Para comprenderlo miremos el caso del senador Fuad Char. quien obtuvo la mayor votación para Congreso en el país. Si le creemos al senador, el costo de su campaña ascendió a 94 millones de pesos, de los cuales el Estado sólo le devolvió 59 millones. En total, la campaña para el actual Congreso -cifra en libros, por lo que se debe entender que costó mucho más- asciende a 19.598 millones de pesos. de los cuales el Estado no devolvió sino 6.000. Lo demás tiene que salir de algún lado, y con frecuencia este lado son los grupos económicos, para no decirnos mentiras.
Pero elevar la financiación estatal no es la única salida: si se incrementa de 400 a 800 pesos la compensación por voto, el congresista, ni corto ni perezoso, agarra sus 8000 y vuelve donde Santo Domingo. Habría más bien que pensar en reducir esta orgía de gastos, buscando que las campañas políticas en Colombia tengan realmente un límite de tiempo. De los cuatro años que duran actualmente -porque esa es la verdad: en Colombia no dejamos de hacer campaña nunca- deberían reducirse a un mes, e imponerse además un límite a la publicidad en vallas y pasacalles y al uso de cuñas pagadas en los medios masivos de comunicación: el acceso de los candidatos a ellos debería ser totalmente sufragado por el Estado, con base en normas etrictas sobre periodicidad y extensión.
Actualmente el régimen de financiación estatal de las campañas en Colombia, admitiendo que el hecho de que exista es ya de por sí un adelanto, no cumple mucho ni lo uno ni lo otro: ni alcanza la plata que reconoce, ni impide que los aspirantes al Congreso gasten absurdas sumas de dinero para obtener una curul que impone serios interrogantes sobre la verdad de nuestra democracia. Y tampoco les impide decir mentiras, ni tampoco garantiza que los cogerán en las mentiras. Por eso un candidato dice haber obtenido recursos de la venta de unas vacas a 70.000 pesos unidad -las vacas más baratas del mundo-. Otro dice que la plata se le fue contratando 300 camperos -será para trastear votantes, o tiene un millón de amigos-; y un solo candidato declara sin sonrojarse que gastó 7 millones en pasabocas en una sola tarde.
El Consejo Electoral. organismo que realiza estos controles, sólo logró que 187 de los 251 candidatos al Senado entregaran sus informes, mientras que entre los candidatos a la Cámara, sólo lo hicieron 342 de 640. En total, el Consejo tenía que revisar 20.000 libros de contabilidad en el plazo de un mes. para lo cual sólo contó con 12 funcionarios. Un esquema perfecto para lograr que las mentiras que se digan sobre la financiación de las campañas políticas en Colombia resulten verdaderas. -