¿Gobiernan los gremios?

Para abordar con buen criterio esa cuestión, es preciso establecer si esas personas han sido convocadas por el presidente Duque por las calidades personales que les atribuye, o si, por el contrario, su presencia en el gabinete proviene de una representación de los empresarios. Si esta hipótesis fuere correcta, nuestro modelo constitucional sería corporativo: delegados de los sectores sociales tendrían asiento en un parlamento que, de ordinario, sería bicameral. Una de sus cámaras tendría origen popular, mientras que la otra acogería a las “corporaciones”.

Los inicios de esta escuela de pensamiento se encuentran en la encíclica Rerum Novarum, promulgada en 1891 por el Papa León XIII. Preocupado el Pontífice por el carácter confrontacional y las acciones intrépidas de los partidos socialistas y comunistas, (los despelotes que armaban, para que me entiendan) quiso promover condiciones que beneficiaran la armonía social, de modo tal que “los derechos y deberes de los patronos se conjuguen armónicamente con los derechos y deberes de los obreros”. (El Centro Democrático, al que caracteriza un fuerte componente cristiano, tiene claras afinidades con esta línea ideológica).

Los partidos fascistas y nazis que llegaron al poder en Italia y Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron simpatía por esta visión del Estado que, por cierto, les facilitaba el control de las fuerzas sociales y su movilización en pos de unos ideales políticos respecto de los cuales el disenso no era tolerado. No llegaron, sin embargo, a plasmar su ideario corporativista en sus cartas fundamentales.  

Tampoco en Colombia esas propuestas se han llevado al plano jurídico. No obstante, cabe recordar que ese era el objetivo que animaba a la asamblea constituyente convocada por el gobierno de Laureano Gómez. En el proyecto de Constitución que se divulgó en 1953, poco antes del golpe militar de Rojas Pinilla, se proponía que “integren el Senado (…) voceros de determinados intereses sociales, económicos, culturales y profesionales, que son fuerzas vivas de la República, ausentes del Congreso en la actualidad. Tal, por ejemplo, las diversas academias profesionales, las universidades, los sindicatos de trabajadores, las cooperativas, los periodistas, los industriales, agricultores, ganaderos, comerciantes, banqueros, transportadores, etc.”.

La izquierda radical criolla no es ajena a estas veleidades corporativistas. En el acuerdo del Teatro Colón abundan las referencias a las “comunidades”. En el programa presidencial de Petro se sigue una tendencia similar; es recurrente -y respetable- el énfasis en grupos étnicos, campesinos y personas de diversa orientación sexual. Pero ni en uno y otro caso se apela a los ciudadanos que somos el núcleo de la democracia liberal…

Si el Estado colombiano no es una institución corporativa, las glosas a la presencia de funcionarios de origen gremial en el Gobierno debe tener otros fundamentos. Podría argumentarse que gracias a este sesgo en la condición de los nuevos usuarios de los vehículos oficiales hemos caído en un régimen plutocrático; en el Gobierno de los ricos. Este petardo tampoco da en el blanco. Los empresarios a veces son prósperos, como pueden serlo los integrantes de cualquier otro estamento social: médicos, deportistas, artistas, entre otros. Cuando lo son, se vuelven famosos, lo que sucede de cuando en vez. La mayoría se gana la vida con esfuerzo, y no pocos fracasan en sus aventuras empresariales.

Hay, sí, una dimensión en la que los empresarios son singulares: son ellos, y nadie más, quienes, exponiendo sus capitales, que pueden ser magros, toman el riesgo de organizar los factores de producción -máquinas, trabajo, tecnología- para realizar un objetivo loable: producir riqueza, para ellos -en el remanente o utilidad- pero primordialmente para la sociedad por la vía del pago de salarios, impuestos y remuneraciones a los inversionistas. Sin empresarios no hay riqueza, y sin ella las acciones redistributivas no pueden tener éxito, pequeño detalle que a veces se olvida.

Ya exasperada por la evolución de este debate, que no le favorece, mi inteligente y bella contradictora, luego de fulminarme con una gélida mirada, me dice que le parece el colmo que “ustedes, los lobbystas” accedan al Gobierno ya que no representan, ni pueden representar, el interés común.  Aunque el interés común constituye una categoría evanescente y dinámica, diré que comparto su punto de vista…solo que añadiendo que sindicatos y gremios, por expresa disposición de la Constitución, no son lobbystas como consecuencia de que gestionan los intereses de sus afiliados, no los de terceros. Actúan, pues, como integrantes de la sociedad civil, ejerciendo, conjuntamente con los agentes de muchos otros estamentos, el derecho de participación, al que deben acudir para promover los intereses legítimos de sus agremiados, aquellos que son compatibles con las conveniencias sociales.

Las agendas gremiales versan sobre los mismos temas que configuran las propias del Estado, aunque es frecuente que existan diferencias de criterio. Así las cosas, es normal que los gremialistas de mayor jerarquía se tornen en funcionarios y a la inversa. Los presidentes Carlos Lleras, Belisario Betancur y Ernesto Samper dirigieron gremios; Hernando Agudelo y Eduardo Wiesner, dos ilustres ministros de hacienda, fueron llamados a desempeñar ese alto cargo siendo dirigentes gremiales.

“Y a todas estas, ¿qué pasó con la chica?” Desapareció sin dejar huella. Quizás era mero producto de la imaginación.

Briznas poéticas. Se me fue mi primera juventud leyendo a Pedro Salinas. Ahora, en la segunda, lo reencuentro: “¡Sí me llamaras, sí / si me llamaras / Lo dejaría todo / todo lo tiraría: / los precios, los catálogos / el azul del océano en los mapas / los días y sus noches / los telegramas viejos / y un amor./ Tú, que no eres mi amor, / ¡si me llamaras!”