Con su música a otra parte

Algunos dirán que la ingenuidad del actual Gobierno no admite parangón; otros dirán que su compromiso con la paz es generoso, infinito e irrestricto como cabe esperar: quien lo preside ha sido galardonado, con abundancia de méritos, con el Premio Nobel de Paz. Otros, en fin, creemos que la violencia en Colombia no es consecuencia de unas atroces condiciones sociales que obligan al pueblo a alzarse en armas; si así fuere, muchos países de la región, cuyos indicadores sociales también han progresado a ritmos parecidos a los que aquí se registran, igualmente padecerían los problemas de violencia que nos aquejan.

Por el contrario, la causa eficiente del problema sería la crónica debilidad del Estado, que todavía no logra controlar con eficacia el territorio, circunstancia que, a su vez, permite la proliferación de negocios ilegales. Las bandas criminales que los explotan son, precisamente, quienes tienen a muchas regiones ahogadas en sangre. Si esta afirmación es correcta, el orden de causalidad es inverso al que tradicionalmente se ha postulado: hay guerrilleros y otras bandas delincuenciales porque hay cocaína, minería ilegal, contrabando de combustibles, tala ilegal de maderas exóticas, regalías en poder de autoridades locales débiles o venales, etc. Y no al revés.

Ya veremos qué postura asume el próximo gobierno. Más como los resultados electorales, como ocurre en las democracias, son inciertos, debemos suponer que se mantendrá, por ahora, la política de paz en curso y que, en consecuencia, hay que persistir, contra viento y marea, en la negociación con los Elenos. El problema es que aquél es huracanado, y ésta tempestuosa.

Se lee en el comunicado liberado por las partes hace pocos días que “El trabajo de este Quinto ciclo seguirá concentrado en acordar un nuevo cese al fuego y el diseño de la participación de la sociedad, que impulsen el desarrollo de la Agenda y la posibilidad de llegar a un Acuerdo Marco”. Vayamos punto por punto.

Es evidente que a pesar de que las conversaciones se iniciaron hace más de un año, no ha sido posible establecer ni siquiera un “acuerdo marco” que defina el ámbito de las negociaciones. Es como si hubiéramos pactado vender desde tiempo atrás el producto de nuestra empresa a un determinado cliente pero no hayamos podido acordar el precio; en realidad, pensar que hay negocio es una vana ilusión.  El Gobierno, lamento decirlo, no sigue sus propios precedentes, ni siquiera cuando ellos han sido exitosos. Solo cuando luego de dilatadas negociaciones secretas con las Farc se logró suscribir un documento para alinderar las negociaciones, se procedió a instalar la mesa de La Habana.

Volvamos al comunicado. Se pretende suscribir “un nuevo cese al fuego”, a pesar de que el primero -como lo admitió el propio Gobierno-  fue un fracaso y haya servido para facilitar la expansión del ELN. Lo dijo hace poco el Defensor del Pueblo, para quien la grave situación humanitaria en que se encuentran los líderes sociales se explica, “en primer término, por la expansión del ELN, que ha derivado en enfrentamientos con la Fuerza Pública, y otros actores armados”. En esta fase de su estrategia, el Gobierno ignoró también las opciones que implementó con éxito: el cese al fuego bilateral con las Farc se estipuló cuando era inminente un acuerdo integral con esa guerrilla. Por eso duró poco. En el Acuerdo del Teatro Colón se declaró que el conflicto había terminado; que en vez de tregua tendríamos paz.

De otro lado, cabe una hipótesis preocupante: que, de facto, estemos en tregua. Su verosimilitud proviene de que el ELN no ha vuelto a realizar ataques terroristas en las ciudades, a pesar de haber demostrado, a comienzos de año, que tiene las capacidades necesarias; tampoco sabemos de acciones ofensivas importantes de la Fuerza Pública contra sus estructuras. Si esta conjetura fuere acertada, tendremos tranquilidad durante los comicios, pero al nuevo gobierno le puede esperar una escalada de violencia.

Una cuestión final. Mientras la guerrilla que dirigió Timochenko reconocía la legitimidad del Estado para adelantar las negociaciones, el ELN piensa distinto. El Estado, no importa que su investidura provenga de elecciones democráticas, tiene que validar con antelación a un eventual acuerdo sus credenciales ante la “sociedad civil”. (A quienes pactaron esta monstruosidad, en castigo habría que recluirlos con Santrich en la cárcel o, alternativamente, en un monasterio; mínimo durante un mes).  

El problema que ese ejercicio plantea es mayúsculo: la sociedad civil es el conjunto de las organizaciones que, en ejercicio de nuestro derecho a participar, constituimos para influir, habitual o esporádicamente, en los asuntos públicos. Entre ellas cabe mencionar: partidos y movimientos políticos, sindicatos, gremios, asociaciones de padres de familia, artistas, grupos religiosos, trabajadores independientes, ambientalistas, defensores de las corridas de toros, taxistas, vendedores ambulantes, grupos étnicos, vegetarianos, madres comunitarias, campesinos, estudiantes, pensionados, columnistas, propietarios de motos, deudores morosos, periodistas… ¿Cómo escucharlos a todos? ¿O a quiénes sí y a quiénes no? ¿Dónde y cuándo reunirlos? Y si no se logra un consenso, ¿cómo se vota y quién organiza esas elecciones?

Tengo motivos para creer que por trivialidades como estás renunció el equipo negociador encabezado por Juan Camilo Restrepo; valdría la pena pedir a sus integrantes que nos cuentan las verdades que han callado. Lo que saben es de interés nacional.

Briznas poéticas. Octavio Paz traduce del japonés: ¿A qué comparo/ la vida en este mundo? / Barca de remos/ que en la mañana blanca/ se va sin dejar traza.