Opinión
Ojo con el Pacífico
Las organizaciones narcotraficantes incluidas en la política de “paz total” continúan operando en departamentos como Nariño y Cauca.
La reciente decisión del presidente Donald Trump de desplegar una gran operación en el Caribe, con el objetivo de bloquear el tráfico de cocaína en la región, representa una ofensiva directa contra las organizaciones narcotraficantes que operan principalmente desde Venezuela. Entre ellas se destacan el denominado Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, ambos señalados de estar bajo el control del régimen de Nicolás Maduro. A esta estructura transnacional se suman los grupos colombianos, especialmente el ELN y las disidencias de las Farc, que actúan en la zona fronteriza y que, bajo el pretexto de la política de “paz total”, han encontrado un ambiente favorable en el actual gobierno del presidente Gustavo Petro.
Lejos de debilitar a estos grupos, dicha política ha servido para fortalecer sus vínculos con las organizaciones venezolanas, consolidándolos como los principales proveedores de cocaína en el mundo. La operación caribeña de Estados Unidos, al restringir las rutas marítimas tradicionales, ha obligado a estas redes criminales a redirigir su logística hacia nuevos corredores de salida. En particular, la cocaína acumulada en regiones como el Catatumbo ahora busca rutas a través del océano Pacífico, utilizando principalmente las costas de Tumaco, en Colombia, y Guayaquil, en Ecuador. Esto ha incrementado la violencia en la frontera colombo-ecuatoriana y en los principales puertos de ambos países.
En este contexto, resulta difícil comprender las recientes decisiones tanto de Maduro como de Petro de reforzar militarmente la frontera binacional. Mientras el primero movilizó más de 15.000 efectivos, Petro anunció inicialmente el traslado de 25.000 soldados, aunque luego su propio ministro de Defensa desmintió tal orden. Según las declaraciones oficiales, la intención sería reducir la influencia de las mafias y los grupos armados en la región. Sin embargo, cabe preguntarse si esta coordinación no es más que un intento de mostrarle al gobierno de Trump una supuesta voluntad conjunta de combatir el narcotráfico, cuando en realidad ambas administraciones han sido señaladas de tener vínculos o tolerancia con estas mismas estructuras.
Todo apunta a que se trata de una maniobra para persuadir a Estados Unidos de levantar la operación en el Caribe. No obstante, es claro que la administración Trump no cederá en su propósito de capturar o forzar la salida de Maduro del poder y, difícilmente, creerá en un compromiso real del Gobierno colombiano mientras siga respaldando, bajo la figura de la “paz total”, a grupos que son reconocidos como organizaciones narcotraficantes y terroristas.
Esta aparente estrategia binacional no es más que una cortina de humo destinada a distraer la atención y minimizar la responsabilidad de ambos gobiernos en la expansión del tráfico de cocaína. Pero todo indica que esta vez no tendrá efecto, y que Colombia deberá replantear su política para no convertirse en cómplice pasivo de estas estructuras, cuyo objetivo último es perpetuarse en el poder con miras al 2026.
Frente al bloqueo que Estados Unidos mantiene en el Caribe, los grupos narcotraficantes han reorientado sus rutas de exportación de cocaína hacia el Pacífico colombiano y las fronteras del sur del país, especialmente a través de Ecuador. Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa deberían priorizar el fortalecimiento de la presencia militar y policial en estas zonas, implementando estrategias de interdicción tanto marítima como terrestre que permitan frenar de manera efectiva el tráfico de drogas.
A estas acciones se debería sumar un programa sólido de cooperación binacional con el Gobierno ecuatoriano, enfocado en la frontera común y en los puertos del Pacífico, mediante operaciones conjuntas que incrementen las posibilidades de interceptar los cargamentos que ahora buscan esta ruta alternativa. La amenaza no es menor: las organizaciones narcotraficantes incluidas en la política de “paz total” continúan operando en departamentos como Nariño y Cauca, donde históricamente han utilizado los puertos de Colombia y del norte de Ecuador como puntos de salida.
En este escenario, resultaría más estratégico que el presidente de Colombia, en lugar de ordenar el traslado de 25.000 efectivos hacia la frontera con Venezuela, destinara dichos recursos al Pacífico colombiano y a la frontera con Ecuador. De esta manera, se cerraría la puerta a las rutas emergentes del narcotráfico y, al mismo tiempo, se podría consolidar un acuerdo inmediato de cooperación entre Colombia, Ecuador y Estados Unidos para impedir que la cocaína, a través del Pacífico, llegue a los carteles mexicanos y posteriormente a los Estados Unidos.
Si el presidente de Colombia decidiera impedir que los grupos al margen de la ley continúen exportando cocaína a través del Pacífico y de la frontera sur, especialmente por Ecuador, sería un paso decisivo y un gesto contundente de la administración Petro que podría facilitar, en este mes de septiembre, la certificación de Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas.
La intervención en el Caribe impulsada por el gobierno de Donald Trump representa una coyuntura histórica que Colombia no puede desaprovechar. Se trata de una oportunidad única para avanzar hacia una política verdaderamente efectiva contra las organizaciones dedicadas a la producción y tráfico de cocaína en el territorio nacional.
La decisión final recae en el presidente Petro: apoyar de manera real esta estrategia liderada por Washington o, en caso contrario, asumir las consecuencias, que serían graves e irreversibles para Colombia y para la estabilidad de su democracia.
