Plan Decenal: alta cirugía a la salud

El inicio de la época de la pospandemia nos ofrece la coyuntura ideal para avanzar en un tema sensible y de vital importancia, frente al cual debemos vencer los miedos que en el pasado nos inhibieron: una reforma integral a la salud.

La hoja de ruta que nos guía hacia la consolidación de una política de Estado en el sector está demarcada por el Plan Decenal de Salud, un instrumento estratégico de construcción colectiva en el que trabajan tanto el Gobierno nacional -con el liderazgo del Ministerio- como las administraciones territoriales, en concurso con los actores más representativos del área y de la propia comunidad.

En el Plan Decenal de Salud, que regirá durante el período 2022-2031, reviste una importancia especial para nuestras regiones. Los cambios estructurales que se producirán a su amparo deben servir para impulsar una reforma que ponga fin a la dependencia que los hospitales públicos, Empresas Sociales del Estado (ESES), padecen frente a las EPS.

Ese nivel de dependencia es sofocante en la medida en que alcanza el 90 % en las ESES de primer nivel y bordea el 80 % en las de segundo nivel. Y se torna cada vez más peligrosa y perniciosa si tenemos en cuenta que de las 22 EPS existentes, 18 están en cuidados intensivos y no parecen en condiciones de salir de allí.

El nuevo modelo de EPS ya no debe ser el de un simple prestador de servicios, sino el de un operador capaz de estructurar un portafolio de ofertas determinadas por el atributo de la calidad. Eso nos serviría, de paso, para eliminar la competencia entre ellas y para rescatar la prevención y la promoción que antes funcionaban y cumplían una misión social de la mano del Estado.

Una condición indispensable en la ruta de la reforma ha de ser el fortalecimiento técnico de las secretarías de salud, de manera que puedan ejercer un verdadero control y erigirse en autoridad sanitaria. No conviene que las secretarías sigan teniendo un simple espectro intersectorial. Por eso deben transformarse en entes suprasectoriales con influencia sobre la educación, el deporte y la infraestructura.

Cada vez que hablamos de reforma gravitan en el ambiente preocupaciones de carácter financiero. Eso indica que es hora de cambiar la Ley 715 de 2001 para despejar el camino hacia una operación más eficiente del Sistema General de Participaciones. Así podremos hablar menos de competencias y mucho más de una oferta que impacte positivamente la cobertura y la calidad en todos los niveles de atención.

La dimensión social de esa política de Estado debe contemplar mejoras sustanciales a la calidad del empleo de trabajadores y profesionales de la salud en hospitales públicos, perfeccionar sus vínculos laborales y garantizar una estabilidad sin condiciones distintas a las de sus propios méritos. Una de las palabras claves aquí es formalización.

El Plan Decenal de Salud compromete también los esfuerzos de los gremios y de las farmacéuticas y nos pone de cara al desafío que ganar soberanía en el ámbito de la salud con la producción de vacunas propias. Debe ser también el gran acopio de lo que el ministro Fernando Ruiz, en un foro sectorial realizado por la Federación Nacional de Departamentos, denominó con acierto “los determinantes sociales de la salud”.

El sistema, en todos los niveles territoriales, cuenta con las credenciales que lo habilitan para gestionar su propia reforma, para practicar la alta cirugía que demandan los males que todavía lo aquejan. Esas credenciales la reconocen personajes de la talla de Gina Tambini, representante para Colombia de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, que se ha declarado gratamente sorprendida por la manera en que gobernadores, alcaldes y secretarios de salud, en sinergia con médicos y personal del sector, han respondido a los desafíos de la pandemia.

Por todo ello, insisto, ha llegado la hora de perderle el miedo a la reforma de la salud y de pensar en grande en su reestructuración.