Políticas fallidas

La Semana Santa que acaba de terminar dejó las primeras evidencias de que las políticas económicas del presidente Gustavo Petro están empezando a afectar el bolsillo de los colombianos. Aunque el Gobierno se empeña en asegurar que el turismo nacional no se vio afectado en esta temporada, hay evidencia suficiente para pensar que las cosas no fueron del todo positivas. 

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Germán Umaña, asegura que, en total, los viajes de los colombianos en esa temporada aumentaron 4 por ciento con respecto al año anterior. Aunque se trataría de un incremento mediocre, hay otras métricas que permiten entender que la situación, en lugar de mejorar, está empeorando. Me explico.

Todo empezó con una guerra en redes sociales de los lugares turísticos del país. Mientras cuentas afines a la oposición mostraban imágenes de playas vacías en San Andrés, Cartagena y Santa Marta, las bodegas que defienden al Gobierno trataban de contrarrestar el mensaje promoviendo la narrativa de que algunos otros destinos estaban a reventar. 

Al ser consultado sobre el tema, Juan Enrique Archbold Dau, secretario de Turismo de la isla, dijo al diario El Tiempo: “La verdad, nos fue bastante mal, hablando con los empresarios y hoteleros, todo el mundo manifiesta que es la peor Semana Santa o de las peores en toda la historia de la isla”. Contundente.

Por su parte, Corpoturismo aseguró que la llegada de turistas a la ciudad de Cartagena disminuyó 7 por ciento esta Semana Santa.

José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco, le dijo a La FM que mientras en 2022 el sector hotelero se encontraba en 58,8 puntos porcentuales de ocupación, este año la cifra rodea el 49,4 por ciento. Terrible.

Aunque es cierto que la crisis de las aerolíneas Ultra y Viva dejaron a miles de pasajeros varados en sus ciudades sin poder desplazarse a la costa atlántica, también es cierto que la reducción de viajeros ha venido notándose desde principios de año, la razón: no hay plata.

Desde el primero de enero, los colombianos empezamos a sentir los primeros efectos de la reforma tributaria y de la inflación. Comenzado 2023, regresaron los impuestos a los tiquetes de avión y hoteles que habían sido retirados durante la pandemia y al mismo tiempo se hicieron efectivos los incrementos impuestos a los salarios de los colombianos. 

Por ejemplo, si usted fue uno de aquellos afortunados que recibió un ajuste por concepto de la inflación, seguramente también se dio cuenta de que el alza de los tributos se comió prácticamente ese beneficio. La reforma se tragó el aumento. Sorry.

El mismo efecto demoledor sobre la capacidad de gasto de los colombianos está teniendo la inflación. Comparado con el año pasado, los alimentos están 20 por ciento más caros y comer en restaurantes, según un estudio hecho por el prestigioso diario económico La República, cuesta por lo menos 18 por ciento más. 

Cuando las familias empiezan a ver que no pueden adquirir lo mismo que el año pasado, empiezan a recortar en cosas no esenciales como viajes y entretenimiento, por lo que no sería extraño que como resultado de que la plata está alcanzando menos que siempre, hubiera llegado la hora de matar las vacaciones.

Entonces viene la pregunta: ¿qué culpa tiene el Gobierno de esta situación? La respuesta es: mucha. Aunque es cierto que la inflación es un fenómeno global, también es cierto que en países como Estados Unidos el crecimiento de los precios se ha venido frenando desde hace ya seis meses. Endilgarle la culpa al contexto internacional es una excusa vieja. 

En lugar de estar buscando disculpas, el Gobierno debería enfocarse en una variable en la que tiene el pleno control y que por desprolijo ha dejado al garete lo que ha generado estragos en el bolsillo de las familias: la incertidumbre. 

Desde que empezó la administración Petro se ha registrado un completo divorcio entre la correlación del precio del dólar y el precio del petróleo. Antes, mayores precios del crudo significaban mayores ingresos petroleros y, por lo tanto, una baja del dólar. Ahora no. Los inversionistas tienen miedo y desconfianza de la administración. Temen a las reformas y, aún más, a las declaraciones destempladas del presidente y algunos de sus funcionarios.

Desorden significa desconfianza, desconfianza significa incertidumbre, incertidumbre significa dólar caro, dólar caro significa inflación, inflación significa menos consumo. Y menos consumo significa pobreza.

Este primer trimestre Colombia está dando señales de estar paralizado. Para bajar la inflación, el banco central se verá forzado a subir tasas de interés, ahogando más a los colombianos. El segundo semestre pinta peor. ¿Será que el Gobierno y sus funcionarios tendrán la humildad de escuchar? El activismo de esta administración nos está empobreciendo y muy rápido.