¿A quién le importa la seguridad ciudadana?

Eso sería como si una persona se encuentra en la calle 17 con carrera 7 y llevase algo más de dos horas sin que se perciba el real sentido de su permanencia en ese lugar. El policía le podría preguntar en qué le puede ayudar u orientar, pero si no encuentra una respuesta aceptable, también podría interrogarlo sobre su residencia. Si esa persona no satisface a esos interrogantes y por el contrario le contesta a la autoridad que vive en “x” lugar, muy lejano al que al momento del encuentro se halla y sin ningún nexo causal de su estadía allí, crea una duda importante para que se adopten las decisiones tendientes a garantizar la seguridad a la comunidad.

Ese modelo les ha dado resultados positivos a las urbes en materia de seguridad, con la implementación del “registro ciudadano” que les permite conocer dónde viven los habitantes y que con el solo hecho de consultar un aparato electrónico en el que con la huella o con la cédula de ciudadanía arroje su origen y demás datos que lo identifican como una persona de bien y sin antecedentes.

Ese registro ciudadano sería el único instrumento válido para identificar la actividad del ciudadano en cualquier parte del país y evitaría que quien delinque en las ciudades se llene de confianza y al cabo de unos días de cometer un hurto, por ejemplo, tome como propicio el lugar donde por lo menos cada semana llega a hacer de las suyas.

El ideal es que los amigos de lo fácil sean desterrados por cuenta de las autoridades mediante un estricto control del registro ciudadano y una vigilancia permanente de la Policía en los sitios de mayor inseguridad. Así, los delincuentes se trasladan a otra ciudad, en la que también las autoridades deben hacer lo mismo para que en réplica de política criminal se vayan viendo acosados y expatriados de por vida.

El instituto del Comando de Atención Inmediata –CAI- que en principio fue móvil, servía en su época para ejercer un control local a donde los ciudadanos podían registrar sus denuncias. Imaginemos cuánto serviría que, en esos comandos móviles, una vez detenido un caco en flagrancia, se pudiera materializar la denuncia, legalizar la captura, imputar la conducta, imponer la medida de aseguramiento, con el rigor del debido proceso y ante fiscal y juez competente de control de garantías, -ambulantes- en un solo día.

Además, esos comandos móviles podrían servir de mecanismo de inteligencia policial reforzada tecnológicamente para evitar que los delincuentes se paseen por la ciudad sin que nadie los controle.

Ahora cuando en ciudades capitales e intermedias cogió fuerza la motocicleta para el desplazamiento de sus ciudadanos, debe implementarse una identificación que permita tener el conocimiento de las autoridades de cada uno de los ocupantes de este medio de transporte masivo y de fácil acceso a las poblaciones más vulnerables.

En los centros comerciales, en las locaciones deportivas, culturales, artísticas, en los centros poblacionales locales, en fin, donde confluya el público debe haber identificadores mediante la huella o el número de identificación para consultar el registro ciudadano.

Una muestra de la ineficiencia del Estado ante la inseguridad galopante en las ciudades que tienen sistemas masivos de transporte, es la forma como los “colados” hacen lo que les viene en gana. Aquí falta mano dura de la autoridad administrativa y de la justicia.

Ahora mismo no podríamos decir que la seguridad ciudadana le importa a una u otra autoridad porque no se ve por ningún lado que se tomen las medidas idóneas para acabar con tan acentuada crisis, por eso, nos remitimos a brindar algunas ideas que se deben implementar en Colombia para garantizar la seguridad ciudadana de todos y una navidad en paz y tranquilidad.

P.D. No nos cansaremos de pedir a gritos la exclusión del asbesto en la vida de los colombianos, porque la muerte por este mineral nos vigila expectante. ¡Solo basta que le demos papaya!

(*) Abogado Constitucionalista.