Presidente, hay que aprender las lecciones del pasado

Sobre el mediodía del jueves, mientras se desarrollaban las marchas convocadas por Fecode y las centrales obreras para exigir que la Corte Suprema eligiera fiscal, un grupo de manifestantes trató de ingresar por la fuerza al Palacio de Justicia, sede de la Corte, en Bogotá. El reducido grupo intentó violentar la valla que impide el ingreso al recinto judicial, lo que generó el rechazo de la mayoría de marchantes. Aunque se detuvo el intento de ingreso a la Corte, los manifestantes bloquearon por horas la salida de la Corte, por lo que los magistrados quedaron atrapados por horas ante el temor de salir y enfrentar las protestas.

Las personas allí apostadas habían llegado atendiendo el llamado de algunos sindicatos de plantarse frente a la Corte Suprema para exigir que la Sala Plena eligiera ese día fiscal general, de la terna conformada por Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo.

La situación se hizo tan crítica que hacia el final de la tarde el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, se dirigió al país en un video, rodeado de los demás magistrados, rechazando los hechos y manifestando que la afectación a su derecho a la locomoción ponía en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la sede judicial. “La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la Justicia”, dijo el presidente de la Corte.

Al llamado de rechazo frente a lo que sucedía se sumaron las demás altas cortes y las instituciones del país.

Pero lejos de reconocer que la situación se había salido de manos y que la Justicia había sido sometida a una presión innecesaria, el presidente Gustavo Petro y algunos miembros de su Gobierno intentaron minimizar lo ocurrido. Incluso, llegaron a afirmar, como lo hizo Carlos Ramón González, director del Dapre, que las marchas jamás habían sido convocadas hacia la Corte Suprema, sino que algunos espontáneos habían decidido dirigirse hacia allá, afirmación que falta a la verdad, pues las movilizaciones de Fecode, del sindicato de la Universidad Nacional y del Sena tuvieron desde el inicio a la Corte Suprema como destino.

Pero el presidente Petro, bien lejos de llamar a la calma, al respeto a la majestad de la Corte o al rechazo de la protesta en los términos en que se dio, insistió en que nada pasó, en que todo se trató de la “manipulación de los medios” y solo fue “un grupo de cuatro personas tratando de violentar una puerta durante 10 segundos, que los mismos manifestantes impidieron”. Además, culpó a estos violentos de ser infiltrados de la oposición.

Para el presidente no solo no le cabía ninguna responsabilidad, sino que nada pasó.

¡Pero sí que pasó! Aunque se niegue a reconocerlo, el presidente Petro alentó una movilización masiva que no le salió para nada bien. No solo porque no tuvo nada de masivo su llamado a las calles, sino porque su insistencia en que nada ocurrió lo hizo ver como un presidente desconectado de la realidad nacional, sordo ante la crítica y ensimismado en su propio ego.

Petro ha ido construyendo una imagen de ser un mandatario que siente desprecio por las instituciones. Primero, por la Fiscalía, en manos de un fiscal que poco favor le ha hecho a la institución con su activismo. Luego, por la Procuraduría, de quien no tuvo problema en desacatar sus decisiones. Y ahora con la Justicia, frente a la que no le importó ver a sus magistrados pidiendo respeto.

En esa fallida marcha, se vieron banderas del antiguo M-19 ondeando frente a la sede de la Corte Suprema. Una imagen que de inmediato recordó la toma que esta guerrilla hizo a este mismo recinto 38 años antes, en el episodio más doloroso y sangriento de la historia de la Justicia en Colombia.

Mientras los magistrados permanecían encerrados en su despacho, atrapados ante el miedo de salir, los recuerdos de la toma del Palacio de Justicia por el M-19 volvieron. Era contradictorio ver a los magistrados acorralados por los marchantes en el mismo lugar al que el M-19 entró con la intención de hacerle un juicio político al presidente Belisario Betancur y que terminó con la retoma al Palacio por el Ejército, en la peor carnicería, que significó la muerte miserable de 115 personas, entre ellos 11 magistrados, aunque la cifra exacta de muertos jamás se ha podido establecer.

Por eso, no se entiende el tamaño de la torpeza del presidente Petro. Ha sido demasiado largo y espinoso el camino recorrido por el país desde la toma del Palacio de Justicia. Este hecho precisamente marcó el inicio del entendimiento de la guerrilla del M-19 de que solo por la vía de la institucionalidad podría ser un actor válido de la historia de Colombia. Cinco años después, esta guerrilla entregó las armas y transitó a la vida institucional. Y fue esta vida institucional precisamente la que permitió que uno de sus exguerrilleros sea hoy el presidente de la república, al igual que Carlos Ramón González, hoy director del Dapre, y varios miembros del Gobierno, que llevan las riendas del país gracias a la democracia y a la fortaleza de las instituciones.

Por eso se equivoca el presidente Petro al pretender llamar a las vías de hecho. Mucha sangre le ha costado a Colombia construir instituciones que trasciendan, pero es en la fortaleza de estas instituciones donde está la verdadera grandeza de quienes las han liderado. El resto no son más que nostalgias de un pasado de guerra y turbulencia, al que por momentos pareciera que el presidente Petro añora volver, pero al que el país no está dispuesto ya a regresar.