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Punto para el país y para Duque

Nuestro país es junto con India y Brasil los que en el planeta tienen el mayor número de conflictos ambientales tal como lo deja ver -y sorprende-, el Atlas de justicia ambiental

Álvaro Jiménez M
21 de julio de 2020

Cuando se espera poco, lo que llega es bienvenido y debe celebrarse con entusiasmo.

 Luego de escuchar que desde el gobierno nacional y con ocasión de la instalación de las sesiones del Congreso se ha convocado con mensaje de urgencia a los legisladores para que discutan y aprueben el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú, no queda más celebrar y reconocer.

El Acuerdo de Escazú es uno de los compromisos establecidos con sectores de sociedad civil que participaron en la llamada “Conversación Nacional”, mecanismo surgido luego del paro de noviembre pasado.

Su objetivo es robustecer el control ciudadano para proteger la vida, los intereses ambientales y de permanencia en el territorio para campesinos, indígenas y afro que por las dinámicas de las industrias extractivas se ven y se sienten atropellados en sus derechos económicos sociales y culturales (DESC).

El Acuerdo no formó parte de las reivindicaciones del paro mismo, pero sectores ambientalistas, académicos, y de ONGs, venían trabajando para que el Estado Colombiano se sumara a él.

Su ratificación y posterior reglamentación pueden convertirlo en un mecanismo especialmente útil para la concertación de intereses en tiempos en los que voces de Gobierno y sector empresarial llaman a una dinamización del sector extractivo y profundización de sus desarrollos para paliar la crisis financiera originada por la pandemia.

Hay que advertir que este llamado desde sectores de gobierno y empresas ha puesto en alerta al movimiento social y activistas que propenden por desarrollos responsables, concertados, que protejan no sólo la Amazonia, sino el ambiente en general con apego a los mejores desarrollos sobre el debate de cambio climático.

Un buen ejemplo de ello es que Proantioquia se haya constituido en tercero interviniente en el proceso de licenciamiento ambiental de la Mina Quebradona en el suroeste antioqueñoVer.

Desde ya hay que decir que esta ratificación del acuerdo representará un triunfo para Duque, quien podrá esgrimirlo como símbolo de cumplimiento de sus compromisos y éxito en su estrategia para enfrentar y desmovilizar el paro.

Escazú también es una victoria para la sociedad. Su importancia reside en que en América Latina  y el Caribe es la región más afectada por conflictos ambientales, con el asesinato de cientos de líderes sociales. Nuestro país es junto con India y Brasil los que en el planeta tienen el mayor número de conflictos ambientales tal como lo deja ver -y sorprende-, el Atlas de justicia ambiental Ver: Atlas de justicia ambiental

Escazú es una oportunidad tanto para fortalecer el estado de derecho y proteger la vida del liderazgo ambiental, como para protegernos del cambio climático asunto que no es de poca monta.

Ahora bien, ratificar el Acuerdo será un paso, vendrá  luego la tarea de reglamentación. La ratificación por un número mayor a 11 países hará que entré en vigor, pero el esfuerzo principal será el de conseguir que a nivel territorial se conozca, se utilice y especialmente se adelanten procesos de participación informada y transparente en la interlocución entre gobierno, comunidades y empresas.

Muchos detractores de esta inciativa argumentan que Colombia tiene ya suficientes mecanismos y procedimientos para garantizar la participación de las comunidades, procedimientos como el de la consulta previa dicen, es suficiente para garántizar los derechos de las comunidades y del liderazgo y que el Acuerdo no deja de ser una herramienta más para complejizar y hacer aún más inestable e inseguro el entorno empresarial de industrias extractivas.

Tambien se menciona que el Estado colombiano es especialista en firmar acuerdos internacionales, pero el desarrollo de su cumplimiento no deja de ser una quimera por que el gobierno deja solas a las empresas enfrentando los vacíos de desarrollo institucional en las regiones y a las comunidades que reclaman por ello.

Desde otras orillas, se acusa a los gobiernos de abandonar a las comunidades permitiendo que las empresas persigan a la dirigencia que se opone a los proyectos y aprobando todo aquello que favorece los intereses empresariales en detrimento del ambiente y de los DESC de las comunidades.

A quienes así pensan no les falta razón porque de todo hemos visto pero también es cierto que tener más herramientas para enfrentar estos retos es una ventaja y Escazú, nos brinda la oportunidad de estar mejor dotados desde las comunidades y desde las empresas para reclamar de los gobiernos protección a la vida, eficiencia y rigor en el cumplimiento de sus funciones.

Hemos aprendido con los años que sin demanda social no habrá cumplimiento gubernamental esperemos que la aplicación de las leyes no siga costando sangre.

Escazú es una apuesta por ello.

 

Adenda: La vieja como llamó Duque despectivamente a Aida Avella la Senadora de oposición perseguida hasta hoy, es una mujer íntegra que merece todo el respeto, Iván Duque puede no admirar su valentía y profundas convicciones, está en su derecho, pero debería respétarse a si mismo y a la representación que simboliza.

 

@alvarojimenezmi

ajimillan@gmail.com

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