El procurador general de la nación, Gregorio Eljach, expuso los argumentos que tendría lista la suspensión disciplinaria en contra del general Juan Miguel Huertas y del directivo Wilmar Mejía, de la DNI, por el escándalo que presuntamente los vincula con las disidencias de las Farc, comandadas por alias Calarcá.
En medio del Congreso Nacional Agropecuario en Bogotá, el procurador Eljach explicó: “Siguen en el cargo porque estamos en la parte inicial de la averiguación disciplinaria que se inició. Eso lleva un proceso, tiene unos tiempos, estamos esperando unas respuestas, demostrar la condición de servidores públicos que no se puede presuponer y en la medida en que vayan llegando esa documentación se van ajustando las decisiones”.
El pasado 24 de noviembre, el procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Instrucción, Esiquio Manuel Sánchez, le abrió una indagación previa al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, directivo de inteligencia del DNI, después de que se conocieran los archivos secretos de Calarcá.
Esa información, que vinculó a los funcionarios con una supuesta conexión de esa disidencia, estaba reposada en los computadores y dispositivos tecnológicos que la Fiscalía le incautó a los cabecillas de esa estructura que fueron detenidos durante un retén del Ejército en Antioquia, en julio de año pasado.
“Como son servidores públicos y la conducta ha causado mucha alarma social y política, lo vamos a considerar severamente para la valoración en su momento”, expresó el procurador Eljach ante la posibilidad de suspender disciplinariamente a los dos funcionarios.
La Procuraduría suspendería a Huertas y a Mejía como medida para continuar con la investigación que trata de establecer si incurrieron en algún tipo de falta disciplinaria por los presuntos nexos que habrían tenido con ese grupo armado ilegal.
La Procuraduría le pidió cuentas al Ministerio de Defensa y a la Fiscalía para conocer el avance de las investigaciones administrativas y penales, que se venían adelantando por estos graves hechos que dejarían en evidencia una supuesta filtración de las disidencias de las Farc al Estado colombiano desde el Ejército y la DNI.
Así mismo, el ente de control revisó varias pruebas, como las hojas de vida, los contratos, las funciones y los vínculos que tenían tanto Huertas como Mejía con las Fuerzas Militares y la Dirección Nacional de Inteligencia, antes de tomar la decisión que los estaría dejando por fuera de sus cargos por este grave escándalo.
