¿Qué pasa con la mujer en la política colombiana?

A juzgar por lo que está pasando en la Alcaldía Mayor de Bogotá las mujeres llegaron al poder. Por primera vez en el país una Alcaldía de ciudad capital cuenta con más del 50 por ciento de los cargos de alta dirección ejercidos por mujeres. Y, como lo resaltan las informaciones de prensa, no es sólo un asunto de número sino que un enfoque de género está asociado al plan de desarrollo.

El ejercicio que se desarrolla en Bogotá tiene un importante valor simbólico y responde a muchas de las controversias que se generaron a partir de la aprobación de la Ley de cuotas sancionada por el presidente Pastrana en abril del pasado año.

¿Cómo realizar una gestión eficaz si se obliga a nombrar en los cargos de alta dirección a por lo menos el 30 por ciento de mujeres por el solo hecho de serlo? Suponemos que esa era la pregunta de hombres (y también de varias mujeres) que debían conformar sus gabinetes bajo el mandato establecido por la ley. La realidad muestra que no era necesariamente un acto de magia conseguir mujeres capaces, de altos niveles de formación, con trayectoria de logros para conformar un gabinete de alta calidad. Si las estadísticas muestran que la mayor proporción de egresados de las universidades son mujeres y la brecha se está volviendo cada vez más amplia, hay una rica cantera de dónde escoger.

Por supuesto que Bogotá concentra una mayor proporción de mujeres de alta calificación si el argumento es de meritocracia porque, a propósito, no es el factor decisivo en el momento de conformar gabinetes en los que cuenta más la influencia y el respaldo político. Ahí está en oposición el caso de la Gobernación de Antioquia, donde la participación es marginal, en lo que respecta a las secretarías, en las cuales sólo aparecen dos mujeres entre 11 integrantes de este nivel. Y el problema no es de méritos en una región que se caracteriza por disponer de excelentes universidades y un amplio número de mujeres calificadas.

Se necesita una política que llame, convoque y reconozca las múltiples presencias de las mujeres por su capacidad de aporte a la sociedad. Y si las cifras muestran que no se llega a ese nivel por la convocatoria en franca lid, la ley de cuotas se convierte en el único mecanismo eficaz con efectos a corto plazo que permite reparar esa inequidad.

Que el poder no tiene sexo es otro de los argumentos. Pero las estadísticas demuestran lo contrario. Los altos cargos directivos de la política son ejercidos por hombres, tanto en cargos de elección popular como en los nombramientos. Empecemos por la rama legislativa: la proporción de mujeres en el actual período del Senado (1998-2002) es del 13,9 por ciento y en la Cámara de Representantes del 9,3 por ciento con ausencias tan notorias como que 18 departamentos, entre esos Antioquia, no eligieron ninguna mujer como representante para este centro legislativo.

En la rama judicial se aprecia con mayor intensidad la inequitativa participación de la mujer. En la base las mujeres son mayoría, tales como jueces municipales y de circuito, pero en la cúspide su presencia disminuye a proporciones de ausencia total, como en la Corte Suprema de Justicia. Afortunadamente hace unas semanas en la Corte Constitucional se rompió con ese antecedente al incluir por primera vez a una mujer. En el Consejo de Estado, de 27 miembros dos son mujeres, y en el Consejo Superior de la Judicatura se logra la mayor proporción: de 13 cargos tres son ejercidos por mujeres.

Aunque los cargos de elección no están bajo el alcance de la ley de cuotas sí es interesante observar el comportamiento de las elecciones pasadas para mandatarios locales, en octubre de 2000, frente a las elecciones de 1997. Es conveniente precisar que, por primera vez en la historia del país, en 1998 en la segunda vuelta presidencia el total de votantes femenino en Colombia superó levemente al masculino. A nivel de gobernadores de departamento en el año 1997 no se eligió ninguna mujer, para el 2000 se eligió una. En las alcaldías la participación de las mujeres elegidas ha subido un punto con relación al respectivo período anterior, que hoy es cercana al 8 por ciento. Claro que en esa dinámica de avance tomaría 70 años, o sea 23 convocatorias a elecciones, para lograr al menos el mítico 30 por ciento de participación en este espacio político regional.

En el Poder Ejecutivo han ingresado mujeres en el último año, justo en proporción a los mínimos que determina la ley y, en algunos casos, esgrimiendo argumentos de interpretación, se ha pasado por encima su cumplimiento. Al Consejo de Ministros llegan cuatro mujeres —menos del 30 por ciento—, que se equilibra con una proporción un poco mayor en las superintendencias y departamentos administrativos. Aquí se corre el riesgo de alcanzar ese ‘techo de cristal’ que limita el avance de la participación y que es precisamente uno de los peligros de la adopción de una ley de cuotas.

Por último, es necesario aclarar que la participación equitativa del número de mujeres en los cargos de poder es un mecanismo que mejora la equidad, pero no es suficiente. Al número debe cualificarse la participación para que ésta sea representativa de unos intereses de género por una renovación en la forma de hacer política.

Ante este panorama creo que la pregunta inicial debe cambiarse y formularse como: ¿qué hay en la política que impide el reconocimiento de las presencias y aporte de las mujeres ?



*Investigadora de la Friedrich Ebert Stiftung de Colombia-Fescol

Administradora de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia