¿Quién paga el precio?

En solo una semana dos importantes hospitales de Bogotá comunicaron su decisión de no atender pacientes de la Nueva EPS. La deuda con la clínica Shaio superó los $95,5 mil millones de pesos con un incremento que, tan solo en el último año, creció en 85,4 %. Tampoco se ha hecho púbico el monto de la deuda con el Hospital de San José, pero se ha calificado como una “deuda multimillonaria”, que ha venido aumentando hasta un nivel intolerable para la entidad.

El camino de la suspensión de servicios ya lo habían recorrido dos clínicas en Antioquia, una en Caldas y 38 hospitales públicos. Los afiliados de la Nueva EPS, en Bogotá, apenas llegan al 10 % de su total. Pero es síntoma de lo que está sucediendo en los diferentes departamentos del país donde la Nueva EPS concentra la mayor parte de sus afiliados.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), la deuda de las EPS a las IPS ascendió a $24 billones de pesos, con un incremento de $4 billones en los últimos seis meses, y el 56 % del total de la deuda superaba los 60 días. Desde 2022, la cartera de las EPS creció en 10 billones de pesos reflejando el desfinanciamiento inducido desde el gobierno nacional.

Durante los próximos 11 meses de desgobierno de la salud no podemos esperar cosa diferente al cierre de servicios no rentables en los hospitales, además de las suspensiones de contratos. Según el informe de la Contraloría General de la República, los millones de facturas por procesar y billones de pesos en anticipos no legalizados hacen que la situación sea muy dramática para innumerables hospitales y clínicas del país. Es de esperar que cerremos el gobierno con un crecimiento adicional de la cartera hospitalaria de -por lo menos- 10 billones de pesos adicionales.

¿Quién está pagando el precio de la crisis inducida? Esencialmente los pacientes. Estamos iniciando un camino que ya se es público, con las limitaciones de acceso a servicios y medicamentos en todo el Sistema General de Seguridad Social, y que se refleja en el crecimiento de gasto de bolsillo en salud por parte de las familias colombianas. Los efectos más perversos provienen de la silente crisis de los tratamientos incompletos a que están siendo sometidos millones de pacientes colombianos.

Muestra de lo anterior proviene de un estudio reciente del Instituto Nacional de Cancerología que encontró que la suspensión de tratamiento en niños con cáncer multiplica cuatro veces el riesgo de recaída o muerte. Esas muertes evitables -en cerca de 40 %- se relacionaron directamente con barreras administrativas que es la manera en que se expresa el corte de los contratos con las clínicas y/o la no entrega de medicamentos esenciales para sus tratamientos.

Diversos estudios han demostrado que las personas que suspenden tratamientos por razones económicas tienen un incremento de la mortalidad entre el 15 % y 22 % a lo largo de un año. No obstante, hay efectos que no se observan de inmediato, pero van deteriorado la calidad de vida de las personas, como sucede con los pacientes que están diagnosticadas con diabetes. Ante fallas del tratamiento van acumulando daños renales; en la retina; en el sistema musculoesquelético; así como también en su sistema inmunitario. A esto hay que agregarle todos los efectos sobre la salud mental de pacientes y cuidadores sometidos a largas esperas y negaciones de sus tratamientos como sucede diariamente en todas las ciudades de Colombia.

Vemos pacientes agravados en su salud, urgencias abarrotadas, hospitalizaciones innecesarias que se hubieran evitado si se hubiese contado con el tratamiento a tiempo. Esta es la herencia del gobierno, el panorama de la salud actual, y estos factores incrementan los costos de la atención. Una revisión de 79 estudios internacionales encontró que el costo por paciente sometido a interrupción de tratamiento oscila entre US$5,271 y US$53,341 dólares.

Es poco alentador que tengamos un horizonte de menos de 11 meses para terminar con esta pesadilla. ¿Cuántos pacientes colombianos pagarán con su vida, durante los próximos años, por la destrucción del sistema de salud? El rescate de la salud en Colombia debe ocupar un espacio preponderante de los debates que se presenten para las próximas elecciones, pero lo más importante, es que quien llegue al poder tenga un plan estructurado de cómo responderá a los colombianos.

PD: El tajante rechazo del gobierno al proyecto alternativo de reforma a la salud impulsado por muy importantes senadoras de la Comisión VII del Senado solo es una muestra más de la terquedad y profunda ignorancia del alto gobierno en los temas de la salud. El mejor regalo que los senadores de la comisión pueden dar a los colombianos es el hundimiento de una reforma que es la misma que ya habían hundido en la anterior oportunidad. Esta vez no pueden ser inferiores a millones de pacientes que están sufriendo y a los cuales la reforma no trae ninguna solución de fondo.