Reforma Laboral: A palabras sabias, oídos sordos y muy necios

Esta semana se radicaron tres ponencias distintas para iniciar el debate del proyecto de reforma laboral que cursa en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El del Gobierno, a cargo de la Representante María Fernanda Carrascal; el del Partido de la U, parcialmente disidente y a cargo del Representante Víctor Salcedo; y una ponencia negativa que fue impulsada por el Representante del Centro Democrático, Andrés Forero, que sensatamente pide que se archive.

Esas ponencias estuvieron antecedidas por varias audiencias públicas y por cientos de eventos académicos, gremiales y periodísticos en los que se debatió a fondo la reforma laboral, sus implicaciones y cómo podrían verse afectados los colombianos de a pie con su aprobación.

La inmensa mayoría de expertos, algunos incluso provenientes de sectores sindicales y progresistas, han advertido que la reforma puede ser nefasta para la generación de empleo y para la reducción de la informalidad, además desincentiva drásticamente la inversión nacional y extranjera en proyectos o emprendimientos que demanden grandes volúmenes de mano de obra.

En palabras de muchos técnicos jurídicos, económicos y de planeación, e incluso de la Procuradora General Margarita Cabello, se trata de un “pliego de peticiones” que solo busca favorecer a las bases sindicales más cercanas e ideológicamente alineadas con el actual Gobierno; están legislando para su reducida fanaticada, no para todos los colombianos.

En la mayoría de esos eventos estuvo presente el Ministerio del Trabajo a través de la ministra Ramírez y de los viceministros Edwin Palma e Iván Daniel Jaramillo, es decir, el Gobierno tuvo la oportunidad de escuchar, analizar y entender las razones por las cuales prácticamente todos los sectores sociales rechazan el proyecto que redactaron sin tener en cuenta las muchas reuniones de “concertación previa” que sostuvieron antes de la radicación del proyecto en el Congreso.

Incluso los técnicos del Banco de la República, respaldados por su director general en un juicioso documento, advirtieron sobre los evidentes riesgos económicos y sociales del proyecto formulado por el Gobierno. Según ese informe, en un escenario intermedio, podrían perderse cerca de 480 mil empleos y en un escenario más oscuro esa cifra podría elevarse a 750 mil empleos.

El nuevo ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, en una declaración bastante polémica, refiriéndose al informe del Banco y a los próximos desempleados, indicó que no se trataba de desempleados, sino de nuevos “informales”, porque la gente, ante la aprobación de la reforma, seguirá trabajando, pero fuera del mercado formal de trabajo; esa afirmación transita por los terrenos de lo sarcástico y lo cínico.

Pues bien, hoy es claro que el Gobierno quiere actuar en contra de los números, la evidencia social y la lógica. Cueste lo que cueste, insistirá en conceder el “pliego de peticiones” que le formularon los sindicatos.

Este es un diálogo de un Gobierno que no quiere oír y se hace el sordo. Lo lamentable es que muchos parlamentarios de partidos presuntamente “independientes” se están contagiando de la misma enfermedad: les pueden explicar mil veces que están cometiendo un error de magnitudes insospechadas, pero aun así siguen apoyando mansamente las reformas que el régimen ha diseñado para cumplir sus sueños ideológicos, pero que poco o nada aportan a solucionar los problemas del país.

Si el Gobierno ha optado por no escuchar, quizá sea porque la sociedad civil no ha elevado suficientemente su voz para hacerse oír. Es hora de pasar de los discursos y las disertaciones a la práctica. ¿Cuándo tendremos un plantón nacional que demuestre que no pueden pasar por encima de todo y de todos? Ojalá todos reaccionemos a tiempo, porque destruir es muy fácil, pero recuperar lo que se pierda en esta “cambiolandia” nos costará décadas.